La Policía Profesional de Migración de Costa Rica detuvo en San Rafael de Alajuela a un hombre de apellido Feng y a una mujer de apellido Wu, ambos investigados como sospechosos del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de dos personas menores de edad de nacionalidad venezolana.
Las capturas se realizaron en vía pública y frente a uno de los establecimientos comerciales relacionados con la investigación, según confirmó la Policía de Migración. Ambos sospechosos son de nacionalidad china
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De acuerdo con la investigación policial, las víctimas habrían sido sometidas a jornadas laborales superiores a 12 horas, sin días de descanso, sin tiempos adecuados para alimentarse, sin remuneración económica y sin aseguramiento médico.
Las autoridades sostienen además que los investigados presuntamente ejercían mecanismos de control sobre las víctimas mediante la retención de documentos personales, incluidos sus pasaportes, así como restricciones para abandonar los domicilios y establecimientos comerciales en los que permanecían.
La investigación señala que el caso tendría antecedentes desde 2017, cuando Feng y Wu habrían asumido como adultos responsables o garantes de las dos personas menores venezolanas.
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Según la versión divulgada por Migración, Feng habría trasladado posteriormente a las víctimas hasta un supermercado ubicado en San Rafael de Alajuela, donde les fueron asignadas funciones laborales. El hombre también figura en la investigación como administrador de los establecimientos comerciales donde presuntamente se desarrollaban las actividades.
Investigación por trata de personas
La Policía Profesional de Migración investiga los hechos como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las autoridades no han informado hasta el momento de una condena contra los detenidos, por lo que Feng y Wu permanecen como personas sospechosas dentro de una investigación penal y deberán enfrentar las etapas correspondientes del proceso judicial.
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El caso vuelve a poner la atención sobre una modalidad de trata que no necesariamente implica explotación sexual, sino que también puede desarrollarse mediante condiciones laborales abusivas acompañadas de mecanismos de control, amenazas, aislamiento o restricción de libertad.
El Poder Judicial de Costa Rica define la trata con fines de explotación laboral como un delito de acción pública y recuerda que cualquier persona puede denunciar situaciones sospechosas ante las autoridades.
En este caso, Migración indicó que las condiciones investigadas implicaban una presunta vulneración de derechos fundamentales de las víctimas, debido a factores como las extensas jornadas, ausencia de remuneración, falta de descanso y las restricciones impuestas sobre sus movimientos.
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La Policía de Migración sostuvo que el operativo forma parte de las acciones que desarrolla para combatir el fenómeno de la trata de personas y pidió a la ciudadanía informar sobre cualquier caso en el que exista sospecha de explotación.
Autoridades piden denunciar posibles casos
Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1 o directamente ante la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración.
Las autoridades también han señalado como posibles indicadores de alerta la presencia de personas cuya movilidad está restringida, extranjeros sin control de sus propios documentos, personas permanentemente vigiladas o trasladadas por terceros y trabajadores cuyas condiciones no coinciden con una relación laboral ordinaria.
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El operativo realizado en Alajuela permitió poner bajo investigación a los dos sospechosos mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que las víctimas llegaron al país, el tiempo durante el cual habrían permanecido bajo esas condiciones y el alcance de la presunta explotación.
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