El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este martes un proyecto para habilitar la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica, una reforma constitucional que requerirá 38 de los 57 votos de la Asamblea Legislativa y que podría permitir el regreso de Rodrigo Chaves a la Presidencia en 2030.
La iniciativa plantea que una persona pueda ejercer dos mandatos consecutivos y que, tras un intervalo de cuatro años, tenga la posibilidad de postularse otra vez. El texto modifica el actual régimen costarricense, que permite una reelección no consecutiva, pero exige que un expresidente espere ocho años desde su salida del poder para regresar al cargo.
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Según informó la agencia EFE, el proyecto fue impulsado por el PPSO, el partido que respalda al Gobierno de la presidenta Laura Fernández, quien asumió el mandato para el período 2026-2030 y se presentó como continuadora de la gestión de Chaves.
La bancada oficialista reúne 31 diputados, por lo que necesita sumar al menos siete votos de otras fuerzas para alcanzar la mayoría calificada que exige una reforma de la Constitución Política. El oficialismo no cuenta, en principio, con alianzas parlamentarias que le aseguren ese respaldo.
El diputado José Miguel Villalobos, del PPSO y colaborador de Chaves, desafió a los sectores adversarios a respaldar la propuesta. “Yo le pregunto a la oposición si se van a oponer: ¿Tienen miedo?”, expresó el legislador, de acuerdo con EFE.
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La reforma y su efecto directo sobre Chaves en 2030
La eventual aprobación de la enmienda tendría efectos directos sobre el futuro político de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica entre 2022 y 2026. Chaves ocupa ahora los cargos de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda del Gobierno de Fernández, lo que le permite conservar inmunidad.
Con la normativa vigente, Chaves debería esperar hasta después de 2034 para intentar volver a la Presidencia. La reforma presentada por el oficialismo reduciría ese período de espera y habilitaría su candidatura en los comicios de 2030. Si resultara electo, podría aspirar a un segundo mandato consecutivo.
La oposición basa sus cuestionamientos en declaraciones de Chaves durante la campaña electoral de 2026, cuando pidió a los costarricenses elegir a 38 diputados “patriotas” para impulsar transformaciones institucionales.
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Tras la victoria de Fernández y la obtención de una mayoría simple oficialista en el Congreso, Chaves afirmó que “el pueblo” había recuperado los poderes Ejecutivo y Legislativo, y añadió que solo faltaba el Poder Judicial. Esas expresiones alimentaron las advertencias opositoras sobre un posible intento de concentración de poder.
Los cuestionamientos de la oposición al proyecto
La diputada Abril Gordienko, del opositor Partido Unidad Social Cristiana, consideró improbable que el oficialismo alcance los 38 votos necesarios. “Es como soltar los dados al aire y ver qué cae”, declaró este martes sobre una propuesta que, según señaló, no tiene hoy el apoyo legislativo suficiente. Gordienko comparó el proyecto con procesos de reforma que permitieron o facilitaron reelecciones en otros países latinoamericanos.
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La legisladora sostuvo que el debate tiene “nombre y apellido” y vinculó la iniciativa con la situación judicial de Chaves. “Lo que quieren es mantener la inmunidad que tiene el ministro Chaves”, afirmó, según recogió EFE.
La Fiscalía costarricense acusa al exmandatario en dos causas. Una se relaciona con presuntas estructuras paralelas de financiamiento electoral. La otra investiga un supuesto uso irregular de fondos procedentes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Durante el Congreso anterior, la oposición intentó sin éxito que se levantara la inmunidad presidencial de Chaves por el caso vinculado al BCIE. Tampoco prosperó una petición del Tribunal Supremo de Elecciones para retirarle esa protección por una acusación de beligerancia política, a raíz de una presunta interferencia en la campaña electoral de 2026.
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El proyecto deberá iniciar ahora su trámite legislativo en una Asamblea donde el oficialismo tiene mayoría simple, pero permanece por debajo del umbral requerido para modificar la Constitución.
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