
Inicia la recta final del primer periodo legislativo del Congreso de la República elegido popularmente a inicios de 2026 y desde ya se sabe que algunos de los legisladores le estarían apostando a aprobar unas 16 leyes antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias por cuenta de la temporada de Navidad y Año Nuevo.
La prioridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella es la ley de rescate económico, diseñada para ajustar las finanzas públicas y reducir la operación estatal mediante el cierre o la venta de entidades.
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El trámite legislativo entra en su último mes desde el martes 17 de noviembre, con proyectos económicos, reformas constitucionales y normas de seguridad aún pendientes de debate. La falta de ponencias, los requisitos de varias iniciativas y los cambios en las propuestas oficiales ponen en riesgo parte de la agenda antes del cierre de las sesiones.
La ley de ajuste fiscal dejó atrás uno de sus principales obstáculos después de que el presidente retirara la propuesta de gravar productos de la canasta familiar, entre ellos café, azúcar y la mayoría de las frutas. El Gobierno también descartó nuevas cargas de IVA para el sector agropecuario.
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“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó De la Espriella durante el balance de sus primeros 100 días de mandato.
El mandatario señaló que había pedido proteger la canasta básica, aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraban inicialmente inviable esa instrucción. La propuesta fue ajustada para sostener la meta de recaudo con un mayor esfuerzo del Estado.
Presupuesto, regalías y proyectos en espera
Las comisiones económicas aprobaron en primer debate el presupuesto bianual de regalías para 2027 y 2028 por $ 27,54 billones, una reducción de 11% frente al bienio anterior. El proyecto aún debe superar el segundo debate.
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Esas comisiones también avalaron una adición de $ 3,8 billones al presupuesto de 2026 para cubrir compromisos surgidos del terremoto del 10 de agosto y de la crisis energética en el Caribe. La iniciativa se encuentra pendiente de discusión en una segunda instancia.
El Congreso aprobó un Presupuesto General para 2027 de $ 634,95 billones, pero el Gobierno tuvo que expedirlo por decreto debido a un vicio en el trámite legislativo. Como consecuencia, quedaron por fuera cerca de $ 3 billones destinados a salud, además de recursos adicionales para educación y subsidios de energía y gas.
El estatuto antitrámites superó las comisiones sextas conjuntas y pasó a las plenarias. La norma busca simplificar la creación de empresas, el registro de propiedades y los trámites urbanísticos.
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El 4 de noviembre fue sancionada la Ley 2640, que establece un marco para el sometimiento de actores armados ilegales y el desmantelamiento de estructuras criminales. Esa norma ya forma parte de los avances legislativos del Gobierno.
La reforma constitucional conocida como ley antimermelada fue radicada el 15 de octubre por el exministro Rodrigo Lara. El proyecto exige ocho debates en dos vueltas, cuatro en cada legislatura, y no había entrado en la agenda de las comisiones primeras ni contaba con ponentes antes del vencimiento del plazo.
El Estatuto Antiterrorista, anunciado por De la Espriella, todavía no había sido radicado. El cambio de ministro del Interior y la falta de un respaldo amplio en el Congreso demoraron la presentación de una iniciativa que requiere consenso político.
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También permanece sin radicar la propuesta para convertir a Barranquilla en capital alterna de Bogotá. El presidente ha despachado desde su ciudad de residencia como señal de descentralización y de presencia de la Presidencia en las regiones.
Dos reformas constitucionales relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz enfrentan el límite del calendario. Una plantea que la JEP finalice en 2028 y no extienda su vigencia hasta 2033; fue promovida por el abelardista Enrique Gómez, aprobada en la Comisión Primera del Senado y debía debatirse en plenaria antes de pasar a la Cámara para dos votaciones adicionales.
La otra iniciativa, impulsada por el uribismo, pretendía que la justicia ordinaria revisara fallos de la JEP en los que se mencionara a militares. El proyecto quedó hundido por falta de tiempo, al igual que una enmienda que buscaba impedir que quienes hubieran sido alcaldes de Bogotá aspiraran a la Presidencia en el período inmediatamente posterior a su salida de la Alcaldía.
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