
La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de revisión presentada por David Turbay Turbay, exsenador y excontralor General de la República, mediante la cual buscaba dejar sin efectos la condena que recibió por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en un proceso relacionado con recursos del cartel de Cali destinados a financiar campañas políticas.
La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal, con ponencia de la magistrada Myriam Ávila Roldán, luego de examinar los argumentos y documentos presentados por la defensa. La corporación concluyó que la solicitud no reunía las exigencias legales necesarias para darle trámite, debido a que no se aportaron documentos indispensables y tampoco se sustentaron adecuadamente las causales de revisión invocadas.
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La Sala también hizo un llamado sobre la manera en que se está utilizando el recurso de casación y la necesidad de mantener el rigor y la seriedad en la presentación de este tipo de actuaciones judiciales.
Los motivos por los que la Corte inadmitió la demanda

En la providencia, la Sala de Casación Penal detalló las falencias que encontró en la solicitud presentada por el exfuncionario. Entre ellas, mencionó la ausencia de las copias de las sentencias de primera y segunda instancia, así como de la constancia de ejecutoria del fallo condenatorio. Además, cuestionó la sustentación de las causales invocadas por la defensa, al considerar que varios de los argumentos expuestos no guardaban relación con los motivos legales que permiten acudir a la acción de revisión.
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La decisión recoge expresamente las razones que llevaron a inadmitir la solicitud: “En síntesis, (i) no se allegaron las copias de las sentencias de instancia, ni la constancia de ejecutoria del fallo condenatorio; y (ii) no se sustentaron debidamente las causales invocadas, toda vez que para aquellas contenidas en los numerales 3°, 4° y 6° del art. 192 de la Ley 906 de 2004 se hizo referencia a aspectos que no tienen ninguna relación con la respectiva causal, mientras que en lo atinente al numeral 7° del mismo artículo -y parcialmente, al numeral 3°-, se acudió a pronunciamientos judiciales de otras corporaciones, distintas a la Corte Suprema de Justicia”, se lee en la decisión.
De esta manera, el alto tribunal determinó que los argumentos presentados no permitían avanzar en el estudio de fondo de la demanda. La Sala también precisó que la acción de revisión tiene un alcance específico dentro del ordenamiento jurídico y no puede utilizarse para reabrir discusiones que ya fueron resueltas durante el proceso penal.
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El proceso por los $50 millones relacionados con el Cartel de Cali

Los hechos que dieron origen a la condena se remontan a mayo de 1994, cuando David Turbay Turbay se desempeñaba como senador de la República. En ese momento recibió un cheque por 50 millones de pesos de la empresa Export Café Ltda.
Durante el proceso judicial, el entonces investigado sostuvo que el dinero tenía como origen la venta de un predio denominado La Arabia, ubicado en Cartagena, a un tío suyo. Esa fue la explicación que presentó sobre la procedencia de los recursos recibidos.
Sin embargo, en el desarrollo de la investigación se estableció que Export Café Ltda. era utilizada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela como una empresa fachada para canalizar recursos destinados a financiar campañas políticas.
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Según lo establecido en el proceso, los 50 millones de pesos entregados a Turbay estaban destinados a financiar su posible reelección al Congreso de la República. Por estos hechos, el exsenador fue condenado el 29 de diciembre de 1999 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que lo declaró responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión en febrero de 2001. En junio de 2003, la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia, con lo que se mantuvo en firme la condena impuesta en las instancias anteriores.
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Años después de que concluyera el proceso, la defensa de Turbay acudió a la acción de revisión con el propósito de conseguir que se dejara sin efectos la sentencia condenatoria.
En la demanda cuestionó la credibilidad del testimonio de Guillermo Pallomari, quien estuvo relacionado con las investigaciones sobre las actividades financieras del cartel de Cali. También expuso presuntas irregularidades procesales y planteó que existían nuevas interpretaciones jurídicas que podían favorecer al excongresista.
No obstante, la Sala de Casación Penal recordó que este mecanismo no está diseñado para que las partes presenten nuevamente sus desacuerdos con las pruebas examinadas durante el juicio o con las decisiones adoptadas por los jueces. La Corte advirtió que la acción de revisión no constituye una nueva instancia para controvertir la valoración probatoria ni para cuestionar, por esa vía, las decisiones judiciales que ya fueron adoptadas dentro del proceso.
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Con la inadmisión de la demanda, la Sala cerró la posibilidad de estudiar la solicitud presentada por la defensa bajo los argumentos expuestos. Contra la determinación de inadmitir la demanda de revisión procede el recurso de reposición, mecanismo mediante el cual la defensa puede solicitar que la misma corporación examine nuevamente la decisión adoptada.
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