La violencia en el fútbol colombiano empezó a tomarse el fútbol colombiano de la peor manera posible, pues, luego de que se presentaran dos situaciones en Bogotá y Cali, con diferencia de una semana, prendió las alarmas entre aficionados, clubes, directivos y distintas organizaciones.
La Acolfutpro le reprochó al Gobierno nacional por incumplir normas para los partidos profesionales, pese a que casi todas las carteras empezaron a trabajar y conocer el estado de los recursos y gestión de la administración del Gobierno Petro, a la que el presidente Abelardo de la Espriella acusó de irregularidades.
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Por el momento, Santa Fe y América ya están sancionados en Bogotá por los actos de violencia del 22 de agosto, mientras que Deportivo Cali se encuentra a la espera de saber el castigo por los desmanes de su afición en el estadio de Palmaseca el domingo 30 de agosto.
Exigencia al Gobierno nacional
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) exigió al gobierno de Abelardo de la Espriella que aplique de inmediato las leyes vigentes para garantizar la seguridad en los estadios y advirtió que, si los ministerios responsables no actúan, acudirá ante la justicia con una acción de cumplimiento para obligarlos a intervenir.
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El gremio sostuvo que la falta de aplicación de esas normas ha permitido el avance de la violencia en escenarios deportivos de todo el país y puso en riesgo la integridad física de futbolistas, aficionados y trabajadores vinculados a la organización y transmisión de los partidos.
Según el comunicado difundido por la organización sindical, la reclamación se produjo después de varios episodios recientes en la Liga BetPlay, con especial énfasis en las invasiones de hinchas al campo durante los partidos entre Santa Fe y América, en Bogotá, y entre Deportivo Cali y Bucaramanga, en Palmaseca, así como los altercados ocurridos en el partido entre Jaguares y Atlético Nacional, donde se enfrentaron aficionados de una misma barra del club antioqueño.
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La Acolfutpro afirmó que ya ha denunciado en múltiples ocasiones el incumplimiento de obligaciones legales por parte del Estado, en particular en la implementación de sistemas de validación de identidad y en la ejecución de otras disposiciones orientadas a proteger a jugadores, asistentes y al espectáculo deportivo bajo la Ley 1445.
Estas son imágenes de lo ocurrido en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, en el estadio de Palmaseca - crédito Andrés Felipe Muñoz
En el texto, el sindicato señaló: “Hemos constituido en renuencia al Ministerio del Interior y al Ministerio del Deporte, debido al reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones legales”.
La organización agregó: “Denunciamos la omisión de los encargados de estas carteras en la implementación de los sistemas de validación de identidad, así como su falta de acción frente a otras normas que velan por la seguridad, la comodidad y la convivencia en los estadios del país”.
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El punto central del reclamo es directo: los futbolistas profesionales piden garantías inmediatas para poder ejercer su trabajo sin quedar expuestos a hechos de violencia que, según el gremio, pueden prevenirse si se cumplen de forma estricta las normas ya vigentes.
Las normas contra la violencia en el fútbol colombiano
En su comunicado, la Acolfutpro expuso cuatro ejes de exigencia al Gobierno nacional y, dentro de ellos, reclamó el cumplimiento de un paquete normativo concreto: el Decreto 1622 de 2022, el Decreto 1085 de 2015, la Ley 1967 de 2019, el Decreto-Ley 1228 de 1995, la Ley 1270 de 2009, el Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 1152 de 2022.
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El sindicato remarcó en su pronunciamiento: “Los futbolistas requieren garantías inmediatas. No es aceptable que nuestros afiliados deban exponerse en su lugar de trabajo a riesgos de este tipo, que pueden prevenirse mediante el estricto cumplimiento de las normas”.
La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) debió intervenir para recuperar el orden tras los hechos violentos en el campo de juego - crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia
En el mismo aviso, la organización precisó que esta reclamación constituye un requerimiento legal previo y obligatorio. También advirtió que, si el Ministerio del Interior y el Ministerio del Deporte no responden o persisten en el incumplimiento, presentará ante los jueces colombianos una acción de cumplimiento para forzar la aplicación de esas disposiciones.
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