
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha dejado condenas, investigaciones disciplinarias, bienes afectados con medidas cautelares y procesos penales contra funcionarios que ocuparon algunos de los cargos más importantes del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, a noviembre de 2026, cinco de los nombres que aparecen en las principales líneas de investigación todavía no han llegado a una definición judicial sobre su responsabilidad.
Se trata de Ricardo Bonilla, quien fue ministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Sandra Ortiz, antigua consejera presidencial para las Regiones; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Aunque los cinco enfrentan señalamientos de distinta naturaleza y sus situaciones procesales no son iguales, todos tienen un elemento en común: sus expedientes siguen abiertos y no existe una condena penal definitiva en su contra. En tres casos, las decisiones de libertad por vencimiento de términos permitieron que los procesados salieran de prisión sin que eso representara el cierre de las investigaciones.
El expediente gira alrededor de una presunta operación para utilizar contratos y proyectos de inversión de la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías (Invías) como mecanismo para conseguir el respaldo de congresistas a iniciativas del Ejecutivo. En esa investigación, la Fiscalía ha señalado a antiguos integrantes del gobierno de participar en la gestión de recursos, el ofrecimiento de beneficios y la intermediación para entregar dinero a dirigentes políticos.
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Dos exministros esperan el juicio que volvió a aplazarse

Los procesos contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco concentran uno de los capítulos de mayor relevancia política dentro del caso. Ambos fueron señalados de integrar una estructura que habría direccionado contratos y proyectos para obtener apoyos legislativos a favor del gobierno.
Bonilla, quien estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, enfrenta acusaciones por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La hipótesis de la Fiscalía apunta a que habría intervenido en la gestión de proyectos para conseguir votos de congresistas.
El exministro salió de prisión el 7 de abril de 2026, luego de que se reconociera el vencimiento de términos. Su abogado, Alejandro Carranza, ha sostenido que Bonilla no tenía la facultad de ordenar gastos de la Ungrd ni del Invías y que las funciones que desempeñó no constituyen, por sí mismas, una conducta delictiva.
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A ese cuestionamiento se sumó el reclamo por las condiciones en las que la defensa recibió el material probatorio. Carranza denunció que parte de la información estaba cifrada, que había carpetas vacías y que algunos documentos no podían consultarse.

La situación de Velasco tiene similitudes en cuanto a los señalamientos de la Fiscalía. El exministro del Interior está acusado de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según el ente investigador, habría participado en una estructura que utilizó proyectos de la Ungrd y el Invías para conseguir votos en el Congreso.
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Velasco recuperó la libertad el 5 de noviembre de 2026, pero deberá continuar enfrentando el proceso penal. Su abogada, Rosa Elena Suárez, ha cuestionado los elementos de la acusación y la credibilidad de Olmedo López, antiguo director de la Ungrd.
El exministro ha defendido que sus encuentros con congresistas hacían parte de sus responsabilidades institucionales y no de acuerdos para favorecer intereses particulares. También ha cuestionado el alcance de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
La discusión sobre el acceso al expediente terminó afectando el calendario judicial de ambos exfuncionarios. El 4 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez la audiencia preparatoria y estableció el 2 de febrero de 2027 como nueva fecha.
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Otros dos casos sin comparecencia

Mientras los antiguos ministros preparan su defensa, otros dos exfuncionarios permanecen fuera del alcance de las autoridades judiciales colombianas.
Carlos Ramón González, quien dirigió el Dapre y fue uno de los funcionarios cercanos al presidente Petro, es investigado por su presunta intervención en el ofrecimiento de contratos y sobornos a Iván Name y Andrés Calle, quienes presidieron el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
La Fiscalía le atribuye los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. González permanece en Nicaragua desde 2024, país en el que recibió asilo político y desde donde ha participado virtualmente en algunas diligencias judiciales.
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Su defensa ha rechazado los señalamientos y cuestionado las declaraciones de Olmedo López. También ha sostenido que González salió de Colombia antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, por lo que ha controvertido que se le califique como prófugo.
La orden de captura en su contra continúa vigente, después de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara, el 10 de septiembre de 2026, su prórroga por un año. El exdirector del Dapre niega haber ordenado la gestión de sobornos y todavía no existe una decisión definitiva sobre su responsabilidad.

El otro caso es el de César Manrique, antiguo director del Departamento Administrativo de la Función Pública. La investigación señala que habría solicitado una comisión del 7 por ciento sobre un convenio de 100.000 millones de pesos entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo de Gestión del Riesgo. También se le atribuye la recepción de 3.000 millones de pesos en sobornos relacionados con un contrato para la adquisición de carrotanques.
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Manrique fue imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. En julio de 2025, un juez ordenó su detención en establecimiento carcelario, pero el exfuncionario no se presentó ante las autoridades.
Desde entonces permanece sin comparecer ante la justicia. En febrero de 2026 quedó en firme la medida de aseguramiento en su contra. Sus abogados han rechazado los señalamientos y cuestionado la solicitud de detención, además de negar que tuviera vínculos con López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd. Manrique no aceptó los cargos.
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Sandra Ortiz, fuera de prisión pero con juicio pendiente

El quinto expediente corresponde a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. La Fiscalía la señala de haber actuado como intermediaria en la entrega de dinero a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.
De acuerdo con la investigación, Ortiz habría participado en la entrega de 3.000 millones de pesos a Name y otros 1.000 millones a Calle, con el propósito de conseguir respaldo a iniciativas legislativas del Gobierno. Por estos hechos fue acusada de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La exconsejera salió de prisión el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos, aunque su proceso continúa y la justicia determinó que debe ir a juicio.
Su abogado, Mauricio Camacho, solicitó cerrar la investigación por el delito de tráfico de influencias. El defensor argumentó que la Fiscalía modificó los hechos más de diez veces entre la imputación y la acusación. Sin embargo, la jueza del caso rechazó la petición y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que Ortiz debe enfrentar el juzgamiento.
La defensa también ha puesto en duda la credibilidad de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han entregado información sobre el presunto esquema de corrupción. En octubre, el abogado recusó a la jueza encargada del proceso, pero el 11 de noviembre esta declaró infundada la solicitud.
Ortiz ha manifestado que considera que no cuenta con garantías para afrontar el juicio.
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