Dos años de incertidumbre: el caso COSAVI se mantiene en desarrollo para miles de ahorrantes en El Salvador

El silencio y la incertidumbre se han convertido en los compañeros más fieles para miles de asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI), una entidad financiera privada en El Salvador que se encuentra intervenida administrativamente desde el 9 de mayo de 2024, tras denuncias públicas de un millonario desfalco que ronda los 35 millones de dólares.

A dos años de haber iniciado las primeras alertas sobre el estado de la institución, el proceso avanza bajo reserva legal, dejando una estela de expectativas, promesas institucionales y un profundo drama humano.

Para los afectados, la cotidianidad se transformó en un conteo de días y en constantes visitas a las sucursales habilitadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Juan José Ortiz, poseedor afectado y vocero del caso COSAVI, explicó en entrevista con Radio YSUCA que la estrategia oficial para la devolución de los fondos se ha ejecutado de manera gradual a través de segmentos de entrega.

Recientemente se anunció la liberación de fondos para quienes poseían cuentas de hasta 90 mil dólares. Sin embargo, Ortiz señala que la medida aún no logra cubrir la totalidad de la demanda:

• Certificados vencidos: Afectados con certificados de aportación de $2,000, $5,000 o $10,000 vencidos no han recibido sus fondos.
• Cuentas múltiples: Quienes poseen dos o más productos financieros cuya sumatoria excede los $90,000 se encuentran actualmente de momento excluidos de las devoluciones.

Detrás de las cifras y los informes financieros oficiales, late una crisis humanitaria que ya ha cobrado facturas irreparables. Según los registros actualizados compartidos por Juan José Ortiz, a la fecha se reporta el fallecimiento de 13 personas pertenecientes a la tercera edad o con enfermedades crónicas.

Estas personas perdieron la vida sin haber logrado recuperar los ahorros de toda una vida. El vocero relató el caso de la primera fallecida del proceso, una derechohabiente cuyo esposo solicitó oportunamente la devolución de 9 mil dólares para costear tratamientos médicos urgentes en un hospital privado, una petición que lamentablemente no recibió respuesta a tiempo.

La internacionalización del caso y la carta de Jim McGovern

El caso, que inicialmente parecía un problema de índole estrictamente local, ha tomado una dimensión internacional. Debido a que una parte de los afectados son ciudadanos o residentes estadounidenses, el Congreso del país norteamericano ha comenzado a seguir de cerca el proceso.

Juan José Ortiz destacó la reciente carta del congresista demócrata Jim McGovern dirigida al Departamento de Estado, donde solicita una mediación formal y reuniones genuinas entre la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y los representantes de las víctimas, abriendo así un nuevo canal de observación y diplomacia extramuros que incluye el apoyo tanto para los ciudadanos estadounidenses como salvadoreños.

A nivel técnico y administrativo, el proceso ha estado rodeado de debates complejos. Un informe del Ministerio de Hacienda sobre la deuda municipal generó confusión al incluir una supuesta venta de cartera de créditos de COSAVI por un valor de 20.2 millones de dólares a una empresa privada.

Semanas más tarde, las autoridades rectificaron el dato, señalando que se trató de un error de transcripción y que la transacción correspondía en realidad a Bancovi. Para la representación de los ahorrantes encabezada por Ortiz, aclarar el destino de este tipo de activos es clave, ya que estiman que con una cantidad similar se podrían liquidar las 104 demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, las cuales rondan entre los 9 y 11 millones de dólares.

La búsqueda de instancias internacionales

A pesar de que el proceso judicial se mantiene bajo estricta reserva de información, los comités de ahorrantes continúan buscando alternativas legales.

Al haber agotado las instancias locales, los equipos jurídicos de las víctimas avanzan en la redacción de un expediente que proyectan presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington a finales de julio, argumentando la necesidad de tutela internacional sobre la propiedad privada y el derecho a la salud de los implicados.

Mientras las autoridades correspondientes continúan administrando los bienes de la cooperativa y ejecutando los desembolsos programados, miles de familias salvadoreñas y del exterior permanecen a la expectativa, con la esperanza de que el laberinto legal concluya pronto con la restitución total de sus patrimonios.