La CPI completó el mayor programa de reparación de su historia por los crímenes de guerra en Mali

El Fondo en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la finalización del programa de reparaciones implementado en Malí a raíz del caso contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi, en coincidencia con el decimocuarto aniversario de los ataques contra los mausoleos de Tombuctú. Esta acción representa, de acuerdo a lo señalado por el Fondo, el cierre de un proceso histórico para las víctimas y la comunidad local, así como un hito en la justicia penal internacional contemporánea.

Entre junio y julio de 2012, durante la ocupación de Tombuctú por grupos armados vinculados a al-Qaeda, Al Mahdi participó en la destrucción de diez de los sitios más emblemáticos de la ciudad, entre ellos los mausoleos de los santos y la mezquita Sidi Yahia. Estos lugares, considerados centros de peregrinación y símbolos espirituales, formaban parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1988 por su importancia en la expansión del islam y el conocimiento en África.

Tras la entrega de Al Mahdi a la CPI en 2015, el tribunal lo declaró culpable en 2016 del crimen de guerra por ataques deliberados a monumentos históricos y religiosos.

La sentencia incluyó nueve años de prisión y una orden de reparación de 2,7 millones de euros para los damnificados. Al 31 de marzo de 2026, el programa de indemnizaciones quedó totalmente ejecutado, con la comunicación formal al tribunal y al gobierno de Malí realizada a fines de abril y principios de mayo de 2026, respectivamente.

El programa de reparaciones se estructuró en tres ejes: medidas simbólicas, individuales y colectivas. Las simbólicas se materializaron en una ceremonia solemne celebrada en marzo de 2021, con la presencia de representantes de las víctimas, autoridades nacionales y la UNESCO.

El componente individual contempló compensaciones económicas para descendientes directos de los santos vinculados a los mausoleos destruidos y para personas cuya subsistencia dependía exclusivamente de estos sitios. Esta fase comenzó en abril de 2019 y concluyó en junio de 2024, alcanzando a casi la totalidad de los 1.691 beneficiarios identificados.

El capítulo de reparaciones colectivas estuvo orientado a la comunidad de Tombuctú, reconocida como afectada tanto en lo moral como en lo económico, y buscó restaurar el patrimonio cultural dañado. Entre 2022 y marzo de 2026, estas acciones beneficiaron a más de 70.000 habitantes, en colaboración con la UNESCO, la Fundación CIDEAL y la organización local CFOGRAD.

El Fondo de la CPI subrayó la importancia de la cooperación local, que se mantuvo durante cinco años para asegurar el éxito del programa.

La atención al daño moral incluyó apoyo psicológico comunitario e iniciativas de memoria, como la edificación de dos memoriales —Louha y Qâloum— y una exposición permanente en el museo municipal de Tombuctú sobre los mausoleos.

Para abordar el daño económico, se financió un fondo que permitió desarrollar 70 proyectos liderados por grupos locales, además de tres iniciativas impulsadas por la Comuna Urbana, enfocadas en fortalecer medios de vida, habilidades y protección cultural. La restauración y protección de los mausoleos, junto con capacitaciones para custodios locales y la creación de un fondo de mantenimiento, completaron el esquema de preservación patrimonial.

El diseño del programa incorporó los principios de reparación de la CPI, con mecanismos participativos y sensibilidad ante el conflicto. Además, se integró una perspectiva de género que garantizó la inclusión sistemática de las mujeres en el proceso. La participación de las víctimas fue central, con consultas extensas que definieron el enfoque de las reparaciones y promovieron la transparencia y la apropiación local en todas las etapas.

Entre los testimonios difundidos por el Fondo, una residente identificada como Fatoumata A expresó: “Estas reparaciones—más allá de los logros materiales—son un símbolo; un símbolo que nos permite contar a nuestros hijos lo que vivimos, que muestra la grandeza de Tombuctú y que recuerda que este crimen no debe repetirse”.

La conclusión del programa tuvo lugar en un entorno de seguridad complejo, lo que resalta la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma. La ejecución requirió la cooperación del Fondo con las autoridades de Malí durante siete años, a través de comités directivos en distintos niveles. El presidente de la Junta Directiva del Fondo, Andres Parmas, declaró: “Este programa constituye un precedente en la justicia penal internacional, como la primera vez que se otorgan reparaciones judiciales por el crimen de ataques contra edificios protegidos de carácter religioso e histórico”.

El financiamiento provino de contribuciones asignadas por los gobiernos de Canadá, Alemania, Italia, Noruega y el Reino Unido, además de apoyos no restringidos de países como la República Checa, República Dominicana y Liechtenstein. Las cuotas de los Estados Parte del presupuesto regular de la CPI permitieron el desarrollo del proceso judicial y de componentes esenciales del programa.

El Fondo de la CPI también informó que se encargó una evaluación externa independiente para medir el impacto de las reparaciones en paz, seguridad, memoria, verdad y justicia.

Mientras se celebra el cierre del programa, el Fondo lamentó la reciente notificación de Malí a las Naciones Unidas, comunicando su retiro del Estatuto de Roma el 30 de junio de 2026. Según el comunicado, esa decisión debilita el sistema de justicia reparadora que benefició a la comunidad de Tombuctú y complica las condiciones para futuras reparaciones vinculadas, entre otros crímenes, al caso Al Hassan. La institución reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades malienses para maximizar el alcance de las reparaciones y sentar las bases para futuras intervenciones relacionadas con otros crímenes.