Qué está pasando con el nuevo estadio El Campín: polémica por los nuevos usos y la fecha de entrega

El estadio Nemesio Camacho El Campín atraviesa una de las fases más críticas de su proceso de renovación, en medio de interrogantes sobre la viabilidad de cumplir con el cronograma que prometió un escenario completamente modernizado en diciembre de 2027.

Sencia, empresa concesionaria responsable de las obras, informó a Infobae que solo recientemente obtuvo la licencia para iniciar los trabajos de demolición, a pesar de que el proyecto contempla la entrega de nuevas áreas de servicios, adecuaciones y espacios comerciales en menos de dieciocho meses.

De acuerdo con la documentación oficial y los reportes entregados a este medio, Sencia ha invertido $14.000 millones de pesos en adecuaciones y mejoras de la infraestructura existente. Entre los rubros figuran la renovación de suites, boxes, palcos, el sistema de videovigilancia, la conectividad digital y el mantenimiento especializado de la gramilla.

La empresa sostiene que estas acciones permiten mantener el estadio operativo durante el proceso de transformación, y afirma que su responsabilidad es “cuidar el presente” y garantizar las condiciones para eventos deportivos y culturales.

El estadio, según las cifras de la concesionaria, recibió tres millones de visitantes en el último año y proyecta unos 20 grandes espectáculos y más de 75 partidos de fútbol profesional durante todo el 2026, al tiempo que avanza la modernización.

No obstante, la expectativa de que el nuevo Campín esté listo en 2027 ha sido puesta en duda tanto por fuentes políticas como por usuarios habituales del escenario.

El concejal Leandro Castellanos, en entrevista con Infobae, señaló que el cronograma real del proyecto sigue siendo incierto.

“Nosotros hemos pedido desde esta oficina que se nos haga llegar el cronograma de obra, que no se ha allegado. Tal vez porque no hay avance en la obra, se habla del uno por ciento del avance de obra. Si ese uno por ciento, a hoy, que estamos a puertas de iniciar agosto, es realmente lo que hay, yo no creo que nos dé para el 2027 entregar el escenario a los bogotanos y las bogotanas”, afirmó el concejal.

Castellanos ha denunciado demoras en las obras y falta de información precisa por parte tanto del IDRD como de la concesionaria. El concejal subraya que, aunque existen inversiones y trabajos preliminares, el avance físico real del proyecto es mínimo y el plazo para la entrega total parece poco realista. Además, advierte que, de no cumplirse el cronograma o de no recibir respuestas claras a las solicitudes de información, el Concejo de Bogotá recurrirá a mecanismos de control político y nuevas citaciones a debate para exigir explicaciones.

El cabildante también puso de relieve la preocupación de los clubes de fútbol profesional, principales usuarios del estadio, sobre el acceso, la logística y la prioridad deportiva ante la transformación del recinto.

“A mí me interesa mucho que también se garantice la prioridad para el fútbol, que es la misionalidad del escenario, y que el semestre pasado tuvimos unos inconvenientes ahí bastante complicados. Eso también me interesa mucho, que los clubes se sientan respaldados de que no se les va a alterar y que ellos no van a dejar de ser prioritarios”, agregó Castellanos.

La inquietud del concejal se fundamenta en los antecedentes de retrasos en otros escenarios deportivos de Bogotá, como el caso del UDS y el complejo acuático, donde las demoras y los sobrecostos han afectado a miles de deportistas.

En relación con el estadio, la demolición de edificaciones aledañas y la adecuación de áreas para nuevos servicios comerciales forman parte del compromiso de modernización, pero también alimentan la preocupación entre vecinos, clubes y aficionados, quienes no han visto avances sustanciales en la obra principal.

Extraoficialmente, fuentes cercanas al proceso advierten que la fecha de entrega podría extenderse hasta 2028, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del principal escenario deportivo de la capital.

El desafío de cumplir con los tiempos y las expectativas de la ciudadanía permanece como el principal foco de atención en un proyecto que, por su escala y complejidad, enfrenta retos técnicos, administrativos y políticos.

La Procuraduría citó a conciliación a Sencia y el distrito por los terrenos de El Campín

La Procuraduría General de la Nación citó a conciliación a los principales actores del megaproyecto de renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, tras el reclamo de los herederos de los donantes del terreno, quienes alegan que la nueva obra no respeta la voluntad original de la donación.

Según informó la Revista Cambio, la convocatoria involucra a Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien recientemente adquirió el 51 por ciento de la concesionaria Sencia; a representantes del Distrito Capital; al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y al abogado de los descendientes de Leonilde Matiz de Camacho y Luis Camacho Matiz, familia que cedió el lote en 1936 para la construcción de un escenario deportivo.

La disputa se centra en el alcance del contrato de alianza público-privada firmado a finales de 2023 para la transformación integral del estadio. De acuerdo con revista Cambio, los herederos sostienen que el nuevo proyecto excede la finalidad deportiva original, pues prevé la construcción de áreas comerciales, un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, zonas de coworking, un hotel y otras instalaciones de uso mixto.

El abogado Andrés Forero —representante legal de la familia— afirmó en declaraciones a revista Cambio que “el incumplimiento del contrato de donación modal por parte del Distrito obligaría a que se condenara el incumplimiento y se ordenara devolver los terrenos donados”, ya que, en su criterio, el uso propuesto desvía el propósito de fomento al deporte.

El inicio de las obras, anunciado en marzo de 2026 por el alcalde Carlos Fernando Galán, también ha sido objeto de controversia. Revista Cambio detalló que el acto simbólico de colocación de la primera piedra se realizó cuando el proyecto aún no contaba con una licencia de construcción en firme.

El IDRD explicó que las labores iniciales correspondieron a preparación del terreno, etapa que, según el Instituto, no requería la licencia definitiva. La licencia quedó formalizada a finales de mayo, pero mientras tanto se ejecutaron demoliciones y adecuaciones, lo que motivó una querella de Policía por parte de los herederos.

La audiencia de esa denuncia se celebró el 29 de julio, y la inspectora de Policía ordenó la recolección de pruebas sobre un posible incumplimiento de la normativa urbana. Sencia aseguró a revista Cambio:

“Las actividades preliminares que se han adelantado en el predio y que han incluido demoliciones se han ejecutado cumpliendo todos los requisitos legales”.

La audiencia de conciliación solicitada por los herederos está programada para el próximo 6 de agosto. Según el abogado Forero, la ley colombiana exige agotar esta instancia antes de iniciar un proceso judicial por presunto incumplimiento en contratos de donación con el Estado. La posición definitiva del IDRD aún no ha sido adoptada, aunque la propuesta jurídica del Instituto apunta a no conciliar, con el argumento de que las actuaciones institucionales respetan la legalidad y los contratos deben aplicarse conforme al marco normativo vigente.

Sobre la participación de Sencia, la empresa aclaró ante revista Cambio que “la solicitud de conciliación se relaciona con contratos celebrados entre el Distrito y los donantes del predio donde se desarrolla el proyecto. Sencia no tuvo participación”, y precisó que su representación legal acudirá a la audiencia.

La controversia sobre el nuevo uso del terreno de El Campín revive antecedentes previos, como el acuerdo firmado en 1959 para permitir la construcción del actual Movistar Arena en una zona originalmente donada para fines deportivos.

Mientras tanto, las obras del estadio permanecen detenidas y el próximo 25 de septiembre de 2026 se realizará otra audiencia relacionada con la querella de Policía. El avance del proyecto y el cumplimiento de los plazos fijados para su entrega hacia finales de 2027 continúan bajo incertidumbre, en medio de la disputa legal y administrativa reportada por revista Cambio, y extraoficialmente se comenta que las entregas de la obra se aplazarían para el 2028.