
La Cancillería puso en marcha un proceso de auditoría forense para examinar parte de la contratación realizada durante el gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Fondo Rotatorio, suscribió un contrato por 286 millones de pesos con la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), organización encargada de adelantar las verificaciones con un componente investigativo.
La revisión se concentrará en 52 contratos que la entidad previamente identificó y que fueron celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía entre 2022 y 2024; sin embargo, el alcance del trabajo no se limitará a comprobar el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
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De acuerdo con documentos conocidos por El Espectador, el acuerdo contempla la prestación de servicios profesionales especializados de auditoría forense, con énfasis en la detección de situaciones que puedan requerir atención por parte de la entidad. Las labores tendrán como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026.
Qué revisará la auditoría

El trabajo contratado contempla la recopilación, verificación, análisis y correlación de información proveniente de diferentes fuentes, principalmente relacionadas con los expedientes contractuales, documentos administrativos, registros societarios y datos financieros. También incluye la revisión de los informes elaborados por quienes estuvieron a cargo de la supervisión de los contratos.
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La Cancillería explicó en los documentos preparatorios, conocidos por el medio citado, que el análisis busca establecer si existen elementos que ameriten decisiones o actuaciones posteriores por parte del ministerio. Entre los aspectos que serán examinados están las inconsistencias en la documentación, comportamientos inusuales, riesgos identificados en los procesos y posibles patrones que puedan resultar relevantes.
La auditoría también tendrá como propósito detectar eventuales prácticas contractuales indebidas, riesgos de corrupción, conflictos de intereses, posibles acuerdos entre contratistas y esquemas que pudieran afectar principios como la transparencia de los procesos, la moralidad administrativa, la responsabilidad y la selección objetiva.

La contratación de estos servicios representa, además, un procedimiento que no se había adelantado previamente en la Cancillería ni en su Fondo Rotatorio, según la información consignada por la entidad.
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Además, la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa cuenta con antecedentes en la prestación de servicios relacionados con auditorías e investigaciones para organismos estatales. En la documentación presentada por el Fondo Rotatorio se mencionan contratos y trabajos desarrollados con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de Control Interno de Santiago de Cali.
Ese grupo de especialistas, de acuerdo con la Cancillería, tiene experiencia en el análisis de casos relacionados con delitos contra la administración pública, lavado de activos, corrupción, fraude documental, delitos informáticos y otras conductas que puedan comprometer recursos públicos.
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Cuestionamientos a la administración pública en el Gobierno Petro

El proceso se conoce en un contexto en el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha cuestionado actuaciones y manejos de recursos de la administración que lo antecedió. Parte de esas denuncias fueron recopiladas en el denominado “Libro de la Verdad”, documento que recoge señalamientos sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno Petro.
En ese documento se señala un supuesto desbalance en la estructura de personal de la Cancillería, que tendría 712 cargos de planta y 764 contratos de prestación de servicios. Asimismo, se expone un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, luego de un traslado interno de $45.034 millones, frente a un déficit inicial de $213.460 millones.
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Petro, por su parte, ha rechazado señalamientos sobre irregularidades en sus procesos de contratación. La auditoría que ahora adelantará el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que establecer si se requieran actuaciones adicionales por parte de la entidad.
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