La denuncia de María Fernanda Carrascal apunta a obligaciones pendientes de la firma por IVA y retenciones en la fuente de De La Espriella Lawyers Enterprise SAS (firma de abogados del presidente Abelardo de la Espriella) (@MafeCarrascal/X)
La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, denunció en su momento un posible conflicto de interés entre Andrés Felipe Velásquez Reyes, actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y la misma entidad.
De acuerdo con la congresista, el abogado representó a De La Espriella Lawyers Enterprise SAS (firma de abogados del presidente Abelardo de la Espriella) en una solicitud de facilidad de pago que se hizo a la Dirección de Impuestos. Después de hacer esa solicitud, el jurista asumió la dirección de la entidad tributaria.
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La denuncia de María Fernanda Carrascal apunta a obligaciones pendientes de la firma por IVA y retenciones en la fuente correspondientes a distintos períodos de 2025 y 2026. Según la información recibida por la congresista, la deuda rondaba los $1.300 millones.
El 22 de junio, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia —en la que De la Espriella ganó con casi 13 millones de votos—, y a las 4:00 p. m., De La Espriella Lawyers Enterprise SAS solicitó una facilidad de pago ante la Dian. Cuatro días después, el 26 de junio de 2026, Lilian María Pineda Aruachán, representante legal suplente de la empresa y hermana de la primera dama, Ana Lucía Pineda, otorgó un poder especial a Velásquez Reyes para gestionar el trámite.
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El abogado presentó formalmente la solicitud el 3 de julio, en representación de la firma. Cuatro días después, la Dian habría formalizado una facilidad de pago por 12 meses, de acuerdo con la denuncia de Carrascal.
Así las cosas, la congresista cuestionó que Velásquez Reyes hubiera actuado como apoderado de la firma ante la autoridad tributaria y luego fuera designado al frente de esa misma entidad. Pues, el Gobierno lo nombró director el 11 de agosto y tomó posesión al día siguiente.
“¿Qué ocurrió con las obligaciones tributarias de su firma? ¿Y por qué el abogado que le gestionó un acuerdo de pago exprés ante la Dian terminó dirigiendo esa misma entidad?”, planteó Carrascal. También preguntó por qué la empresa no habría pagado las declaraciones de IVA y retención que ella misma reportó, si la situación coincidió con meses de campaña política y cuál fue el destino de los recursos cobrados por IVA a sus clientes.
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A su juicio, el vínculo entre los intereses económicos del presidente y la autoridad tributaria exige explicaciones sobre independencia institucional, transparencia y posibles conflictos de interés.
La respuesta de la Dian ante la denuncia de María Fernanda Carrascal
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respondió en un comunicado a la información revelada por Carrascal y aseguró que el acuerdo fue aprobado por funcionarios de la administración anterior (por los jefes de área de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá) y que su actual director no tiene competencia para autorizar ni revisar esos expedientes.
“El director actual de la Entidad, Andrés Felipe Velásquez Reyes, tomó posesión del cargo el 12 de agosto de 2026. Por lo cual, desde este día ha ejercido las funciones de dirección de la Entidad (Art. 8 Decreto 1742 de 2020) y sslo desde ahí se empezó a conformar el equipo directivo que lo acompaña”, precisó.
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De igual manera, la entidad afirmó que las facilidades de pago no son aprobadas ni revisadas por el director general, sino por otros funcionarios de las direcciones seccionales de impuestos. Esa distribución de funciones está contemplada en el artículo 70 del Decreto 1742 de 2020, que asigna a esas dependencias la suscripción de los actos administrativos necesarios para acuerdos y otras facilidades de pago.
Asimismo, indicó que el trámite está protegido por una reserva legal especial debido a que se encuentra en etapa de cobro. El artículo 849-4 del Estatuto Tributario establece que los expedientes de las oficinas de cobranzas “solo podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente”.
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Bajo esa reserva se incluyen las solicitudes, poderes, garantías, actos de concesión, estado de cuotas y actuaciones por eventuales incumplimientos. En ese sentido, esos documentos solo pueden ser conocidos por las personas autorizadas en la norma y no por terceros.
La entidad reiteró que las solicitudes de facilidades de pago se ajustan a las reglas establecidas y son sometidas a criterios normativos, técnicos y procedimentales. “En la Dian los contribuyentes y usuarios son nuestra prioridad. En consecuencia, todas las solicitudes son objeto de evaluación bajo los mismos criterios normativos, técnicos y procedimentales, garantizando los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y objetividad que rigen la actuación administrativa”, añadió.
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