Una corte de San Salvador inició una audiencia judicial bajo la figura de “audiencia única abierta”, un formato que permite juzgar colectivamente a presuntos integrantes de pandillas y continuar incorporando nuevos acusados mientras el proceso sigue en marcha.
Esta modalidad, que busca acelerar sentencias y mantener la flexibilidad para añadir más imputados, se desarrolla en el contexto de un régimen de excepción que ha marcado la política de seguridad en El Salvador durante casi cuatro años y ha llevado a la detención de más de 90,000 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El procedimiento se ejecuta ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, según detalló la Fiscalía en declaraciones recogidas por la agencia EFE, y se espera que este juicio concluya en aproximadamente una semana.
Uno de los elementos centrales es la posibilidad de sumar nuevos acusados de la misma organización a medida que avanzan las actuaciones judiciales: “Esta modalidad permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, agilizando las condenas y manteniendo el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica (célula)”, afirmó la Fiscalía General.
Las 58 personas procesadas en este caso pertenecen, según la Fiscalía General de la República (FGR), a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), específicamente a la célula denominada “Hollywood”, y fueron detenidas en el departamento de Chalatenango, al norte del país. Las investigaciones describen distintos rangos de participación dentro de la estructura, desde “homeboys” (líderes), hasta “paros” (miembros colaboradores) y otros colaboradores.
El proceso legal contra este grupo contempla delitos como organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y conducción ilegal de arma de fuego. Según explicó la FGR, estas audiencias colectivas son posibles a raíz de la reforma de 2023 a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada por la Asamblea Legislativa. Esta modificación legal, promovida por la mayoría oficialista, autoriza procesos penales masivos y colectivos orientados a estructuras criminales.
De acuerdo con el protocolo, el fiscal del caso debe proponer al juez cuáles de los imputados comparecen en cada etapa de la audiencia, valorando su pertenencia y jerarquía dentro de la organización. El juez, por su parte, decide sobre la participación efectiva de cada acusado. Así, aunque todos estén implicados en un mismo expediente, su situación procesal puede abordarse en momentos distintos.
El régimen de excepción, controversial por las reiteradas denuncias de violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias de personas consideradas inocentes, ha sido renovado 46 veces desde marzo de 2022 y se considera la piedra angular de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, la cual cumplirá 4 años de vigencia.
La prórroga vigente del régimen extraordinario en El Salvador comenzó el 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de enero de 2026.
Durante la actual gestión, aproximadamente 1,090 días se han reportado sin homicidios, según cifras oficiales. Hasta finales de diciembre de 2025, el gobierno indicó que se efectuaron más de 90,600 detenciones de presuntos integrantes de pandillas.
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