Un proyecto de ley impulsado por la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa plantea un cambio sustancial en las reglas de acceso a los puestos de elección popular en Costa Rica, al buscar inhabilitar a personas con deudas graves y sostenidas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para aspirar a cargos de representación política. La iniciativa, según sus proponentes, tiene como objetivo central “preservar la institucionalidad” de la seguridad social y fortalecer el pacto solidario que históricamente ha sustentado el modelo de bienestar costarricense.
La propuesta surge en medio de un debate cada vez más visible en la opinión pública sobre la legitimidad ética y política de que personas aspirantes a funciones públicas mantengan deudas significativas con la CCSS, una institución considerada uno de los pilares del Estado social de derecho. Casos recientes han avivado esta discusión, entre ellos el del candidato del partido oficialista Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, quien enfrenta una deuda cercana a los ₡312 millones, es decir unos $624,000, con la Caja y sostiene actualmente un litigio judicial relacionado con el monto adeudado.
El expediente legislativo, identificado con el número 25.386, propone una reforma al artículo 148 del Código Electoral, con el fin de establecer un criterio claro y objetivo para determinar la idoneidad de las personas candidatas.
De acuerdo con el texto, quedarían inhabilitadas para postularse a cargos como diputado, presidente de la República u otras funciones de representación y toma de decisiones públicas aquellas personas que mantengan deudas firmes y exigibles con la CCSS superiores a diez salarios base. Para el año 2026, este umbral equivale a ₡4,622,000, o $9,245, según los cálculos oficiales.
No obstante, la iniciativa introduce una distinción relevante al reconocer como excepción a quienes cuenten con un arreglo de pago vigente con la CCSS. Con ello, los impulsores del proyecto buscan diferenciar entre la morosidad estructural y deliberada, y las situaciones derivadas de desempleo, informalidad laboral o condiciones económicas transitorias, evitando así sancionar a personas en condición de vulnerabilidad.
La diputada Rocío Alfaro Molina, jefa de fracción del Frente Amplio, explicó que la motivación principal de la propuesta es atender un reclamo ciudadano creciente frente a candidaturas de trabajadores independientes de altos ingresos que, pese a contar con capacidad económica, incumplen sus obligaciones con la seguridad social.
Según manifestó Alfaro, se trata de personas que no enfrentan limitaciones materiales reales, sino una falta de compromiso con el principio de solidaridad que sustenta el sistema. “Es un debate abierto en la ciudadanía a partir de la existencia de candidaturas que son grandes deudores de la CCSS, no por falta de recursos, sino por falta de compromiso con el principio de solidaridad”, afirmó.
El texto del proyecto enfatiza que la iniciativa no pretende penalizar la pobreza ni criminalizar el desempleo, sino establecer un estándar ético más exigente para quienes aspiran a ocupar cargos públicos de alto impacto. Desde esta perspectiva, quienes buscan representar a la ciudadanía en el Poder Ejecutivo o Legislativo asumen una responsabilidad ética reforzada, especialmente cuando se trata de respetar y fortalecer las instituciones que garantizan derechos fundamentales como la salud y la seguridad social.
El proyecto fue elaborado de manera conjunta entre el despacho de Alfaro y el Movimiento en Defensa de la Caja, una articulación de organizaciones sociales que promueven la defensa de la salud pública y el sistema solidario. Ambas partes coinciden en que la morosidad significativa de grandes contribuyentes pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la CCSS y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Tras su presentación a la corriente legislativa, la iniciativa deberá ser analizada en una comisión legislativa antes de ser discutida en el plenario. El debate se da en un contexto de creciente preocupación pública por la aparente impunidad con la que, según los proponentes, algunos grandes deudores eluden sus responsabilidades con la CCSS, mientras aspiran a posiciones de poder político.
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