
La extorsión que se origina dentro de las cárceles exige cerrar varias vías al mismo tiempo: el uso de celulares, las transferencias de dinero y la circulación de contenidos en redes sociales. Esa fue una de las líneas centrales de la intervención del ministro de Justicia, Iván Cancino, ante el Senado este 17 de noviembre de 2026, donde presentó acciones para enfrentar las actividades ilegales que se coordinan desde los centros penitenciarios.
Durante el debate, el funcionario planteó que la respuesta debe involucrar a las empresas de telefonía, las entidades financieras y las plataformas digitales, con las que el Gobierno ya inició conversaciones. A esas medidas se suman cambios en la ubicación de futuras prisiones y proyectos de infraestructura que, según anunció, seguirán adelante.
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En la discusión con la congresista Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, Cancino cuestionó las cifras de reincidencia de 70% u 80% mencionadas en la discusión. Aseguró que los registros del Ministerio muestran un 25,4%, aunque reconoció que sigue siendo elevado: “No deberíamos pasar en un sistema fuerte y eficiente de un dígito. De hecho, el deber ser es que existiera cero reincidencia”.
Controles a celulares, bancos y redes sociales
Una de las acciones que el ministro espera acelerar es la identificación y cancelación de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar. Según explicó, las depuraciones pasaron de realizarse cada mes a hacerse cada quince días, y la siguiente meta consiste en repetir el procedimiento semanalmente. “Encontramos que se hacían las depuraciones mensualmente, ya se hacen quincenalmente y la meta es hacerlas cada ocho días”, señaló.
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Según dijo, cuando las autoridades reportaban 100 líneas, los operadores solo dejaban inactivas hasta el 30%. También señaló que “la línea reportada correspondía a un funcionario del Inpec”. Propuso cancelar las tarjetas identificadas, tengan o no contrato pospago. Advirtió, además, que “habrá multas para entidades prestadoras de telefonía” que no colaboren con la estrategia.
También pidió al sector bancario impedir que las plataformas de transferencias se utilicen para pagar extorsiones. “Frente a eso vamos a tener resultados medibles”, afirmó. El ministro confirmó reuniones con plataformas digitales para abordar delitos coordinados desde las prisiones. “Nos hemos reunido ya con Meta, con TikTok, no solo para la extorsión, sino el reclutamiento de menores de edad desde las cárceles”.
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Sobre los controles físicos, anunció más inspecciones en los establecimientos. “se incrementarán los raqueteos”, dijo, en referencia a los operativos para detectar teléfonos, estupefacientes y posibles actos de corrupción que facilitan su ingreso. La intención es que estas intervenciones se realicen con mayor frecuencia que una vez al mes.
El debate abordó las denuncias públicas sobre la crisis carcelaria del país. El ministro presentó estas propuestas como parte de una estrategia que combina decisiones administrativas y coordinación con actores externos. En su intervención no detalló fechas para la aplicación de todas las medidas ni precisó cuántas líneas telefónicas han sido canceladas hasta ahora. Tampoco entregó un cronograma para las nuevas construcciones penitenciarias.
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Nuevas cárceles y alternativas de infraestructura
Cancino señaló que la ubicación de los centros penitenciarios representa otra dificultad para aplicar medidas de seguridad. “La mayoría están ubicadas en el centro urbano y eso ya tiene un grave problema frente a muchas medidas”, sostuvo. Aseguró que, por instrucción presidencial, las nuevas cárceles estarán fuera de los perímetros urbanos, lo que facilitará el uso de inhibidores de señal.
Afirmó que el Gobierno continuará las obras iniciadas por administraciones anteriores. “no es momento de analizar el espejo retrovisor”, expresó. Entre las entregas previstas mencionó la cárcel de Riohacha, que estaría lista este año, y la de Sabanas de San Ángel, cuya entrega, indicó, se produciría próximamente.
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El ministro también informó que “hay 235 sanciones para funcionarios del Inpec” relacionadas con los asuntos expuestos durante el debate. No entregó más detalles sobre esas medidas. En cuanto a la propuesta de un buque cárcel, Cancino aseguró que “el buque cárcel va”. Señaló que hay avances con Defensa y que habló dos veces con la Defensoría. Aseguró que la propuesta contempla garantías y derechos humanos.
Finalmente, se refirió a las megacárceles anunciadas durante la campaña del presidente Abelardo de la Espriella. Según Cancino, “pronto el señor presidente hará el anuncio de la estructuración y dónde quedarán”. Admitió que “plata no hay”, por lo que el Gobierno estudia mecanismos como las asociaciones público-privadas y el derecho de superficie. Para ello, se requiere avaluar e inventariar los bienes de la Nación que están ociosos.
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