
La escalada en la relación entre Costa Rica y Panamá ha generado inquietud en los sectores productivos y empresariales de la región. En este contexto, la Cámara de Comercio de Costa Rica expresó este viernes mediante un comunicado, su apoyo a las gestiones del Gobierno para garantizar el respeto a los acuerdos bilaterales y regionales con el país vecino.
La postura del ente empresarial se reafirma tras la reciente decisión del presidente panameño, José Raúl Mulino, de suspender los planes de venta de energía eléctrica a Costa Rica.
Este giro en el conflicto, que durante años se centró en los productos agrícolas, ahora alcanza el sector energético, amplificando la tensión entre ambos países.
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El respaldo de la Cámara se basa en la necesidad de restablecer “condiciones comerciales justas, transparentes y acordes con las reglas internacionales”, según manifestó su presidente, Arturo Rosabal.

La entidad remarcó que resulta esencial defender la seguridad jurídica y fortalecer la relación bilateral, siempre bajo el marco de los tratados vigentes.
Reclamos por las restricciones comerciales
Desde hace varios años, Costa Rica y Panamá mantienen diferencias comerciales que afectan a múltiples sectores.
El comunicado de la Cámara recuerda que las restricciones impuestas por Panamá han limitado el ingreso de productos costarricenses como carne de res, cerdo y pollo, además de lácteos, piña, banano y otros productos de origen animal y vegetal.
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Las autoridades de Costa Rica señalan que el bloqueo a sus exportaciones, iniciado en 2020, ha generado pérdidas y obstaculizado el comercio regional.
Como consecuencia, la presidenta Laura Fernández exigió públicamente la intervención de organismos internacionales para presionar a Panamá y lograr la reapertura de estos mercados.
Respuesta política desde Panamá
José Raúl Mulino rechazó las declaraciones de Fernández y afirmó: “La política exterior no se maneja desde púlpitos ni conferencias de prensa, sino con discreción y respeto”, calificando las exigencias costarricenses como “poco prudentes”.

El actual escenario refleja cómo un conflicto que comenzó en el comercio agrícola ha derivado en medidas en el sector energético y en un cruce de declaraciones al más alto nivel.
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La Cámara de Comercio de Costa Rica insta a que se privilegie el diálogo y la legalidad para superar la crisis y restablecer el intercambio bajo condiciones equitativas.
En los últimos meses, la relación entre Costa Rica y Panamá se ha visto marcada por decisiones unilaterales y exigencias públicas que han complicado el entendimiento bilateral.
El respaldo del sector empresarial costarricense al Gobierno busca fortalecer la posición del país en un momento donde la seguridad jurídica y la apertura de mercados resultan fundamentales para ambos socios.

La tensión va subiendo de nivel
El presidente José Raúl Mulino anunció el jueves en Panamá que su gobierno no autorizará ventas adicionales de energía eléctrica a Costa Rica mientras escala la disputa comercial entre ambos países, según informó Infobae.
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La decisión dejó el conflicto fuera del terreno agropecuario y lo extendió a un área sensible de la relación bilateral.
La crisis se arrastró desde 2019, cuando Panamá impuso restricciones a productos agropecuarios costarricenses como fresas, piñas, bananos, plátanos, carnes y lácteos, de acuerdo con Infobae.

En diciembre de 2024, un panel de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica al concluir que las medidas panameñas no estaban basadas en principios científicos suficientes, pero en enero de 2025 Panamá apeló esa decisión.
La presidenta Laura Fernández ordenó al canciller Manuel Tovar emprender acciones diplomáticas internacionales por lo que describió como un bloqueo comercial de Panamá sobre productos agrícolas costarricenses. Fernández dijo: “El tema del bloqueo comercial que nos tiene Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también”.
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Mulino endureció la respuesta con el frente energético
Mulino reaccionó a esas declaraciones y dijo que su deber era “proteger a los panameños”, según publicó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. La frase condensó la posición oficial panameña: el conflicto comercial pasó a ser presentado como una cuestión de defensa de intereses nacionales.
Panamá alegó desde el inicio que las restricciones respondieron a razones sanitarias y fitosanitarias, mientras Costa Rica sostuvo que se trató de un bloqueo comercial injustificado. Esa diferencia definió el núcleo de la disputa y explicó por qué el caso llegó a la OMC.
Costa Rica activó una ofensiva diplomática internacional por las trabas panameñas a sus exportaciones agropecuarias. Panamá respondió con una señal política y económica: mantuvo el freno comercial y cerró, por ahora, la puerta a más ventas de electricidad fuera de los intercambios previstos en el sistema regional.
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