La vigésima quinta asamblea entre el Gobierno y pueblos indígenas prioriza derecho al territorio y propiedad comunal

El presidente Bernardo Arévalo encabezó este jueves la vigésima quinta Asamblea de Diálogo Nacional con autoridades indígenas y ancestrales para revisar avances y desafíos sobre el derecho al territorio y la propiedad comunal, una agenda que el Gobierno de Guatemala proyecta seguir en 2026 con nuevas propuestas y seguimiento institucional, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

Como parte de ese proceso, en la primera asamblea de 2026 se presentó el informe de diálogo correspondiente a 2025 y la programación de los temas priorizados para ese año, de acuerdo con el contexto oficial incluido en el texto fuente.

Ese informe registró 20 asambleas de alto nivel, 12 agendas de trabajo conjunto en el territorio y reformas en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

La reunión de este jueves se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y evaluó también avances en institucionalidad indígena y asuntos estratégicos vinculados a los territorios, según la Secretaría Privada de la Presidencia. La entidad agregó que en la sesión se revisaron temas como la lucha contra la discriminación, los derechos de las mujeres indígenas, la revitalización de los idiomas mayas, la propuesta de ley de aguas y el diálogo para una futura política energética nacional.

Arévalo describió la reunión como un mecanismo de coordinación directa con los pueblos indígenas. “Este es un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y trabajo conjunto con los pueblos indígenas del país. Estas reuniones buscan el desarrollo de los cuatro pueblos de Guatemala”, afirmó el mandatario, según reportes de la Secretaría Privada de la Presidencia y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La agenda puso el foco en la propiedad comunal y la atención registral

El punto central de la asamblea fue el derecho al territorio y a la propiedad comunal. Ante líderes indígenas y autoridades ancestrales, Arévalo pidió al Registro General de la Propiedad brindar atención con pertinencia cultural en los 22 departamentos del país, según la información oficial.

El mandatario vinculó esa demanda con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: “Defender la propiedad comunal es defender la continuidad de los pueblos sin renunciar a su identidad, porque nuestra Constitución Política de la República reconoce la identidad de los pueblos indígenas”, sostuvo Arévalo, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

La reunión fue conducida bajo el liderazgo del presidente y de la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, de acuerdo con el texto fuente. En ese marco, las autoridades indígenas y ancestrales presentaron propuestas y proyectos para impulsar el desarrollo en sus comunidades y pidieron que las autoridades concreten esas iniciativas.

Una de las respuestas institucionales expuestas provino del Registro de la Propiedad. El titular segundo de esa entidad, Hugo Alfredo Bautista del Cid, presentó una propuesta para elaborar una guía registral para los territorios comunales con el propósito de orientar sobre los aspectos prácticos de los registros comunales, según el texto fuente.

Bautista del Cid reiteró además el compromiso del Registro de la Propiedad de impulsar atención con pertinencia cultural en sus sedes a nivel nacional, con apoyo de los pueblos ancestrales. Esa línea de trabajo fue mencionada por Arévalo como parte de una política pública que, según dijo, debe construirse junto con los pueblos indígenas y traducirse en programas concretos.

El Gobierno presentó el diálogo como una política permanente del Ejecutivo

La asamblea respondió a una estrategia que el Ejecutivo define como permanente. En la primera asamblea de 2026, Arévalo sostuvo que el diálogo con los pueblos indígenas constituye “un compromiso consolidado y una política integral que involucra a todo el Organismo Ejecutivo”, según el informe citado en el contexto del texto fuente.

En esa intervención, el presidente afirmó: “Por primera vez el Gobierno establece un espacio permanente de diálogo político al más alto nivel, donde las autoridades indígenas ancestrales participan directamente en la definición de prioridades y en la construcción de soluciones a problemas históricos y actuales”. También señaló que el objetivo es pasar de políticas diseñadas para los pueblos indígenas a políticas construidas con ellos, en respeto a su cosmovisión y a sus sistemas de autoridades, normas e instituciones propias.

La Secretaría Privada de la Presidencia sostuvo en esta vigésima quinta asamblea que Guatemala continúa construyendo un diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas. La institución reafirmó su compromiso con ese espacio de participación, escucha y construcción conjunta, y señaló que un Estado que escucha es un Estado que cambia.

El informe del período 2024-2025 incorporado en el contexto oficial también identificó desafíos estructurales pendientes: el reconocimiento legal pleno de las autoridades indígenas, la falta de información estadística desagregada para medir el impacto de las políticas públicas en esas poblaciones y la transformación de instituciones históricamente excluyentes.

Entre los avances del mismo período, el documento destacó el seguimiento al cumplimiento de sentencias relacionadas con consulta previa, libre e informada y la modificación de la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir inversión pública en tierras de propiedad comunal indígena.