
El Colectivo Justicia Racial el 20 de noviembre de 2026 exigió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer la muerte del docente de inglés Cristhian Camilo Lozano Aguirre, ocurrida el 16 de noviembre en el corregimiento de El Recreo, área rural de Pradera, Valle del Cauca.
La organización afirmó que el caso requiere una investigación independiente ante la presunta participación de integrantes del Ejército Nacional.
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El profesor recibió un disparo en el rostro mientras permanecía dentro de una vivienda junto a varios familiares. El comunicado divulgado por el colectivo sitúa el hecho a las 07:45 p. m. y sostiene que el educador fue trasladado con vida a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de la lesión.
El abogado Alí Bantú Ashanti señaló que la defensa considera que el episodio habría involucrado, de manera presunta, a militares. También advirtió sobre posibles maniobras de encubrimiento y pidió protección para quienes puedan aportar información, además de garantías para la conservación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.
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El colectivo pidió que la Fiscalía asuma la investigación
En un comunicado, la organización expresó preocupación por el homicidio del docente y solicitó que la Fiscalía asuma de inmediato la competencia del expediente mediante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
El texto indicó que Lozano Aguirre fue herido mientras estaba en una casa de El Recreo. Según el relato atribuido a su hermano, el familiar lo encontró aún con vida y tuvo que detener un vehículo particular para trasladarlo al Hospital San Roque, ante la ausencia de auxilio por parte de los militares que, según la denuncia, estaban en el lugar.
“Cristhian llegó con vida al centro asistencial”, señaló el colectivo. Sin embargo, el profesor murió después debido a la gravedad del impacto que recibió en el rostro.
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La organización solicitó que las autoridades determinen las responsabilidades de los eventuales implicados y establezcan las circunstancias del procedimiento. También pidió a la Jurisdicción Penal Militar que no conozca el proceso y que el caso permanezca en la justicia ordinaria.
“Exigimos verdad, justicia y reparación”, indicó el pronunciamiento. El colectivo convocó a organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos a acompañar a la familia y respaldar la denuncia.

La solicitud incluye la preservación de pruebas, una indagación sin interferencias y medidas de protección para testigos. Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial del Ejército Nacional sobre los señalamientos consignados en el comunicado.
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La Diócesis de Palmira recordó el vínculo del docente con instituciones educativas
La Diócesis de Palmira y el Seminario Menor Cristo Sacerdote expresaron su solidaridad con la familia de Cristhian Camilo Lozano Aguirre. En su mensaje, la entidad eclesiástica lamentó la muerte del profesor y recordó su trayectoria en el ámbito educativo de la región.
La diócesis explicó que el docente estuvo vinculado años atrás al entonces colegio parroquial La Inmaculada Concepción, en Pradera. También indicó que, desde el 21 de octubre, había comenzado su período de prueba en el área de inglés del Colegio Diocesano de Palmira.
El pronunciamiento hizo un llamado a rechazar la violencia y a proteger la vida. “Nunca, jamás, la violencia trae frutos buenos y duraderos”, sostuvo la institución religiosa.
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La Diócesis de Palmira pidió orar por la paz en Colombia y manifestó que hechos como este deben impulsar una reflexión colectiva sobre el valor de la vida. “Clamemos por la paz en nuestra región”, expresó el comunicado.
La investigación deberá establecer qué ocurrió en la vivienda de El Recreo
Las denuncias conocidas hasta ahora proceden del Colectivo Justicia Racial y de la defensa que acompaña a la familia. La información aportada plantea interrogantes sobre el origen del disparo, la asistencia brindada después del ataque y la eventual presencia de integrantes del Ejército en el sitio.
La Fiscalía deberá determinar si existió participación de agentes estatales, establecer la secuencia de los hechos dentro de la vivienda y definir posibles responsabilidades penales.
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