El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó en los últimos días varias diligencias relacionadas con presuntas amenazas contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, en dos investigaciones distintas que incluyeron la detención de un hombre y una mujer sospechosos de realizar manifestaciones intimidatorias.
Las actuaciones fueron ejecutadas por agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ, quienes han investigado publicaciones y declaraciones públicas que presuntamente amenazaban la integridad de ambos funcionarios.
Hombre detenido por otro caso también es investigado por amenazas
Uno de los casos involucra a un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien fue detenido el lunes 9 de marzo por una causa distinta. Sin embargo, durante las diligencias surgieron elementos que motivaron a los investigadores a remitir un informe al Ministerio Público para que se valore si sus declaraciones podrían constituir el delito de amenazas contra funcionario público.
Según la información preliminar, la investigación se originó tras recibirse datos mediante la línea confidencial del OIJ, en la que se alertaba sobre videos difundidos desde el pasado 6 de marzo en los que el hombre habría realizado manifestaciones amenazantes contra el mandatario en ejercicio y la presidenta electa.
De acuerdo con el OIJ, el sujeto habría realizado declaraciones públicas en las que amenazaba la integridad física de ambos jerarcas, lo que llevó a las autoridades a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía para que determine las acciones legales correspondientes.
Actualmente, el hombre permanece detenido mientras continúan las diligencias relacionadas con el proceso.

Allanamiento en Osa y detención de una mujer
El segundo caso investigado se relaciona con publicaciones en redes sociales que también habrían incluido amenazas contra el presidente de la República.
Como parte de esta investigación, agentes del OIJ realizaron un allanamiento la madrugada de este martes en la comunidad de Ochotal de Osa, en Puntarenas, donde fue detenida una mujer de apellido Gamboa, quien figura como sospechosa del presunto delito de amenazas contra funcionario público.

De acuerdo con la información preliminar, la investigación habría iniciado a principios de febrero tras recibir información confidencial que advertía que la mujer realizaba publicaciones en redes sociales con aparentes amenazas dirigidas al mandatario.
Durante el operativo, los investigadores decomisaron dispositivos electrónicos y otros indicios de interés para la investigación, los cuales serán sometidos a análisis forense.
La mujer fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Frente Amplio aclara parentesco con detenido
Tras conocerse la detención del hombre de apellido Trejos, el equipo de prensa del Frente Amplio aclaró que el detenido no corresponde al diputado electo del partido, Antonio Trejos, aunque sí existe un vínculo familiar.
Según la versión oficial de la agrupación política, el hombre detenido es tío del legislador electo, pero se trata de una persona distinta.
El partido también señaló que el familiar del diputado padece una condición grave de salud mental que se ve agravada por problemas de alcoholismo, situación que, según indicaron, ha provocado un escenario complejo para la familia.
Desde la agrupación enfatizaron que Antonio Trejos no respalda ni comparte las manifestaciones que se le atribuyen al detenido y calificaron el episodio como una situación dolorosa para sus allegados.
La consulta sobre el parentezco realizada por Infobae al equipo de prensa del Frente Amplio, surge a partir de los videos que circulan en redes sociales, donde el hoy detenido, se identificaba usando el nombre del diputado electo y aseverando que él estaba a punto de recibir una curul en la próxima Asamblea Legislativa.
Antecedentes recientes de amenazas
Las investigaciones ocurren en medio de una serie de incidentes recientes relacionados con amenazas contra figuras políticas del país.
El pasado 4 de febrero, agentes del OIJ detuvieron en Tejar de El Guarco, en Cartago, a una mujer de 26 años de apellido Barahona, sospechosa de realizar amenazas de muerte contra la entonces candidata presidencial y hoy presidenta electa Laura Fernández Delgado.
En ese caso, las autoridades indicaron que las amenazas también habrían sido difundidas mediante redes sociales.
Otro episodio que generó atención pública fue el caso de la hija del magistrado Paul Rueda, quien también utilizó plataformas digitales para realizar publicaciones que fueron interpretadas como amenazas dirigidas al presidente de la República.

Investigaciones en curso
Ante este panorama, el OIJ mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con amenazas contra funcionarios públicos, especialmente aquellas difundidas a través de redes sociales o plataformas digitales.
Las autoridades han señalado que este tipo de manifestaciones puede constituir un delito penal, por lo que las denuncias recibidas mediante canales confidenciales o reportes ciudadanos son analadas por las autoridades judiciales.
Los casos más recientes permanecen ahora bajo conocimiento del Ministerio Público, instancia que deberá determinar si procede la apertura de causas penales formales contra las personas investigadas.
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