Alcalde de San José reta a Laura Fernández a reunirse y acusa bloqueos del Gobierno a proyectos municipales

La confrontación entre la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, escaló este jueves luego de que el jerarca municipal respondiera públicamente a los señalamientos de la mandataria y la desafiara a demostrar que su Gobierno no está obstaculizando proyectos impulsados por la Municipalidad capitalina.

Miranda difundió un extenso mensaje en el que rechazó la versión ofrecida un día antes por Fernández, quien aseguró que no se reuniría personalmente con él mientras tenga pendiente resolver la recusación de 17 regidores municipales dentro de un procedimiento disciplinario contra el alcalde.

La presidenta había señalado además que Miranda estaría tratando de construir una narrativa para cuestionar anticipadamente cualquier resolución que pudiera resultar contraria a sus intereses.

El alcalde respondió que sus solicitudes de reunión con la mandataria comenzaron desde el 3 de febrero y aseguró que no fue hasta junio cuando logró ser recibido por el vicepresidente de la República, tras plantear sus preocupaciones sobre las personas en situación de calle en San José.

“Yo he sido respetuoso en mi tono desde el principio. No quise ventilar las conversaciones tenidas con usted porque mi objetivo siempre ha sido mantener una buena relación por el bienestar de los habitantes de nuestra capital”, afirmó.

Miranda cuestionó que Fernández leyera durante su conferencia de prensa fragmentos de conversaciones privadas entre ambos y sostuvo que la exposición de esos mensajes dejó por fuera parte del contexto.

“Resuelva en tiempo y forma”

Uno de los principales puntos de la disputa gira alrededor del procedimiento disciplinario que enfrenta el alcalde y de la participación excepcional que corresponde a la Presidencia de la República.

Fernández había explicado que evita mantener una reunión directa con Miranda porque considera que podría quedar expuesta a una “presión indebida” mientras debe resolver un asunto relacionado con el proceso.

Miranda rechazó ese argumento.

“Si esa es su justificación para no aceptar reunirse con mi persona a hablar de los temas urgentes que tiene la capital, ni busque más excusas y mucho menos convierta esto en una amenaza”, sostuvo.

El alcalde pidió públicamente a Fernández resolver el asunto pendiente y manifestó estar tranquilo con las decisiones tomadas en su gestión.

“Públicamente, yo le solicito que resuelva en tiempo y forma la sanción que usted tiene en su escritorio”, expresó.

Sin embargo, la competencia que corresponde a la mandataria no consiste propiamente en imponer o rechazar una eventual sanción contra Miranda.

Según el artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública, cuando una recusación contra integrantes de un órgano colegiado impide alcanzar el cuórum y no existe un superior jerárquico, corresponde a la Presidencia resolver si las personas cuestionadas deben apartarse.

La Procuraduría General de la República ha señalado que esa intervención es excepcional y no faculta a la Presidencia para pronunciarse sobre el fondo del procedimiento ni sobre la responsabilidad administrativa del alcalde.

Si Fernández rechaza la recusación, el Concejo Municipal de San José podría continuar con el procedimiento. Si la acepta, el órgano tendría que integrarse con suplentes o miembros ad hoc para conocer específicamente el caso.

Miranda ofrece que cualquier reunión sea grabada

El alcalde también cuestionó que Fernández considere que un encuentro entre ambos pueda ejercer presión sobre ella.

“Parece risible, señora presidente, que usted diga que un alcalde puede torcerle el brazo a una presidente, pero se la pongo fácil. Le autorizo a que cualquier reunión que hagamos la pueda grabar”, afirmó.

Miranda fue más allá y aseguró que estaría dispuesto a presentar supuestas pruebas de que integrantes del Gobierno habrían buscado conversar con él sobre el proceso disciplinario.

“¿Qué pensaría usted si algunos de sus ministros y autoridades más prominentes quisieron coordinar conmigo reuniones privadas para ver el tema de esta sanción que usted menciona?”, cuestionó.

El alcalde preguntó además si Fernández estaría dispuesta a “reprobar públicamente y sancionar” a esas autoridades en caso de que él entregara evidencia.

Miranda no identificó en su mensaje cuáles serían los ministros o funcionarios a los que hizo referencia ni presentó públicamente las pruebas que aseguró tener.

Proyectos por miles de millones de colones

Buena parte de la respuesta del alcalde se concentró en una serie de iniciativas municipales que, según él, requieren coordinación con instituciones del Gobierno central.

Miranda mencionó, entre otros asuntos, el uso y remodelación de la Plaza de las Garantías Sociales, donde aseguró que la Municipalidad pretende invertir más de ₡900 millones (USD 1.9 millones)

También destacó un proyecto en Avenida Segunda, para el cual dijo que el gobierno local dispone de más de ₡2,000 millones (USD 4.3 millones) destinados a intervenir esa importante vía de la capital.

A esto agregó solicitudes relacionadas con infraestructura de centros educativos, actividades en La Sabana, proyectos deportivos en Rincón Grande de Pavas y Cristo Rey, así como iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos sólidos y el abastecimiento de agua.

Miranda pidió a Fernández demostrar que esos proyectos no están siendo bloqueados desde instituciones del Ejecutivo.

“Demuestre que no están bloqueando las iniciativas de la Municipalidad de San José”, expresó.

También propuso establecer mesas de trabajo conjuntas para abordar asuntos como residuos, suministro de agua, actividades culturales y la atención de personas en situación de calle.

El origen del procedimiento contra Miranda

El conflicto entre Casa Presidencial y el alcalde ocurre mientras permanece pendiente un expediente originado en un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

Ese documento señaló a Miranda por presuntamente haber utilizado a dos abogados de la Municipalidad de San José para atender una defensa personal dentro de otra investigación.

Según el informe, los funcionarios participaron durante su jornada laboral en una audiencia virtual relacionada con un asunto en el que el alcalde debía comparecer a título personal.

La PEP también presentó una denuncia penal por un presunto peculado de servicios.

Posteriormente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó un sobreseimiento definitivo, al considerar que los hechos investigados no configuraban un delito. Sin embargo, esa solicitud no eliminó el procedimiento administrativo desarrollado en sede municipal.

Miranda recusó inicialmente a los cuatro integrantes del órgano encargado del proceso y posteriormente a 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes, argumentando que algunos habían expresado posiciones previas en su contra o carecían de imparcialidad.

La imposibilidad del Concejo de alcanzar el cuórum requerido provocó que la controversia sobre esas recusaciones terminara en manos del Poder Ejecutivo.

“Los estadistas conversan”

El mensaje del alcalde terminó con un llamado directo a Fernández a cambiar el tono de la relación entre ambos gobiernos.

Miranda incluso la invitó a realizar una visita conjunta por distintos sectores de San José para conocer personalmente los proyectos municipales y las condiciones de las personas que viven en las calles de la capital.

“El tono confrontativo no ayuda a establecer canales de diálogo en un país que necesita de la coordinación, la colaboración y el diálogo desinteresado”, manifestó.

Además, criticó las conferencias de prensa de la mandataria y afirmó que “dinamitar puentes no debe ser la práctica repetida todas las semanas”.

El cierre del mensaje fue todavía más directo.

“Estemos a la altura de las circunstancias. Los estadistas conversan y trabajan sobre las necesidades de la mayoría”, concluyó Miranda.

La disputa mantiene ahora dos discusiones paralelas: por un lado, la decisión jurídica que deberá tomar Fernández sobre la recusación de los regidores y, por otro, la creciente confrontación política entre Casa Presidencial y la Municipalidad de San José por la coordinación de proyectos en la capital.