La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el crédito por USD 770 millones para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón, una intervención estratégica cuya meta es resolver graves problemas de congestión y seguridad vial, reducir sustancialmente los tiempos de traslado y fortalecer la competitividad nacional.
Esta vía, de acuerdo con los datos que se manejaron durante la discusión legislativa, sostiene la movilidad diaria de miles de personas, conecta zonas productivas e industriales e incide de manera directa en la calidad de vida, así como en las oportunidades económicas de regiones enteras del país.
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El empréstito aprobado se compone de dos tramos: USD 600 millones serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica en un plazo de veinte años, mientras que los restantes USD 170 millones provendrán de fondos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La Asamblea informó que alcaldes de la zona occidental celebraron la aprobación de este crédito, resaltando el impacto sobre más de 96,900 habitantes solo en el cantón de San Ramón.
La ruta nacional uno, eje central del proyecto, enlaza San José con San Ramón y cumple un rol fundamental por su volumen vehicular, su carácter interprovincial y su vinculación con centros logísticos clave como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y las principales vías de exportación e importación. Según la diputada liberacionista, Paulina Ramirez, la infraestructura vial actual en la ruta se caracteriza por “altos niveles de congestión, condiciones de riesgo en seguridad vial y limitaciones que impactan negativamente la eficiencia del transporte”. Para la población de Palmares, cuyos habitantes suelen desplazarse a diario hacia la Gran Área Metropolitana por motivos laborales, la congestión implica “cuatro horas de viaje, tiempo que podrían pasar en familia”, indicó.
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El rezago en infraestructura acentúa los problemas sociales y económicos
Miembros del Congreso recordaron en la sesión el rezago prolongado en inversión pública e infraestructura que enfrenta Costa Rica en comparación con países de la región. Este escenario, conforme expuso Jonathan Acuña del Frente Amplio, limita tanto el bienestar ciudadano como la llegada de inversión extranjera, en particular en zonas de crecimiento como las zonas francas del occidente. El legislador expuso que “Costa Rica tiene unos niveles de gasto de capital bajo respecto a países semejantes en la región”, lo cual repercute en que "no tiene un servicio de transporte público de calidad" ni “las carreteras necesarias para la movilidad de la ciudadanía”.
La historia del corredor San José-San Ramón ha estado marcada por controversias y años de incertidumbre. El intento de instaurar un modelo concesionario que supondría pagos muy elevados para los usuarios generó protestas ciudadanas, la retirada del esquema propuesto y el pago de una indemnización millonaria a una empresa después investigada y condenada por corrupción en otros países, sin que se ejecutaran las obras previstas.
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Impacto directo en la población y en la competitividad nacional
El proyecto busca atender necesidades inmediatas de la población. María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón subrayó que la obra “mejorará la calidad de vida, la salud, el tiempo en familia y la inversión para la región de occidente”. Funcionarios municipales precisaron que el trayecto actual, susceptible de extenderse hasta cuatro horas en días de máximo tránsito, será radicalmente optimizado, lo que devolverá tiempo valioso a las familias y reducirá costos logísticos para los sectores productivos.
La relevancia de este corredor vial no reside únicamente en la mejora de la movilidad, sino también en su contribución para superar una de las principales limitaciones estructurales del país.
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El proyecto de ley ahora avanzará al segundo debate en la Asamblea Legislativa, instancia en la que podría convertirse en ley de la República y dar inicio a una de las inversiones en infraestructura más esperadas de las últimas décadas.
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