El plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.158, una reforma al Código Penal que elimina la posibilidad de cumplir arresto domiciliario con brazalete electrónico en casos de delitos cometidos con armas. La medida representa un giro en la política penal del país y responde al creciente contexto de violencia armada que enfrentan las autoridades.
La iniciativa modifica el inciso 2 del artículo 57 bis del Código Penal, con el objetivo de impedir que personas imputadas o condenadas por delitos que involucren armas de fuego, armas punzocortantes o contundentes puedan acceder a este beneficio alternativo a la prisión preventiva o la privación de libertad.
Según se expuso durante la discusión legislativa, la reforma también alcanza el artículo 244 del Código Procesal Penal, en un intento por cerrar portillos legales que anteriormente permitían la aplicación de este tipo de medidas cautelares en delitos de alta peligrosidad.
Un ajuste a la legislación vigente
Los diputados que respaldaron el proyecto señalaron que la iniciativa busca corregir una omisión introducida por una ley previa, la 10.517, aprobada por el mismo Congreso, la cual había eliminado la restricción para el uso del brazalete electrónico en este tipo de delitos.
Con la nueva reforma, el Legislativo pretende restablecer la prohibición en un contexto marcado por el aumento de la violencia armada en Costa Rica, donde los delitos con armas han generado preocupación tanto en la ciudadanía como en las autoridades de seguridad.
Durante el debate, el diputado proponente Fabricio Alvarado explicó que la medida apunta directamente a fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mayor protección a las víctimas, al evitar que personas vinculadas con hechos violentos permanezcan fuera de centros penitenciarios bajo medidas menos restrictivas.
“El objetivo es claro: cerrar un vacío legal que debilitaba la respuesta del Estado frente a delitos graves y devolver coherencia al sistema penal”, indicó.
Debate sobre sanción y prevención
No obstante, la discusión también abrió espacio a cuestionamientos sobre el enfoque de la política criminal en el país. Algunos legisladores advirtieron que endurecer las sanciones, por sí solo, no resolverá el problema de fondo si no se acompaña de estrategias integrales de prevención.
En ese sentido, se enfatizó la necesidad de que exista coherencia entre la imposición de sanciones y la ejecución de las penas, así como un equilibrio entre castigo y políticas públicas orientadas a reducir la criminalidad.
“Las sanciones deben ser proporcionales a la conducta, pero también deben ir de la mano con acciones preventivas que han sido prácticamente nulas en los últimos años”, aseguró la diputada Gloria Navas.
Un mensaje político en materia de seguridad
La aprobación del expediente 25.158 envía una señal clara sobre la postura del Congreso frente a la criminalidad violenta. En medio de un escenario donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones nacionales, los legisladores optaron por endurecer las condiciones para quienes cometan delitos con armas.
La reforma deberá ahora seguir el proceso correspondiente para su entrada en vigencia, pero desde ya marca un precedente en la discusión sobre el uso de medidas alternativas a la prisión en Costa Rica.
Con este cambio, el país busca reforzar su marco normativo y responder con mayor firmeza a los desafíos que plantea la delincuencia armada, en un intento por recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia y garantizar una mayor protección a la población.
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