Laura Fernández lleva ocho nuevos proyectos al Congreso y pone el foco en Ciudad Gobierno, crédito y obras urgentes

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó este miércoles ocho nuevos proyectos de ley como parte del balance de sus primeros 100 días de gobierno, un paquete que incluye cambios relacionados con infraestructura urgente, Ciudad Gobierno, controles de la Contraloría General de la República, acceso al crédito, seguros agropecuarios, modernización del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el uso de recursos destinados a cerrar la brecha digital.

Fernández aseguró que las nuevas iniciativas se suman a los 12 proyectos de ley en materia de seguridad, lucha contra la impunidad y recuperación de la justicia que su administración ya había enviado al Congreso, así como a una propuesta para eliminar las pensiones de expresidentes.

Durante la presentación, la mandataria vinculó una de las reformas con los daños provocados por las recientes lluvias en Limón y defendió la creación de un mecanismo más expedito para atender infraestructura que represente un peligro inminente.

La presidenta puso como ejemplo instalaciones educativas afectadas por las inundaciones y cuestionó que una obra en riesgo deba enfrentar los mismos procedimientos de contratación que otro proyecto sin una amenaza inmediata.

“Necesitamos, queridos costarricenses, un procedimiento regulado para aquellas obras de infraestructura que representan un riesgo inminente a la seguridad, a la salud, a la vida, que es lo más sagrado que tenemos”, manifestó.

Fernández sostuvo que actualmente existen procedimientos para actuar cuando ya existe una emergencia, pero planteó la necesidad de intervenir antes de que se produzcan daños mayores.

“Yo no quiero esperar a que ese puente se caiga para poder aplicarle un procedimiento, un fast track, y que pueda la gente de Costa Rica vivir mejor”, afirmó.

Ciudad Gobierno vuelve al centro de la discusión

Otro de los proyectos anunciados está dirigido específicamente a permitir el desarrollo de Ciudad Gobierno, una iniciativa que busca concentrar instituciones públicas y reducir el gasto estatal en alquileres.

Fernández aseguró que continuará respaldando una reforma integral a los artículos 66 y 67 de la Ley General de Contratación Pública, pero adelantó que su administración impulsará paralelamente una legislación especial para destrabar Ciudad Gobierno.

“No vamos a esperar más”, aseguró la presidenta.

Según las cifras expuestas por Fernández, el proyecto permitiría generar ahorros conservadores cercanos a los USD 26 millones anuales, dinero que, sostuvo, podría utilizarse en escuelas, puentes, infraestructura sanitaria y otras inversiones públicas.

El proyecto había enfrentado obstáculos luego de intervenciones de la Contraloría General de la República, institución sobre la cual Fernández volvió a plantear cuestionamientos durante su intervención.

Precisamente otra de las iniciativas anunciadas contempla reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a la Ley General de Control Interno.

La mandataria aseguró que la intención no es eliminar la fiscalización de los recursos públicos.

“No vamos a debilitar los controles, pero sí vamos a modernizar y actualizar la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Control Interno”, afirmó.

Fernández argumentó que las normas actuales no responden adecuadamente a los nuevos modelos financieros y mecanismos utilizados para desarrollar infraestructura.

También cuestionó lo que considera una intervención anticipada de la Contraloría en decisiones del Ejecutivo.

“El control está bien, pero el control tiene que ser con un propósito de fiscalización hacendaria. No puede ser que el control, con el paso de los años, haya evolucionado a una cosa que se convirtió en una especie de coadministración previa al ejercicio de los poderes del Estado”, señaló.

Reforma contra el “gota a gota”

Fernández dedicó una parte importante de su exposición a un proyecto que describió como una reforma a la denominada “ley de usura”, al asegurar que las restricciones existentes han dejado a algunas familias fuera del sistema financiero formal.

Para explicar su motivación, recordó un encuentro durante la campaña electoral con un niño en Orotina, quien, según relató, le habló sobre los problemas que generaban en su hogar los préstamos conocidos como “gota a gota”.

Fernández responsabilizó directamente al marco vigente por haber limitado el acceso de parte de la población al crédito formal y vinculó el crecimiento de los préstamos informales con actividades ilícitas.

“Ese horror que ocasionó que centenares de familias buenas no puedan tener acceso al crédito formal (...) se convirtió en el gota a gota y en una amenaza a la seguridad, a la vida. Ahí está filtrado el lavado de dinero, el crimen organizado”, afirmó.

Seguros para agricultores y un INA más virtual

El paquete también incluye un proyecto de seguros agropecuarios, con el que el Ejecutivo pretende ofrecer herramientas a productores afectados por fenómenos climáticos como inundaciones y sequías.

Fernández puso como ejemplo los daños que observó durante su reciente recorrido por Limón, donde señaló pérdidas en actividades ganaderas debido a las lluvias.

También mencionó afectaciones para los pescadores de la costa del Pacífico por variaciones climáticas y condiciones que obligan a buscar especies en aguas más profundas.

Otro proyecto pretende modificar el estatuto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para ampliar las posibilidades de educación virtual y adaptar la institución a las necesidades de personas que trabajan durante el día.

La presidenta utilizó su propia dinámica familiar para explicar la propuesta y defendió que una persona pueda capacitarse desde su casa durante la noche.

“No puede ser que yo no pueda a las diez de la noche, ya en pijamas y pantuflas, abrir mi computadora y conectarme a un aula virtual del INA”, afirmó.

Fernández añadió que “el INA no puede seguir trabajando con horario de oficina del sector público de ocho a tres de la tarde” y sostuvo que la virtualidad debe convertirse en una opción permanente para quienes no pueden asistir presencialmente.

Cambios en el manejo de FONATEL

La mandataria también anunció cambios relacionados con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

Fernández explicó que el fondo se nutre de recursos aportados por operadores de telecomunicaciones y tiene como objetivo financiar proyectos para reducir la brecha digital, llevar Internet a comunidades, centros educativos y zonas con menor conectividad.

Sin embargo, cuestionó que su administración permanezca vinculada a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) cuando, según el planteamiento del Ejecutivo, la ejecución de proyectos de inversión no constituye su función principal.

“Con esto vamos a corregir esa distorsión y vamos a inyectarle eficiencia al uso de los recursos del FONATEL”, manifestó.

Al terminar la presentación, Fernández aseguró que los ocho proyectos estaban firmados y pidió que fueran presentados ese mismo día a la corriente legislativa.