
Indira Isabel Molina Ariza, hoy magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dejó consignadas ante autoridades varias alertas sobre actuaciones dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de abandonar la entidad, de la que hizo parte en el Gobierno de Gustavo Petro; administración que afronta el escrutinio público.
Según reveló El Tiempo en la jornada del martes 17 de noviembre, sus compulsas de copias abarcaron la adquisición de un dron por $ 9.000 millones que terminó siniestrado en Catatumbo, además de otros negocios bajo revisión y el expediente de Carlos Oyola, señalado en el caso del supuesto hacker vinculado a la institución.
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Molina, que fue inspectora de la DNI desde diciembre de 2022, integra ahora el tribunal capitalino y su paso hacia la magistratura coincidió con una etapa de cuestionamientos por decisiones administrativas y operativas tomadas en la entidad durante el pasado Gobierno, que contienen serios cuestionamientos sobre el papel en la entidad.

Traslado de copias incluyeron el caso del dron accidentado en Catatumbo
Fuentes consultadas por el diario indicaron que Molina remitió información a organismos competentes luego de sus indagaciones internas. Uno de los asuntos fue la compra de una aeronave no tripulada cuyo valor ascendió a $ 9.000 millones y que, de acuerdo con revelaciones previas, se accidentó en la región del Catatumbo.
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De esta manera, el alcance de las compulsas también comprendió presuntas irregularidades en otros contratos y actuaciones de la DNI. La información recopilada por la entonces inspectora habría quedado en conocimiento de René Guarín, último director de la entidad en la administración Petro, y que afronta duros cuestionamientos.
De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, Guarín utilizó parte de los documentos y datos reunidos por Molina para elaborar un informe sobre el estado de la institución, aunque no se conocieron detalles sobre el contenido puntual de ese reporte ni sobre las decisiones que adoptaron las autoridades tras recibir las copias.
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Expediente de Carlos Oyola quedó entre los temas que revisó la exinspectora
Otro de los asuntos sobre los cuales Molina entregó información fue el caso de Carlos Oyola, vinculado en las pesquisas a un supuesto esquema de actividades informáticas dentro de la DNI. Las fuentes no precisaron qué hechos concretos fueron trasladados a los investigadores ni si existe una decisión judicial o disciplinaria derivada de esa remisión.
Según se conoció en el reporte periodístico, la exinspectora tuvo un papel relevante dentro de los mecanismos de control interno de la entidad. Por esa razón, sus hallazgos al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia podrían aportar elementos para esclarecer qué personas conocieron las alertas y cuál fue el trámite que se dio.
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Las pesquisas en la entidad incluyen a antiguos directivos y funcionarios que tuvieron acceso a información reservada. Entre los nombres mencionados en las revisiones efectuadas figura Manuel Casanova, quien dirigía la entidad cuando Molina llegó en diciembre de 2022, además de Carlos Ramón González y Jorge Arturo Lemus.

Funcionaria de la DNI buscó reportar sus hallazgos en la Casa de Nariño
Las mismas fuentes citadas por El Tiempo afirmaron que la entonces inspectora acudió en varias ocasiones a Casa de Nariño con el propósito de informar sobre los resultados de sus revisiones al presidente Petro. Sin embargo, señalaron que no logró superar algunos filtros para reunirse con el entonces mandatario, con el que no pudo hablar.
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Según esa versión, Molina requirió la intervención de terceros para que aceptaran su renuncia a la DNI y pudiera asumir su nueva responsabilidad en el Tribunal Superior de Bogotá, aunque no se especificó qué funcionarios participaron en esas gestiones ni las razones formales que rodearon su salida de la entidad encargada de la inteligencia.
La magistrada ya había aparecido en el debate público en junio de 2024. En esa oportunidad certificó que la DNI no había adquirido equipos destinados a interceptaciones, después de denuncias de magistrados de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre posibles seguimientos ilegales.
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Trayectoria incluye cargos judiciales en el Tolima
Antes de llegar a la inteligencia estatal, Molina Ariza construyó su carrera en la Rama Judicial. Según su experiencia laboral, la hoy magistrada del tribunal bogotano ejerció como jueza promiscuo municipal en distintos municipios de Tolima, en el periodo entre 2012 y 2018. Ese año asumió como Juez Primero Penal del Circuito de Ibagué.
La información conocida abre la posibilidad de que las autoridades requieran su testimonio para establecer el origen, el contenido y el destino de las compulsas remitidas durante su gestión, que podrían ayudar a desenredar los escándalos que hoy salpican a la Dirección Nacional de Inteligencia en la gestión de Petro, que está en entredicho.
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