Ampliación de importante ruta en Costa Rica se reanuda tras tres años de pausa, estaría lista en el 2027

Después de tres años de paralización y tras un sobrecosto que supera los 100 millones de dólares, las obras para la ampliación y rehabilitación del tramo Barranca–Limonal en la Ruta 1 Interamericana Norte finalmente se reanudaron.

Según el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este nuevo arranque supone para el país un precio más elevado: “Esta obra que hoy se inicia le cuesta al país $112 millones más de lo que nos iba a costar”, admitió el mandatario ante medios, atribuyendo el retraso a decisiones políticas y a una serie de obstáculos logísticos y administrativos.

El proyecto abarca 49 kilómetros de carretera y tiene por objetivo mejorar la movilidad en la zona occidental del país, donde la interrupción de los trabajos provocó “una afectación inimaginable para el comercio, el turismo y los habitantes de la zona”, como sostuvo el Gobierno en conferencia de prensa.

La ampliación prevé reducir en una hora el viaje entre Barranca y Limonal, potenciando así la conectividad estratégica para el desarrollo local y nacional. La meta oficial es que la ampliación a cuatro carriles esté lista hacia finales de 2027.

Con el reinicio, la ejecución se ha fragmentado en dos contratos diferenciados: la sección de Barranca a San Gerardo de Chomes (25 kilómetros) fue adjudicada al Consorcio Barranca Ruta 1, integrado por Ingeniería Estrella y BEL Ingeniería por $121 millones; el vial entre San Gerardo y Limonal (23 kilómetros) quedó en manos de la constructora MECO, con un contrato de $141 millones.

Ambas empresas tendrán un plazo máximo de 24 meses para finalizar los trabajos y cuentan con un presupuesto conjunto de $262 millones, financiados con recursos de la Ley No. 10584 y el Fondo Vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La inversión global, según datos oficiales, corresponde a ₡134.647.447.560,11.

El trazado renovado contempla 16 puentes vehiculares, cinco intercambios a desnivel, ubicados en Cuatro Cruces, Monteverde, Chomes, Pozo Azul en Guacimal y La Irma, así como más de 55 kilómetros de vías marginales.

El componente de seguridad vial incorpora 10 puentes peatonales, bahías para autobuses, drenajes y 45 pasos de fauna para garantizar la protección animal.

El primer segmento requiere la construcción de siete puentes vehiculares, cinco retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 24 pasos de fauna, mientras que la segunda sección contempla cuatro puentes, cuatro retornos, tres intercambios, cinco pasos peatonales y 21 pasos de fauna.

El reinicio se produjo después de que el proyecto original, que recibió orden de inicio en agosto de 2020 con un plazo previsto hasta comienzos de 2023, quedara paralizado por diversos factores.

En 2022, el consorcio conformado por H Solís y Estrella solicitó el finiquito del contrato, tras alegar imposibilidad de avanzar por cuestiones como problemas de expropiación y carencia de diseños definitivos. Este proceso obligó al Estado a indemnizar a las empresas y perder el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería, esta obra fue inicialmente adjudicada en $180 millones, pero la interrupción y los nuevos procesos elevan la cifra a $260 millones, a lo que debe añadirse indemnizaciones y obras conexas. Vargas remarcó: “Haber detenido el proyecto por una decisión política y no técnica nos cuesta $100 millones”.

El presidente Chaves insistió en defender su gestión: “Nos atrasamos años. Tratamos de economizarle ese dinero y ese tiempo al pueblo, y aun así, en la Asamblea Legislativa me juzgan y hasta me acusan, y ¿saben qué? Lo volvería a hacer de nuevo, porque actuamos con probidad para el pueblo; que sigan diciendo tonterías”.

Una de las particularidades del proceso es que la empresa Estrella regresa al proyecto pese a haber formado parte del consorcio original junto con H Solís. De acuerdo con información publicada por CR Hoy en octubre de 2025, Ingeniería Estrella S.A. recibió $14 millones tras el finiquito anterior.

El ministro Efraím Zeledón justificó las sumas abonadas: “Los montos cancelados al contratista correspondieron únicamente a obras debidamente ejecutadas, materiales y elementos estructurales prefabricados, costos administrativos debidamente justificados y fundamentados así como ingenierías de valor”.

El Gobierno enfatizó que la distribución en dos contratos pretende evitar que un posible abandono futuro paralice la totalidad del proyecto de nuevo.