El presidente Abelardo De La Espriella publicó imágenes del procedimiento, luego del traslado del procesado desde el búnker de la Fiscalía (@ABDELAESPRIELLA/X)
Carlos Andrés Oyola Tovar, investigado por presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia una cárcel de máxima seguridad en Valledupar.
Las imágenes del procedimiento fueron divulgadas por el presidente Abelardo de la Espriella, quien también lo vinculó con señalamientos sobre un supuesto plan para interferir en el sistema electoral durante las elecciones presidenciales de 2026.
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El mandatario informó a través de su cuenta de X que Oyola Tovar es procesado por varios delitos. “Se llevó a cabo el traslado de Carlos Andrés Oyola Tovar, alias ‘El Hacker’, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia Valledupar”, escribió el mandatario.
Además, afirmó que estaría vinculado con la planeación de acciones dirigidas contra el sistema electoral, aunque estos señalamientos no corresponden a los cargos por los que actualmente permanece privado de la libertad.
“Oyola es procesado por su participación en delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal, así como por su vinculación con la planeación de ataques contra el sistema electoral durante las elecciones de este año. ¡En Colombia la ley se cumple sin contemplaciones ni privilegios!”, concluyó el jefe de Estado en su mensaje.
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Oyola fue capturado el 6 de noviembre en Neiva, durante un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.
Según la Fiscalía, el procesado habría participado en una estructura que, entre 2017 y 2023, manipuló registros académicos y financieros de la Unad para modificar calificaciones y facilitar la obtención irregular de títulos universitarios.
Por estos hechos, le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. Oyola no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
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El 13 de noviembre, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviarlo a prisión como medida de aseguramiento. Entre los argumentos expuestos para tomar la decisión se encontraban el posible riesgo de fuga y la eventual influencia de su condición de servidor público en el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con el expediente, al menos 19 estudiantes habrían obtenido títulos sin cumplir los requisitos académicos. Oyola presuntamente habría servido de enlace entre los beneficiarios y personas con acceso interno a los sistemas de la universidad.
Su historial académico habría sido modificado en 46 ocasiones, lo que le permitió obtener los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública. Una irregularidad similar habría sido detectada en su maestría, que no pudo obtener.
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Señalamientos sobre la posible interferencia en las elecciones de 2026

El nombre de Oyola también apareció en documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) divulgados por medios de comunicación, en los que se mencionan presuntas operaciones para acceder a información reservada de entidades estatales y posibles acciones contra los sistemas de la Registraduría Nacional.
Una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo señaló la existencia de un supuesto esquema de inteligencia que habría buscado afectar las elecciones presidenciales de 2026 y vigilar a dirigentes de oposición. Los documentos mencionan posibles infiltraciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Contraloría General de la República.
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Según esas publicaciones, Oyola se desempeñó como asesor de tecnología de la DNI y habría tenido responsabilidades en el desarrollo de una plataforma para concentrar información de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. También se le atribuyó una posible participación en la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers para interferir en los resultados electorales.
Sin embargo, su abogado manifestó que la Fiscalía no le había notificado ninguna investigación contra su cliente por presunto espionaje o sabotaje electoral.

Cabe recordar que el 5 de marzo de 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, denunció ante la Fiscalía un presunto plan para alterar los sistemas informáticos de la Registraduría, que quedó a cargo de la unidad de delitos informáticos.
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Durante la campaña legislativa, Penagos también alertó sobre intentos de ciberataques y suplantación de la página web de la entidad, en los que se habrían detectado hasta 300 direcciones IP conectadas simultáneamente.
La alerta de la entidad señaló, además, un supuesto plan para modificar el mapa de riesgo electoral y los datos del preconteo. Mientras la investigación continúa en proceso, Oyola permanece privado de la libertad por el caso relacionado con las presuntas alteraciones de los sistemas de la Unad.
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