Alerta en Bogotá por reclutamiento y desapariciones: 62 casos ya están bajo investigación de la Fiscalía

El reclutamiento de menores y las desapariciones asociadas a este delito dejaron de ser una preocupación exclusiva de las zonas rurales afectadas directamente por el conflicto armado. En Bogotá, las autoridades ya identifican casos que apuntan a la presencia de estas dinámicas dentro de la capital, una situación que llevó al concejal Julián Sastoque a pedir una respuesta coordinada del Distrito.

Según una consulta realizada por el cabildante al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026 fueron identificadas 62 noticias criminales sobre desapariciones relacionadas con reclutamiento ilícito. Los registros corresponden a personas que pudieron haber desaparecido en contextos de reclutamiento dentro de la ciudad y que, de acuerdo con el análisis, también podrían tener relación con trata de personas.

Las cifras generales de desapariciones muestran otra señal de alerta. Durante todo 2025 Bogotá registró 202 casos, mientras que al 15 de julio de 2026 ya acumulaba 144. Es decir, cuando apenas había transcurrido parte del año, la capital ya reunía el 71% de los casos contabilizados durante los doce meses anteriores. El concejal señaló que los reportes se concentran principalmente en localidades como Usme, Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y San Cristóbal, aunque también se identificaron situaciones en otras zonas de Bogotá.

Para Sastoque, estos datos obligan a revisar la percepción que durante años ubicó el reclutamiento forzado y otros delitos asociados exclusivamente en territorios alejados de las grandes ciudades. La presencia de casos en Bogotá plantea la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y reacción desde las localidades.

La discusión llegará al Concejo de Bogotá con la intención de que la administración distrital construya una respuesta articulada. El llamado estará dirigido a las entidades responsables de seguridad y a aquellas encargadas de la protección de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes.

“Nos acostumbramos a creer que el reclutamiento y la trata son problemas de otras regiones, y estas cifras demuestran que ya están tocando la puerta de Bogotá. No podemos normalizar que en Kennedy o en Usme desaparezcan personas. Voy a exigir en el Concejo que la Administración ponga una respuesta seria sobre la mesa”, precisó Sastoque.

El panorama adquiere mayor relevancia por la naturaleza de los casos analizados. El reclutamiento ilícito obliga a menores de edad a incorporarse a las filas de grupos armados, mientras que la trata de personas constituye otra posible línea de investigación para algunos de los registros relacionados con desapariciones. La información conocida hasta ahora no establece que todos los casos correspondan a una misma modalidad.

Frente a este escenario, existen mecanismos institucionales para reportar hechos que puedan estar relacionados con desapariciones, reclutamiento o trata. La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea 122, mientras que la Policía recibe denuncias a través del 123.

En los casos que involucren menores de edad también está habilitada la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para situaciones relacionadas con trata de personas se encuentra disponible la Línea Nacional contra la Trata, 01 8000 52 20 20, que igualmente recibe mensajes por WhatsApp en el número 321 548 5090.

El planteamiento del concejal busca que la discusión no se quede únicamente en las cifras. Su llamado apunta a que las instituciones identifiquen los lugares donde se presentan los reportes, coordinen las rutas de atención y fortalezcan las medidas de protección para quienes puedan estar en riesgo.

Por ahora, Sastoque espera llevar la situación al Concejo para exigir explicaciones y medidas de la Administración distrital. La alerta se suma a la necesidad de que Bogotá atienda estas problemáticas como fenómenos que también pueden presentarse en la capital y que requieren una respuesta institucional oportuna.