Líderes juveniles de Engativá, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Fontibón, junto a consejeros de juventud, presentaron un requerimiento formal exigiendo al Gobierno nacional definir quién asumirá las funciones del Viceministerio de Juventudes (@MafeCarrascal/X)
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, radicó un requerimiento formal de cumplimiento ante el Gobierno nacional de Abelardo de Espriella, otorgando un plazo de diez días hábiles para que defina qué entidad estatal asumirá la rectoría de la política pública de juventud tras la liquidación del Ministerio de Igualdad y la supresión del Viceministerio de las Juventudes.
La acción administrativa fue presentada en compañía de consejeros y líderes juveniles de las localidades bogotanas de Engativá, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Fontibón, quienes dirigieron sus exigencias a seis dependencias del Ejecutivo, comenzando por la Presidencia de la República.
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A través de un pronunciamiento divulgado en su cuenta de la red social X, la congresista explicó el alcance de la solicitud legal y expuso el vacío institucional reconocido por la propia administración frente a la atención de este grupo poblacional.
En su mensaje escrito en plataformas digitales, Carrascal manifestó: “Radicamos un requerimiento de cumplimiento y le dimos al Gobierno 10 días hábiles para definir qué entidad asumirá la rectoría de la política pública de juventud. Su propia respuesta escrita reconoce que ‘a la fecha no se cuenta con una definición sobre las entidades que asumirán las funciones’”.

La legisladora señaló que este escenario se produjo luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad, fallo que derivó en el proceso de liquidación de dicha cartera y en la eliminación del viceministerio encargado de los asuntos juveniles sin que se haya expedido un decreto que reasigne sus competencias.
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El vacío institucional que mantiene en incertidumbre a las juventudes
Según detalló la representante, la ausencia de una entidad responsable impide la ejecución de la Ley 1622 de 2013, norma estatutaria que obliga al Estado colombiano a formular y poner en marcha un plan de acción específico para garantizar los derechos y oportunidades de los jóvenes en todo el territorio nacional.
Al ampliar la información mediante una grabación audiovisual compartida con integrantes de organizaciones sociales, Mafe Carrascal reiteró las peticiones dirigidas al gabinete ministerial: “Que digan quién asume la rectoría, que expidan un plan de acción y que convoquen los espacios donde la juventud decide”.

La congresista enfatizó además el tiempo transcurrido sin reglamentación desde que el Ejecutivo anunció medidas transitorias para evitar interrupciones en la oferta institucional: “Dos meses después y ni un decreto que diga quién responde por ustedes, las juventudes de Colombia. Así no se cuida a la juventud ni se garantiza que tengan condiciones para participar”.
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Durante su denuncia pública, la representante del Pacto Histórico advirtió sobre la parálisis de los mecanismos de interlocución ciudadana, indicando que desde el mes de agosto no sesiona la comisión intersectorial en la cual los consejos de juventud cuentan con voz y voto ante las autoridades nacionales.
Mafe Carrascal advierte que acudirá a la justicia si no hay respuestas
A esta situación se suma la suspensión de la asistencia técnica a los municipios desde el mes de junio y las reducciones presupuestales proyectadas para la vigencia 2027 en sectores como cultura, deporte y educación superior, rubros que impactan directamente el desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes en las regiones.
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Frente al panorama expuesto, Mafe Carrascal anunció que acudirá a las instancias judiciales mediante una acción de cumplimiento si el Gobierno nacional no entrega una respuesta concreta dentro del término legal establecido de diez días hábiles.

De manera paralela, los líderes juveniles que respaldaron la radicación del documento señalaron que promoverán espacios autónomos de deliberación en caso de persistir la falta de convocatoria institucional: “Si el gobierno no convoca, la agenda de juventud la construimos nosotros y nosotras en asambleas populares desde cada uno de nuestros territorios”.
La representante envió un mensaje de respaldo a los procesos organizativos de base en las ciudades y zonas rurales del país, al ratificar que mantendrá el seguimiento legislativo sobre las decisiones administrativas que adopte la Presidencia de la República respecto al futuro de la institucionalidad juvenil en Colombia.
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