Ministerio de Justicia de Costa Rica endurece el control de alimentos y artículos en cárceles para frenar el ingreso de droga

El gobierno de Costa Rica anunció una prohibición total al ingreso diario de alimentos a los centros penitenciarios, junto con nuevas restricciones para la entrada de ropa y otros artículos, en un intento por reforzar la seguridad y reducir la circulación de drogas y mercancía ilegal en las cárceles.

La medida fue comunicada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien aseguró que la decisión apunta a “poner orden” y cerrar los canales que facilitan actividades ilícitas dentro de la población penitenciaria.

La declaración surge en un contexto marcado por el aumento de decomisos y el sobreesfuerzo operativo requerido para revisar las encomiendas que, hasta ahora, ingresaban diariamente en los distintos centros penales de Costa Rica.

Según datos oficiales, entre enero y mayo de este año se contabilizaron 158,000 paquetes enviados por familiares y allegados a los reclusos. Aguilar precisó que la inspección de estos envíos demanda la asignación diaria de hasta 200 oficiales penitenciarios, función que, según su perspectiva, desvía recursos clave de la vigilancia y la seguridad interna.

“Eso se acabó. Se acabaron las quince tazas de comida por día”, advirtió el ministro en un mensaje dirigido a la ciudadanía. Aguilar explicó que, a partir de ahora, solo se permitirá un máximo de dos tazas y exclusivamente en el día de visita, bajo rigurosos controles de seguridad. El funcionario justificó la medida con el argumento de que el flujo masivo de comida y artículos personales se convirtió en “una autopista directa para el ingreso de droga a nuestros centros penales” y en una vía para el negocio ilegal dentro de las cárceles.

La nueva política extenderá también la restricción al ingreso de ropa y otros objetos, que según Aguilar, han contribuido al hacinamiento y problemas de insalubridad en el sistema penitenciario. “Aquí paramos la fiesta ya. No es posible que se desperdicie alimentación que ya está pagada por el Estado con los recursos de todos ustedes los costarricenses”, enfatizó el titular de Justicia y Paz.

El ministro sostuvo que quienes permanecen en una celda deben cumplir su condena bajo las condiciones establecidas por las autoridades, y no disfrutar de beneficios que, en su opinión, desvirtúan el carácter de la pena privativa de libertad. Aguilar subrayó que el Estado garantiza la alimentación de la población penitenciaria y que no resulta justificable que el ingreso de comida extra se utilice como mecanismo para actividades ilícitas.

Diversos reportes de medios nacionales han documentado el incremento de incautaciones de droga y objetos prohibidos dentro de los penales costarricenses en los últimos años. El Ministerio de Justicia y Paz sostiene que la revisión minuciosa de cada encomienda implica “miles de horas” dedicadas por la policía penitenciaria, tiempo que —según Aguilar— debería destinarse a tareas de custodia y prevención.

El funcionario fue enfático al afirmar que la administración actual busca “terminar con alcahueterías y cerrar portillos que por años aprovecharon los delincuentes para delinquir desde prisión”. En su mensaje, insistió en que la seguridad de los centros penales constituye una prioridad y que la nueva normativa será aplicada de manera estricta, con controles reforzados y mecanismos de supervisión adicionales.

En su intervención, Gabriel Aguilar reafirmó que el Estado costarricense destina recursos suficientes para la manutención de los internos y que no se tolerarán prácticas que atenten contra la disciplina y el orden institucional. “Quien permanece en una celda no debe vivir como si fuera un hotel, sino que debe cumplir con su pena”, dijo el ministro al concluir su declaración pública.

Las autoridades prevén una etapa de supervisión intensiva en los próximos días para asegurar la correcta ejecución de la nueva normativa. El Ministerio de Justicia y Paz reiteró que toda la población penitenciaria recibirá la alimentación y atención que establece la ley, mientras se refuerzan los controles para impedir el uso de las cárceles como plataforma para actividades ilícitas.