Presuntos nexos con alias “Diablo”: la investigación que intervino despachos judiciales en Costa Rica

La investigación sobre presuntos favorecimientos a personas ligadas a “Diablo” incluyó la captación de conversaciones dentro de oficinas judiciales de Pococí, una medida que derivó en allanamientos, detenciones y la posterior imposición de medidas cautelares contra dos jueces y una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según El Observador, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública autorizó la intervención de “comunicaciones entre presentes” para indagar posibles actuaciones irregulares de funcionarios judiciales y de una oficial del OIJ. La pesquisa también abarcó a Gelen Magaly Arias Monge, hermana de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

La causa examina si existieron acciones que pudieron favorecer a personas relacionadas con la estructura criminal atribuida a “Diablo”, así como un eventual acceso anticipado a información sobre operativos policiales. Las autoridades judiciales ordenaron intervenciones, vigilancias, análisis telefónicos y allanamientos para verificar los señalamientos incluidos en una información confidencial.

La orden inicial para captar conversaciones fue emitida a las 9.00 del 11 de noviembre de 2025. La conexión se hizo efectiva el 17 de enero de 2026 y recibió dos prórrogas, por lo que su vigencia se extendió hasta el 17 de octubre de 2026.

La investigación se originó en un reporte confidencial

El expediente comenzó con la información confidencial CICO 506-2025. De acuerdo con una resolución judicial, una persona afirmó haber escuchado comentarios sobre el caso en el bar La Estación, situado en La Colonia de Guápiles.

Esa persona indicó que una exfuncionaria judicial, que posteriormente ejercía como abogada particular, presuntamente intervenía como enlace entre el juez penal Valverde López y Randall Delgado Mora, conocido como Mr. Músculo.

Delgado Mora había fallecido el 2 de setiembre anterior. La información de origen planteaba que los contactos buscaban favorecer a personas vinculadas con la organización de “Diablo”.

El reporte también mencionaba la posibilidad de que integrantes de esa estructura recibieran advertencias previas sobre diligencias policiales. Según ese señalamiento, tal situación podía permitir que personas de mayor jerarquía evitaran afectaciones y que pruebas relacionadas con investigaciones fueran comprometidas.

A partir de ese contenido, el OIJ inició actuaciones bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Las diligencias incluyeron vigilancias, seguimientos, revisión de grabaciones de seguridad, consultas a sistemas institucionales y análisis de registros telefónicos.

La captación de audio y video se concentró en dos oficinas

La solicitud para intervenir comunicaciones presenciales se enfocó en el juez Valverde y en la oficial de investigación de apellido Rojas, adscrita a la Delegación Regional del OIJ de Guápiles.

La resolución posterior que habilitó los allanamientos confirmó que las autoridades utilizaron dispositivos de audio y video. En el caso de la oficina de Rojas, el documento señaló que las conductas investigadas fueron registradas mediante equipos colocados dentro del despacho.

La información obtenida durante esa intervención fue incorporada como uno de los elementos de la causa. La resolución judicial sostuvo que las diligencias autorizadas permitieron identificar comportamientos que consideró presuntamente irregulares.

El juzgado también señaló que el material permitió ampliar el objeto inicial de la investigación. A criterio de esa autoridad, existían “indicios fuertes y concordantes” sobre una posible evidencia relacionada con los delitos bajo análisis.

Los funcionarios hablaron sobre una posible vigilancia

Pocos días después de que la intervención comenzara a operar, los investigados conversaron sobre la posibilidad de que fueran vigilados. El 27 de enero de 2026, Valverde y el juez de apellido Ramírez hablaron en la oficina del primero sobre un vehículo que creían que los seguía.

Durante esa conversación, Valverde comentó que había salido a buscar el automóvil. También expresó que pretendía determinar si pertenecía al Poder Judicial.

Al día siguiente, Ramírez volvió a plantear su preocupación. “Yo ando paranoico mae”, dijo, antes de preguntar: “¿Mae qué, me va a allanar?”.

Con el paso de los meses, las sospechas no se limitaron a vehículos o personas fuera de los Tribunales de Justicia de Pococí. Las conversaciones registradas muestran que los funcionarios también consideraron la posibilidad de que hubiera dispositivos dentro de las oficinas.

En una de esas charlas, Ramírez mencionó que una persona llamada Yorleny le había comentado sobre la presencia de agentes extraños del OIJ en el edificio durante la noche. Luego retomó una inquietud que, según la resolución, ya había manifestado antes: “Mae eso que le dije aquel día de los micrófonos, mae”.

Valverde respondió que debían revisar en qué lugar podrían estar instalados esos equipos. También señaló que podía colocarse una cámara pequeña en un sitio difícil de advertir.

Ramírez dirigió la atención hacia el cielo raso. “Ahí arriba”, expresó, de acuerdo con el documento judicial.

La conversación incluyó la posibilidad de revisar el cielo raso

Los jueces discutieron la posibilidad de inspeccionar físicamente la parte superior de la oficina. Ramírez dijo que tenía deseos de subir después de las 16.30, mientras que Valverde mencionó una escalera que podían solicitar en una bodega.

La conversación apuntaba a que ambos pudieran observar qué había sobre el techo. La resolución señaló que los propios funcionarios reconocieron que realizar una revisión de ese tipo sería “re ilegal”.

Mientras evaluaban si había micrófonos o cámaras, sus conversaciones continuaban bajo la intervención autorizada judicialmente. Ese registro fue considerado dentro de los elementos analizados en el expediente.

El análisis incluyó comunicaciones por aplicaciones de mensajería

La hipótesis de una intervención también surgió en una conversación sobre teléfonos celulares. El 5 de mayo, un hombre de apellido Rizo le manifestó a Valverde que revisara la posibilidad de que su teléfono estuviera intervenido.

“Vea si le intervienen el teléfono y escuchan cosas que nosotros nos hablamos”, le dijo Rizo a Valverde, según la resolución citada por El Observador.

Valverde respondió: “Por WhatsApp no existe todavía la intervención”. Para los investigadores, ese intercambio podía indicar que conocía el alcance de las intervenciones telefónicas tradicionales y que ciertos asuntos podían trasladarse a encuentros presenciales o aplicaciones de mensajería.

El análisis de los registros telefónicos determinó que las llamadas convencionales entre los investigados durante el período examinado eran “casi nulas”. La tesis policial no interpretó ese dato como falta de contacto entre ellos.

Según esa valoración, las comunicaciones podían haberse desplazado hacia plataformas como WhatsApp, Telegram o Signal. Esas aplicaciones utilizan datos y no generan en las operadoras el mismo registro que una llamada telefónica convencional.

La resolución utilizó ese punto para fundamentar la recuperación y el análisis de dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos. El documento advirtió un “altísimo riesgo de destrucción de evidencia” por la posibilidad de borrar conversaciones o activar sistemas de eliminación automática de mensajes.

Los allanamientos alcanzaron oficinas y una vivienda

Con los elementos reunidos, las autoridades autorizaron allanamientos en las oficinas de Valverde, Rojas y Ramírez. La orden también incluyó la vivienda de Gelen Magaly Arias Monge, hermana de “Diablo”.

Además, se dispuso el congelamiento y respaldo de los buzones de correo institucionales de los tres funcionarios. Las autoridades investigan posibles delitos de procuración de impunidad, incumplimiento de deberes, cohecho, peculado de uso, divulgación de secretos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, entre otros.

El juez Valverde, el juez Ramírez, la oficial Rojas y Arias Monge fueron detenidos en el marco de la causa. La investigación continúa en trámite.

En una audiencia realizada el jueves, el Juzgado Penal de Hacienda ordenó la libertad de todas las personas detenidas. A los dos jueces y a la agente del OIJ les impuso medidas cautelares.

Las disposiciones establecen que deberán firmar cada 15 días, no podrán salir del país, tendrán que mantener domicilio fijo y permanecerán suspendidos de sus cargos. También tienen prohibido acercarse a los Tribunales de Pococí y comunicarse con personal de los despachos en los que trabajan.

En el caso de Arias Monge, el juzgado no dictó medidas cautelares.