
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó la investigación por el llamado “pacto de caballeros” del fútbol colombiano al concluir que venció el plazo legal para imponer sanciones por presuntas prácticas anticompetitivas en la contratación de jugadores. La decisión beneficia a 16 clubes profesionales, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 18 personas naturales, entre expresidentes de la entidad y directivos de equipos.
La SIC determinó que el último hecho constitutivo de la conducta investigada ocurrió el 2 de julio de 2021. La Ley 1340 de 2009 fija un término de cinco años para que la autoridad ejerza su facultad sancionatoria, por lo que la entidad concluyó que ya no podía castigar a los vinculados.
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El expediente se originó a partir de una denuncia de Acolfutpro, el gremio de los futbolistas colombianos, que alertó sobre un presunto acuerdo coordinado entre clubes y la Dimayor para restringir la libre competencia en el mercado de transferencias.
Multas por más de $ 8.000 millones que quedaron sin efecto
La investigación había derivado en una resolución del 15 de octubre de 2025 que declaró responsables a los clubes y a la Dimayor. Las sanciones superaban los $ 8.000 millones, mientras que la Dimayor recibió la multa más alta entre las seis entidades sancionadas: $3.200 millones.
Según la SIC, la Dimayor habría tenido una participación central en la operación del sistema. Los clubes, de acuerdo con la autoridad, usaban expresiones como “pacto de caballeros”, “llamado ético” y “solidaridad de gremio” para disuadir a otros equipos de contratar a determinados futbolistas.
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Entre los investigados figuraban Alianza F.C. S.A.; Asociación Deportivo Pasto; Club Deportes Tolima S.A.; Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A.; Idbdc Albinegro S.A., antes Club Deportivo La Equidad S.A.; Club Deportivo Real Santander S.A.; Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.; Deportes Quindío S.A.; Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y Envigado Fútbol Club S.A.
La lista también incluía a Fortaleza Fútbol Club S.A.; Leones Fútbol Club S.A.; Once Caldas S.A.; Talento Dorado S.A.; Tigres Fútbol Club S.A.; Unión Magdalena S.A. y la Dimayor.

La imposición de las multas quedó sin efecto luego de que la Corte Constitucional amparara el derecho al debido proceso de la Dimayor. El tribunal concluyó que la SIC no se había pronunciado expresamente sobre la admisibilidad de un dictamen pericial forense que la entidad había presentado en sus descargos.
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El mensaje sobre Jeison Medina que fijó el último hecho investigado
El fallo constitucional no resolvió de fondo la responsabilidad de los investigados, pero ordenó que la actuación regresara a una etapa anterior. La entonces superintendente Cielo Rusinque presentó una acción de nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, respaldada por Acolfutpro, que además cuestionó la imparcialidad de uno de los magistrados que integró la sala que emitió la sentencia.
La nueva revisión del expediente quedó a cargo de María Rocío Cortés Vargas. La SIC retomó el trámite, estudió la solicitud de prueba pericial y la rechazó por considerarla inconducente e inútil, señaló El Tiempo.

El hecho que la entidad tomó como último acto de la conducta ocurrió el 2 de julio de 2021, cuando Óscar Armando Casabón Rodríguez, entonces presidente del Deportivo Pasto, envió una comunicación a varios presidentes de clubes profesionales y al presidente de la Dimayor sobre la situación del futbolista Jeison Medina Escobar.
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La resolución cita el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009: “Esta caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta o desde el último hecho constitutivo de la misma”. Contra la decisión procede un recurso de reposición dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación.
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