
El gerente ad honorem del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, propuso eximir durante cinco años del impuesto predial a los inmuebles afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, como parte de un paquete de incentivos tributarios y urbanísticos para acelerar la reconstrucción.
La medida no está vigente: es una iniciativa del funcionario que, para concretarse, requeriría decisiones de las autoridades territoriales en cada municipio o departamento.
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Por ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella no ha aprobado una exención general de cinco años del impuesto predial para los inmuebles dañados por el sismo. Como es sabido, los decretos de emergencia ya facultaron a los concejos municipales y las asambleas a conceder exenciones del predial y del impuesto de industria y comercio (ICA) a personas y establecimientos cuyos inmuebles o unidades productivas sufrieron daños directos.
Henao dijo que la reconstrucción exige mecanismos fiscales que alivien la carga de los damnificados y redirijan recursos hacia las ciudades más golpeadas. La propuesta contempla a familias propietarias de viviendas, incluidos hogares de estratos 4 y 5 en Pereira y otros municipios afectados. “Necesitamos generar incentivos rápidos y tributarios, como cinco años exentos de predial, e incrementar la edificabilidad”, anotó a La FM.
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Incentivos urbanísticos para financiar la reconstrucción
El aumento de la edificabilidad figura como la otra herramienta para financiar las obras sin desplazar a los residentes de sus barrios. El funcionario planteó la posibilidad de sustituir edificaciones de cuatro pisos por proyectos de hasta doce plantas, de modo que los nuevos espacios contribuyan a cubrir la recuperación de las viviendas dañadas.
La revisión del banco de proyectos será una de las primeras tareas de la nueva administración, con el propósito de establecer cuáles iniciativas tienen mayor urgencia y madurez técnica. Fijó como meta “conformar un primer paquete de intervenciones de rápida ejecución que incluya vivienda, educación, salud y servicios públicos”.
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Para el sector educativo, Henao anunció una alternativa distinta a la construcción convencional. “En educación aplicaremos tecnologías modulares eficientes de rápida ejecución”, detalló. La medida busca acelerar la reposición de infraestructura mientras avanzan las intervenciones de mayor alcance.
La emergencia presiona la respuesta institucional: el terremoto de magnitud 7,4 dejó más de 300 personas muertas y cerca de 4.000 heridos, a lo que se suman las demoras en la entrega de ayudas y los reclamos de familias y empresarios que aún esperan soluciones para recuperar viviendas, negocios y actividades económicas.
El Fondo Milagro, bajo presión por su baja ejecución
Luis Felipe Henao llegó al Fondo Milagro sin remuneración, tras la salida de Jaime Andrés Uribe en medio de controversias por los altos salarios de los funcionarios. El nuevo gerente indicó que mantendrá una planta reducida y evitará convertir la entidad en una estructura permanente creada para una emergencia puntual.
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La operación se apoyará en instituciones ya existentes: el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y los ministerios de Trabajo, Salud y Educación. Con esa coordinación, el Fondo busca acelerar decisiones administrativas y jurídicas sin ampliar su burocracia.
El desafío financiero parte de una ejecución de apenas 1,2% de los $624.000 millones disponibles.
La gestión saliente también quedó cuestionada por una nómina mensual cercana a $765.000.000, que el presidente De la Espriella desautorizó. Sobre el destino de los recursos, Henao fue categórico: “Cada centavo y cada peso que llegue al Fondo Milagro vaya a las víctimas del terremoto del 10 de agosto”.
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Controles a la contratación y al destino de los recursos
Henao anunció que solicitará el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y Transparencia por Colombia en los procesos de contratación. Las obras deberán ejecutarse a precios de mercado y las tablas de costos para construcciones y demoliciones tendrán acceso público.
Vinculó la velocidad de la reconstrucción con la vigilancia sobre cada contrato: “La celeridad no puede ser sinónimo de opacidad”. El objetivo es que los recursos permitan a las familias recuperar sus viviendas y a los empresarios reactivar sus negocios y volver a contratar trabajadores.
La propuesta de construir en mayor altura apunta a que la reconstrucción no expulse a quienes perdieron sus hogares. Si los nuevos proyectos generan recursos suficientes, los barrios afectados podrán rehacerse sin obligar a sus residentes a empezar de nuevo en otro lugar.
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