
La Universidad de Medellín pidió al Tribunal Superior de Bogotá, el viernes 20 de noviembre de 2026, priorizar la apelación pendiente en el proceso contra el exsenador liberal Julián Bedoya, al advertir que la acción penal por fraude procesal podría haber prescrito y limitar un pronunciamiento judicial sobre presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado.
La institución, reconocida como víctima dentro del expediente 050016000000201900896-01, sostuvo que el término para investigar ese delito habría vencido el 2 de julio de 2026. Esa fecha responde al cálculo de su representación judicial y no constituye una declaración de prescripción por parte de un tribunal.
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El proceso se relaciona con supuestas anomalías académicas y administrativas que habrían permitido a Bedoya obtener su título profesional y, posteriormente, su tarjeta profesional como abogado.
El excongresista había abandonado sus estudios durante varios años y, tras regresar a la institución en 2018, habría aprobado cerca de 17 exámenes, entre ellos cinco preparatorios, en apenas cuatro jornadas.
Las indagaciones también identificaron presuntas irregularidades en su reintegro a la universidad, actas de evaluación que habrían sido firmadas en blanco y modificadas después, homologaciones cuestionadas y asignaturas aprobadas sin una matrícula debidamente registrada. Las eventuales responsabilidades penales por esos hechos deberán ser definidas por la justicia.
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Juan Camilo Bolaños Pérez, apoderado judicial de la universidad, solicitó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva de fondo el recurso de nulidad planteado por la defensa. La decisión quedó pendiente después de que la Corte Suprema de Justicia anuló una resolución previa del Tribunal y ordenó emitir una providencia debidamente motivada.

La Fiscalía presentó el escrito de acusación el 5 de junio de 2024, cuando el caso estaba a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín. La audiencia de formulación de acusación comenzó el 28 de agosto de ese año y se extendió hasta el 29 de octubre.
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La Corte Suprema de Justicia resolvió el 5 de febrero de 2025 un conflicto de competencia territorial y trasladó el proceso a los jueces penales del circuito de Bogotá. La determinación se basó en que el delito de mayor entidad investigado, el fraude procesal, se habría consumado en la capital colombiana.
El Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá retomó la audiencia de acusación el 19 de mayo de 2025. Durante esa diligencia, la defensa de Bedoya pidió la nulidad por una presunta falta de congruencia entre la imputación y la acusación.

El juzgado negó la solicitud, aunque concedió la apelación presentada por la defensa. El expediente llegó al Tribunal Superior de Bogotá el 31 de julio de 2025 y fue asignado a un despacho de la Sala Penal.
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El 10 de febrero de 2026, el Tribunal declaró improcedente el recurso. La defensa presentó entonces una tutela ante la Corte Suprema, que mediante la sentencia STP 7076-2026, emitida el 10 de marzo, amparó los derechos fundamentales invocados y dejó sin efectos aquella decisión.
La Corte ordenó al Tribunal examinar el recurso y resolverlo con una decisión motivada. La providencia fue comunicada el 21 de mayo de 2026, pero la universidad sostiene que la segunda instancia aún no ha emitido un pronunciamiento de fondo.
El cálculo sobre la prescripción del fraude procesal

La representación de la Universidad de Medellín tomó como referencia una diligencia de indagatoria realizada el 2 de julio de 2020. Según su interpretación, ese acto tuvo una equivalencia funcional con la formulación de imputación debido al tránsito entre regímenes procesales.
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A partir de esa actuación y de la pena máxima prevista para el fraude procesal, el apoderado consideró que el término volvió a correr por seis años. Bajo ese criterio, la acción penal por ese delito habría vencido en julio de 2026.
Bolaños pidió que la jurisdicción avance con rapidez para establecer las responsabilidades que correspondan: “Confiamos en que la justicia le imprima celeridad para que prontamente se pueda conocer finalmente la verdad, se haga justicia si hay lugar, se dé la reparación integral de los perjuicios causados con la conducta punible y sobre todo se garantice la no repetición de un episodio como estos”.
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