Laura Fernández presenta su hoja de ruta hasta 2030: Gobierno promete USD 5.5 mil millones en inversión y fija metas en seguridad, pobreza y empleo

El Gobierno de Laura Fernández Delgado presentó oficialmente este martes el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, la hoja de ruta que orientará la gestión de la administración durante los próximos cuatro años y que contempla una inversión superior a los ₡2.5 billones (USD 5.5 mil millones) en proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, hospitalaria, telecomunicaciones y transformación digital.

La presentación estuvo encabezada por la mandataria y por la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Karla Morales Rojas, quien detalló que el documento establece ocho metas nacionales, 49 metas de objetivos sectoriales, 169 intervenciones públicas y 246 metas de intervención pública. Además, incorpora alrededor de 53 proyectos de inversión pública.

El plan fue dedicado a Braulio Carrillo Colina, figura histórica que el Ejecutivo reivindicó por su papel en la construcción de la institucionalidad costarricense. Durante el acto, el Gobierno sostuvo que el país enfrenta un momento en el que debe fortalecer la seguridad, modernizar sus instituciones, reducir las desigualdades entre regiones y garantizar que el desarrollo no se concentre únicamente en el Gran Área Metropolitana.

“El futuro de una nación no se improvisa”, señaló el mensaje introductorio presentado durante la actividad, en el que se insistió en que detrás de cada política pública, inversión y decisión estatal deben estar las necesidades de las personas.

Crecimiento, empleo y reducción de la pobreza entre las metas

Entre las principales metas nacionales incluidas en el PNDIP se encuentran impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto, mejorar la competitividad, reducir la pobreza y el desempleo, disminuir la desigualdad, aumentar la permanencia de estudiantes en la educación diversificada, reducir la tasa de homicidios y disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

Fernández aseguró que su administración aspira a alcanzar para 2030 un crecimiento económico de entre 3.6% y 3.9% del PIB, pero advirtió que la expansión económica debe traducirse en empleo, mejores ingresos y oportunidades para la población.

Uno de los objetivos más ambiciosos anunciados por la mandataria es llevar la pobreza hasta un 14.4%, además de reducir el desempleo abierto hasta 6.2%.

En materia social, el plan plantea beneficiar a más de 45,000 hogares con el bono familiar de vivienda, crear 20,000 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo, alcanzar a 370,000 estudiantes mediante Avancemos y atender a más de 44,000 personas en condición de pobreza mediante subsidios acompañados por programas de empleabilidad y emprendimiento.

También se contempla incorporar a más de 30,000 familias en programas de mejoramiento integral de barrios y atender a más de 175,000 adultos mayores mediante distintas iniciativas sociales.

Fernández aprovechó su intervención para pedir a la Asamblea Legislativa avanzar con un proyecto que pretende destinar parte de los recursos patronales actualmente dirigidos al Banco Popular al financiamiento de nuevas pensiones no contributivas.

Carreteras, tren, hospitales y puertos

La infraestructura aparece como uno de los pilares principales de la estrategia.

Entre las obras mencionadas por el Ejecutivo están la carretera San José-San Ramón, la carretera a San Carlos, proyectos sobre la Ruta 1, construcción y sustitución de puentes, el tren rápido de pasajeros, el proyecto de agua para la Bajura, la modernización de Puerto Caldera y una marina y terminal de cruceros en Limón.

En salud, el Gobierno incluyó entre sus prioridades la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, la puesta en funcionamiento del servicio de hematooncología del Hospital Calderón Guardia y el inicio de las obras del Hospital Tony Facio de Limón.

La educación también ocupa un espacio importante dentro del documento. El Ejecutivo pretende atender infraestructura y conectividad de centros educativos, abrir 10 nuevos colegios científicos, beneficiar a más de 85,000 estudiantes mediante educación técnica y diplomados, graduar a más de 16,000 adultos mediante programas de bachillerato para la empleabilidad y duplicar la cantidad de centros educativos incorporados a la estrategia nacional de STEM.

Asimismo, la meta es que al menos 75% de los estudiantes que finalicen la educación diversificada alcancen un nivel B1 de inglés o superior, además de certificar a más de 33,000 personas en competencias digitales y graduar a más de 28,000 personas en programas de inglés del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Seguridad: bajar los homicidios y poner en marcha el CACO

En medio de la crisis de violencia que atraviesa Costa Rica, el Gobierno incorporó como meta reducir la tasa de homicidios en 1.5 puntos por cada 100,000 habitantes.

Entre los proyectos de seguridad citados están la implementación del programa Cero Ocio para personas privadas de libertad, la puesta en funcionamiento del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACO) y el Centro Nacional de Mando y Control Policial C5.

Fernández dedicó una parte extensa de su discurso a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial y aseguró que la reducción de los homicidios no dependerá únicamente de las acciones del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia.

“No puede haber desarrollo donde el miedo decide a qué hora se sale a trabajar, a estudiar, a recrearnos o a emprender”, afirmó.

La presidenta sostuvo que resulta “imperativo” que el Poder Judicial participe en la revisión y modernización de normas y procesos relacionados con la criminalidad y cuestionó casos de personas vinculadas a estructuras criminales que, según dijo, han sido liberadas anticipadamente.

“Seguimiento feroz” a los ministros

Fernández destacó que el nuevo PNDIP fue terminado durante los primeros 100 días de su administración y antes de la formulación definitiva del presupuesto nacional de 2027, algo que, según explicó, permitirá vincular desde el inicio la planificación gubernamental con los recursos disponibles.

La mandataria fue enfática en advertir a sus ministros y presidentes ejecutivos que las metas no quedarán únicamente plasmadas en el documento.

“Les voy a dar seguimiento feroz a cada meta y a cada acción que hemos comprometido de llevar a cabo”, señaló Fernández durante su intervención.

Además, el Gobierno anunció que el avance del plan tendrá seguimientos semestrales, informes anuales remitidos a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, así como evaluaciones específicas de programas y políticas públicas.

La estrategia mantiene además el enfoque de regionalización impulsado desde la administración anterior, con el objetivo de evitar que la mayor parte de los proyectos públicos se concentren en la GAM.

“Mientras yo sea la presidente de la República, las metas de Costa Rica se van a cumplir con ojos de desarrollo regional”, afirmó Fernández, quien aseguró que las necesidades de las comunidades costeras, fronterizas, rurales e indígenas tendrán que formar parte de los criterios para distribuir la inversión estatal.

Con el documento oficialmente firmado, el Ejecutivo inicia ahora la etapa de ejecución de una hoja de ruta que pretende conectar la promesa política de la campaña de Fernández con metas concretas y medibles hasta 2030, bajo una consigna que la propia mandataria reiteró durante la actividad: convertir la planificación pública en resultados verificables para la población.