Presidenta de Costa Rica remueve a siete directores policiales de Fuerza Élite tras fallar prueba de polígrafo

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció la remoción inmediata de siete directores policiales de confianza del grupo Fuerza Élite del Ministerio de Seguridad. Según la mandataria, los funcionarios no superaron una prueba de polígrafo aplicada como parte de una estrategia para reforzar los controles internos y combatir la corrupción en cuerpos de seguridad del país.

Fernández sostuvo que la decisión busca fortalecer la transparencia institucional. “Tengo un compromiso firme con la transparencia”, aseguró la jefa de Estado. La presidenta instruyó al ministro de Seguridad a apartarse del grupo de Fuerza Élite y detener los nombramientos de confianza que ocupaban esos siete funcionarios.

Las pruebas de polígrafo, coordinadas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la empresa internacional IPSC, evaluaron a 33 funcionarios en total. De ese grupo, siete no aprobaron el examen. Fernández destacó que tanto los ministros como los directores de la DIS y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) superaron sin inconvenientes el procedimiento.

La mandataria subrayó que los funcionarios removidos ejercían roles directivos y eran sujetos de confianza dentro del Ministerio de Seguridad. La decisión de apartarlos de sus cargos se tomó inmediatamente después de recibir los resultados de las pruebas.

Además, Fernández instruyó el inicio de una investigación preliminar desde su despacho contra cada uno de los involucrados. “A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos”, explicó la presidenta.

La aplicación de estas pruebas se da en el contexto de una creciente presión social para depurar los cuerpos policiales y asegurar la integridad en el manejo de recursos públicos. De acuerdo con Fernández, el proceso se realizó bajo estándares internacionales, a fin de garantizar la objetividad y fiabilidad de los resultados.

“Compatriotas, seré implacable combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica”, afirmó Fernández, enfatizando su determinación de mantener altos estándares éticos en la función pública. La presidenta también aclaró que la investigación preliminar busca determinar la existencia de conductas irregulares o posibles vínculos con actividades ilícitas entre los funcionarios separados.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Unidad Especial de Intervención forman parte de los principales órganos de inteligencia y operaciones especiales del país. Ambas entidades desempeñan un papel estratégico en la lucha contra el crimen organizado y el resguardo de la seguridad nacional.

El Gobierno reiteró que la depuración de cuadros directivos en seguridad continuará como parte de su política de “tolerancia cero” frente a posibles actos de corrupción.

La empresa IPSC, responsable de la aplicación de los polígrafos, cuenta con certificación internacional y experiencia en evaluaciones de integridad para funcionarios públicos. El procedimiento incluyó preguntas específicas sobre vínculos con organizaciones criminales, narcotráfico y posibles sobornos o beneficios ilícitos.

Paralelamente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció la creación de una Unidad de Poligrafía destinada a aplicar pruebas a quienes aspiren a ingresar o ascender dentro de esa institución. Esta medida quedó establecida en el nuevo reglamento de la Ley 9958, que regula el uso del polígrafo en cuerpos de policía y seguridad nacional. El reglamento, aprobado por la Corte Plena, dispone que la prueba será voluntaria y requerirá consentimiento expreso y escrito de los postulantes.

El magistrado de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro, explicó a teletica.com que el polígrafo servirá como un criterio adicional de selección, sin ser determinante para el ingreso o promoción. “La prueba mide presiones arteriales, respiración, pulsación y determina fiabilidad, pero lo que determina el polígrafo como fiable puede no ser fiable y puede determinarse que provenga el resultado del polígrafo de emociones distintas de estas que estamos calificando”, sostuvo Alfaro.

La administración de Fernández ha reiterado en distintas oportunidades su compromiso con la transparencia. La mandataria insiste en que la revisión de perfiles y antecedentes de funcionarios clave es una práctica que se mantendrá vigente durante su gestión.

El desarrollo de la investigación preliminar estará a cargo de asesores del despacho presidencial, quienes deberán recopilar información adicional y determinar posibles sanciones administrativas o judiciales, en caso de confirmarse conductas irregulares.

El Gobierno aseguró que informará oportunamente sobre los avances de estas investigaciones y ratificó su intención de profundizar las auditorías en otras áreas sensibles de la administración pública.