
El Poder Judicial de Costa Rica resolvió extender por tres meses la suspensión del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, a raíz de un proceso disciplinario basado en múltiples denuncias por presunto abuso sexual.
La decisión, tomada en sesión ordinaria de Corte Plena el 9 de febrero, busca evitar cualquier interferencia en las investigaciones, mientras el Ministerio Público supervisa una causa penal contra el jerarca, consolidada en un solo expediente tras el surgimiento de nuevas denuncias similares a las que motivaron las pesquisas iniciales.
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Durante este periodo, las labores de la Policía Judicial permanecerán bajo la conducción interina de Michael Soto, asegurando la continuidad de los operativos, detenciones y acciones de investigación.
De acuerdo con la comunicación oficial del Poder Judicial, esta suspensión, respaldada por el voto de 13 magistradas y magistrados, frente a ocho favorables a interrumpir funciones solo un mes, tiene la finalidad de permitir al Tribunal de la Inspección Judicial avanzar en la recopilación de pruebas y diligencias bajo “objetividad, independencia e integridad”, en cumplimiento estricto del debido proceso.
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Ya desde el 31 de octubre de 2025, Zúñiga fue convocado por la Fiscalía Adjunta de Género a una indagatoria, que se extendió cerca de una hora.
Tras la declaración, el Ministerio Público estimó que no correspondía imponer medidas cautelares por no identificar riesgos procesales. Días después, una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía de Género de San José, por hechos similares, fue acumulada a las causas existentes para concentrar las diligencias, según detalló la institución.
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El conjunto de expedientes incluye la causa 25-000359-1883-PE presentada en Corredores, por presunta violación; la 25-001138-1893-PE de Cartago, por supuestos delitos de violación y contagio venéreo; y la 25-000926-0994-PE de Goicoechea, por presunto contagio venéreo junto a otras conductas de connotación sexual y ofensas a la dignidad.
En octubre pasado, la Fiscalía realizó allanamientos en la residencia de Zúñiga en La Uruca y en las oficinas del OIJ para recolectar elementos de prueba relevantes.
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El propio Randall Zúñiga ha declarado públicamente su inocencia, calificando la suspensión de medida preventiva y expresando voluntad de colaborar con las autoridades.
Entre sus argumentos, ha denunciado supuestos intentos de instrumentalizar políticamente el caso y ha asegurado poseer pruebas que desvirtuarían las imputaciones, aunque ha lamentado dificultades de acceso a la documentación penal.
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En declaraciones a la prensa, afirmó: “Personeros de Gobierno ofrecieron beneficios públicos a una mujer para que presentara una denuncia falsa en mi contra”, una versión que hasta ahora no ha sido confirmada por el Poder Judicial.

Zúñiga, abogado y funcionario del Poder Judicial con más de 20 años de trayectoria, asumió la dirección interina del OIJ en noviembre de 2022 y fue nombrado oficialmente en agosto de 2023. Su separación efectiva inició el 30 de octubre de 2025, tras la decisión adoptada por Corte Plena.
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