Eliminación del IVA a la canasta familiar sería aprovechado por el Gobierno para sacar adelante otros impuestos, denunció congresista: “Más aportes de la clase trabajadora”

Santiago Osorio, ponente del proyecto de ley de rescate, recordó que la iniciativa contempla aumentos graduales en el aporte para quienes superen determinados niveles de ingreso

Santiago Osorio, representante a la Cámara, señaló que "Abelardo de la Espriella quiere que los colombianos le agradezcamos por retirar el IVA a los alimentos que su propio Gobierno pretendía gravar" - santiagoosoriom/Instagram

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El representante a la Cámara Santiago Osorio, de la Alianza Verde, cuestionó varios puntos del proyecto de ley de rescate económico promovido por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El congresista sostuvo que el anuncio de retirar el impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta familiar deja intactas disposiciones que elevarían la carga sobre trabajadores e independientes, reducirían tributos a empresas y facilitarían la venta de activos estatales.

Osorio, designado como ponente de la iniciativa en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, difundió un pronunciamiento en redes sociales horas después de la alocución presidencial del domingo 15 de noviembre, cuando De la Espriella anunció que su administración ajustará la propuesta para no gravar alimentos de la canasta básica ni insumos agropecuarios.

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“No es un regalo del señor Abelardo, lo derrotamos políticamente”, afirmó el congresista. También atribuyó el cambio a la oposición expresada en el Congreso de la República y a las movilizaciones convocadas contra la medida.

Ley de rescate mantendría cambios en renta y aportes a salud

Como se recordará, el proyecto de ley fue radicado el 29 de octubre ante el Congreso y reúne cambios tributarios, laborales, fiscales y administrativos. El Ejecutivo plantea que la iniciativa permita atender el déficit de las finanzas públicas, reducir gastos del Estado y financiar necesidades de salud y presupuesto.

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El Gobierno de la Espriella había planteado en un principio gravar los productos de la canasta familiar con 19% del IVA - Colprensa

Uno de los cuestionamientos de Osorio se concentra en el esquema de cotizaciones a salud. El proyecto prevé que los empleados que ganen más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes pasen de aportar el 4% de su ingreso a tarifas escalonadas. Para quienes reciben entre más de dos y cuatro salarios mínimos, la cotización subiría al 5%. La tarifa aumentaría de forma progresiva hasta llegar al 8% para los ingresos de más de 20 y hasta 25 salarios mínimos. Los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos mantendrían el aporte del 4%.

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“Si usted gana cerca de $3.000.000, usted va a pagar impuestos”, señaló Osorio. Sin embargo, el valor exacto a partir del cual operan los ajustes depende del salario mínimo vigente y de la base gravable de cada contribuyente.

Además, la propuesta también elevaría la cotización de salud de los trabajadores independientes, que pasaría del 12,5% al 15,5%. En los regímenes especiales, como los de integrantes de la Fuerza Pública y docentes del magisterio, el proyecto contempla aumentos graduales en el aporte para quienes superen determinados niveles de ingreso.

Debido a ello, el representante cuestionó que estas medidas se presenten junto con una reducción de la tarifa general de renta corporativa. “Más renta, más impuesto al consumo y más aportes por parte de la clase trabajadora”, expresó al citar un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, al que se refirió como el “triple combo”.

Asimismo, puntualizó que la iniciativa crea un tramo de renta del 9% para las personas con una renta líquida gravable superior a 720 unidades de valor tributario (UVT). Con la UVT de 2026 ($52.374), ese límite equivale a cerca de $37,7 millones al año. La obligación no se calcula sobre el total del salario, sino sobre la renta líquida gravable, luego de aplicar las deducciones y rentas exentas que establezca la ley.

Baja gradual de la renta empresarial

El proyecto propone reducir la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Para Osorio, esa decisión traslada una parte del esfuerzo fiscal a los trabajadores y consumidores. “La renta de los empresarios de Colombia va a bajar del 35% al 33%”, afirmó el congresista, quien estimó que la medida implicaría un menor recaudo para el Estado. El impacto fiscal definitivo dependerá de las proyecciones del Ministerio de Hacienda y de las modificaciones que tenga el texto durante su trámite legislativo.

Además, la reforma también modifica la sobretasa del sector financiero. Los bancos, aseguradoras y otras entidades con renta gravable superior a 120.000 UVT pagarían una tarifa total del 38% en 2027 y del 36% entre 2028 y 2030, de acuerdo con los análisis publicados sobre el proyecto.

Por otro lado, en materia patrimonial, la iniciativa eleva el umbral para pagar el impuesto al patrimonio de 72.000 UVT a 95.500 UVT. Con el valor de la UVT de 2026, el cambio representa pasar de un patrimonio líquido cercano a $3.770 millones a alrededor de $5.000 millones. El gravamen tendría vigencia entre 2027 y 2030.

El congresitas apuntó que la modificación representa un alivio para los patrimonios más altos. “Esto es una maravilla para los ricos de Colombia”, dijo. El articulado también incluye un régimen de estímulo para inversiones productivas, uno de los puntos que ha generado debate entre sectores políticos y económicos.

Artículo sobre activos estatales abrió otra discusión

Santiago Osorio centró otra parte de su intervención en los artículos 11 a 15, que crean un programa de movilización, enajenación y optimización de activos del Estado. La medida ordena a entidades nacionales identificar bienes y derechos que no requieran para cumplir sus funciones y remitir la información al sistema administrado por la Central de Inversiones S. A. (Cisa).

Del Congreso de la República dependerá el futuro de la ley de rescate o reforma tributaria del Gobierno De la Espriella - Nathalia Angarita/Reuters
Del Congreso de la República dependerá el futuro de la ley de rescate o reforma tributaria del Gobierno De la Espriella - Nathalia Angarita/Reuters

Dentro de los activos que podrían ser revisados figuran:

  • Inmuebles.
  • Bienes.
  • Participaciones accionarias.
  • Derechos económicos.
  • Propiedad intelectual.
  • Otras posiciones jurídicas de entidades públicas.

El proyecto propone mecanismos para transferir esos activos a Cisa y avanzar en su monetización. Osorio advirtió que el artículo podría abrir la puerta para privatizar empresas estatales. “La joya de la corona, Ecopetrol, ISA, empresas que son la joya de la corona del Estado colombiano, pues se la van a vender”, afirmó.

No obstante, el texto conocido del proyecto se refiere a bienes que las entidades no necesiten para el ejercicio de sus funciones. No identifica de forma expresa a Ecopetrol ni a ISA como activos sujetos a una eventual enajenación. Cualquier operación sobre participaciones estratégicas del Estado requeriría el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables y el debate político correspondiente.

La discusión de la Ley de Rescate Económico comenzará en las comisiones económicas del Congreso. Osorio anticipó que presentará propuestas alternativas y anunció que dará “la pelea artículo por artículo” durante el trámite.

Debate sobre la financiación de la ley de rescate

Por su parte, el exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Christian Quiñonez, sostuvo que la decisión anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella de excluir del IVA a los productos de la canasta familiar abre un debate sobre la financiación de la medida. “La propuesta del IVA de ley de rescate era técnicamente correcta, pero políticamente ya había nacido muerta”, afirmó.

(Banco de la República)
Con la ley de rescate se busca reducir el déficit fiscal de Colombia, que estaría cerca del 9% del PIB - Banco de la República

Quiñonez señaló que la iniciativa oficial para ampliar la base gravable del impuesto proyectaba cerca de $40 billones de recaudo entre 2028 y 2030. De ese monto, calculó un recaudo neto de unos $20 billones, debido a una devolución prevista en la propuesta, que cifró en $20 millones.

Según explicó, la eliminación del IVA para los alimentos no tendría un efecto directo sobre el presupuesto de 2027, ya que las disposiciones comenzarían a operar en 2028. El impacto se concentraría entre 2028 y 2030, cuando el Gobierno esperaba reducir el nivel de deuda para ajustarse a la regla fiscal. “El hueco no va a aparecer en 2027, sino en 2028”, advirtió Quiñonez. A su juicio, el Ejecutivo deberá precisar qué fuente de recursos utilizará para reemplazar los ingresos que dejaría de percibir y mantener la senda de reducción de la deuda pública.

También se refirió a la posibilidad de bajar la tarifa general del IVA del 18% al 17%. “Cada punto de IVA vale alrededor de $5 billones al año”, indicó. En otro tramo de su intervención, estimó que una reducción de dos puntos representaría $10 billones menos de ingresos anuales, lo que ampliaría la presión fiscal desde 2028.

Christian Quiñonez agregó que una disminución del IVA no asegura una reducción equivalente en los precios al consumidor. “En el mejor de los casos, el precio baja por lo menos un 1% y solo si el comercio traslada completa la rebaja”, dijo. Por eso, planteó que la discusión deberá centrarse en el presupuesto de 2028 y en los mecanismos que propondrá el Gobierno para cubrir el menor recaudo.

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