
La Fiscalía General de la Nación imputará al fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, Óscar Augusto Toro Lucena, por el delito de prevaricato por acción en un proceso relacionado con la administración pública.
La audiencia fue programada para el jueves 19 de noviembre, a las 2:30 p. m., ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado Felipe Mendoza Rojas ejercerá las funciones de control de garantías durante la diligencia.
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El registro de la Rama Judicial indica que la citación responde a una solicitud de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El auto que fijó la audiencia fue emitido el 4 de noviembre de 2026.
Hasta el momento, no se han conocido los hechos específicos que sustentan la investigación ni la decisión que habría motivado la imputación. La diligencia permitirá que la Fiscalía exponga los elementos con los que vincula al funcionario al proceso.

El fiscal tiene competencia sobre funcionarios con fuero regional
Toro Lucena ocupa el cargo de fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, una posición superior a la de fiscales especializados, seccionales y locales dentro de la Fiscalía.
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Entre sus funciones se encuentra investigar y acusar a jueces, fiscales de menor rango y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que cuenten con fuero regional. También resuelve apelaciones y quejas contra decisiones de fiscales seccionales y especializados.
El funcionario ha trabajado en la Dirección Seccional Guainía-Vaupés y en la Fiscalía Sexta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Además, fue representante de los funcionarios ante la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía y profesional de la Personería de Bogotá.
En la década de 1990 integró el grupo de fiscales sin rostro que investigó el Proceso 8.000 y al Cartel de Cali. La audiencia de imputación permitirá establecer los detalles de la investigación en su contra.
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Proceso 8.000

El Proceso 8.000 fue una investigación judicial y política que sacudió a Colombia en la década de 1990. El caso examinó el ingreso de dineros del narcotráfico, atribuidos principalmente al Cartel de Cali, a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano en 1994.
Su nombre provino del número de un expediente de la Fiscalía relacionado con pagos y vínculos entre integrantes del cartel y figuras públicas. La investigación tomó fuerza tras la divulgación de los llamados narcocasetes, grabaciones en las que se hablaba de aportes del grupo criminal a campañas electorales. Después aparecieron documentos, registros contables y testimonios que ampliaron las pesquisas.
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El entonces fiscal general, Alfonso Valdivieso, impulsó las investigaciones sobre la financiación de la campaña de Samper. El proceso involucró a dirigentes políticos, funcionarios y personas que participaron en la estructura electoral del mandatario.

Entre los principales procesados estuvieron Santiago Medina, tesorero de la campaña, y Fernando Botero Zea, quien fue jefe de debate y luego ministro de Defensa. Ambos fueron vinculados judicialmente por el ingreso de recursos ilícitos: Medina fue condenado por enriquecimiento ilícito y Botero Zea recibió una condena tras aceptar cargos relacionados con enriquecimiento ilícito y falsedad documental.
El expresidente Samper sostuvo que desconocía el origen ilegal de los recursos y afirmó que, si esos dineros llegaron a su campaña, lo hicieron “a sus espaldas”. Varios de sus colaboradores, entre ellos Medina y Botero Zea, aseguraron que sí existía conocimiento dentro de la campaña sobre los aportes del Cartel de Cali.
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La Fiscalía no podía investigar penalmente de forma directa al presidente debido a su fuero constitucional. Por esa razón, remitió las actuaciones a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de analizar denuncias contra el jefe de Estado.
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