Salario mínimo de 2027: esta es la fecha en la que millones de trabajadores conocerían el aumento, según el calendario establecido por el Gobierno

Colombia inicia el 18 de noviembre de manera formal la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 sin una cifra oficial sobre la mesa, con propuestas que van desde un ajuste de entre 8% y 9% hasta el 38,5% planteado por los sindicatos de trabajadores. El incremento que resulte de la concertación regirá desde el 1 de enero.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), coordinada por el Ministerio del Trabajo bajo la dirección de Natalia López, reunirá a representantes del Gobierno nacional, los empleadores y las organizaciones de trabajadores y pensionados para buscar un acuerdo, algo que no sucede desde 2022 para la cifra de 2023, cuando subió un 16% y quedó en $1.160.000. Si no hay consenso, el Gobierno deberá fijar el aumento mediante decreto antes de que termine diciembre.

Como se recordará, el salario mínimo vigente en 2026 es de $1.750.905, mientras el auxilio de transporte asciende a $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales entre quienes reciben ambos conceptos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un incremento de 38,5%, que elevaría el salario básico a cerca de $2.424.003, mientras la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) considera que el ajuste no debería superar el 9% y analistas sitúan sus previsiones entre 8% y 9%.

Por ahora, el Gobierno no divulgó una propuesta. El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo en una entrevista con Semana que la política salarial debe “reconocer la pérdida del poder adquisitivo, simultáneamente la productividad de los trabajadores”, mientras el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya adelantó que la discusión deberá considerar inflación (6,30% anual en octubre de 2026) y productividad.

Calendario de la negociación del salario mínimo para 2027

La ruta de concertación combina plazos legales, publicación de indicadores y una instancia adicional para revisar las diferencias entre las partes. Se estableció el siguiente calendario:

• 18 de noviembre: instalación de la mesa tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
• 30 de noviembre: el Dane publicará el dato de productividad total de los factores (PTF).
• 5 de diciembre (o antes del 5 de diciembre): divulgación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, según las distintas versiones disponibles.
• 15 de diciembre: primer plazo legal para que la Comisión alcance un acuerdo.
• 16 y 17 de diciembre: presentación y estudio de las salvedades de las partes que discrepen del resultado inicial.
• Del 18 al 29 de diciembre: posibles reuniones extraordinarias para intentar acercar las posiciones.
• 30 de diciembre: fecha límite para que el Gobierno establezca el aumento mediante decreto si fracasa la concertación.
• 1 de enero: entrada en vigor del nuevo salario mínimo.

La Ley 278 de 1996 regula el proceso y establece que la Comisión debe procurar una decisión concertada antes del 15 de diciembre. Si no la consigue, las salvedades dejan constancia escrita de las diferencias y abren una etapa adicional de conversaciones antes de que el Ejecutivo intervenga.

Las partes deberán examinar la inflación, la productividad laboral, la productividad total de los factores, el poder adquisitivo, el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el IPC y la participación de los salarios en el ingreso nacional. Estos indicadores buscan medir tanto el aumento del costo de vida como la evolución de la economía y la capacidad de los empleadores para asumir el ajuste.

José Manuel Restrepo advirtió al medio que las conversaciones apenas comienzan y evitó anticipar una cifra. “Estamos apenas en los prolegómenos de una conversación que seguramente tiene que ir avanzando y que, en la medida en que vaya avanzando, tiene que encontrar un punto de encuentro que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo”, manifestó.

Ampliación de la discusión a trabajadores sin representación

La ministra Natalia López defendió en una columna de opinión publicada por Semana denominada “Concertar con y para todos” que la negociación debe incorporar a trabajadores que no tienen representación formal en la Comisión. Según escribió, “más de la mitad de quienes trabajan en Colombia nunca ha tenido voz en la discusión que fija el ingreso de referencia del país. Este año eso empieza a cambiar”.

Citó cifras del Dane según las cuales la informalidad afectó al 54,8% de los ocupados durante el trimestre junio-agosto de 2026, equivalente a más de 13 millones de personas. El planteamiento parte de que quienes no están afiliados a sindicatos ni trabajan en empresas agremiadas también enfrentan las consecuencias del salario mínimo, incluso al buscar empleo.

“El salario mínimo es mucho más que el piso de remuneración de la jornada laboral”, escribió. Puntualizó que “una decisión con ese alcance y magnitud debe tomarse escuchando a todos quienes de una u otra forma son impactados por ella”.

Recordó que la Comisión fue creada por el artículo 56 de la Constitución y reglamentada por la Ley 278 de 1996. Enfatizó en el mismo texto que, aunque el espacio reúne al Gobierno, gremios empresariales, centrales sindicales y confederaciones de pensionados, con el tiempo quedó limitado a las discusiones de diciembre sobre la cifra salarial.

Durante la sesión extraordinaria del 1 de octubre, la ministra propuso que la Comisión funcione durante todo el año y no solo durante la negociación anual. La agenda incluye trabajo en plataformas digitales, empleo doméstico remunerado, inspección laboral, negociación colectiva y tercerización. La estrategia oficial contempla:

• Diálogos por sectores con organizaciones sin asiento en la Comisión
• Invitaciones con voz para agrupaciones de trabajadores, pensionados y empleadores,
• Una mesa con la academia.

López precisó que las decisiones seguirán en manos de los integrantes formales y requerirán consenso.

Sectores que buscan tener voz en la concertación salarial

El trabajo doméstico es uno de los sectores convocados a la ampliación de la discusión. Según el Dane, cerca de 656.000 personas se dedican a esa actividad, en su mayoría mujeres, y el 28 de octubre López invitó a seis de sus organizaciones, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, a participar en las sesiones permanentes y en el debate sobre el mínimo.

Dicha convocatoria también abarca a:

• Cuidadoras de niños.
• Personas mayores.
• Personas con discapacidad, cuyos ingresos suelen depender de acuerdos verbales.

La ley exige que ellos reciban al menos el salario mínimo, o la proporción correspondiente si trabajan por días u horas, pero la ministra señaló que esa regla se incumple de forma recurrente.

De igual manera, los repartidores de plataformas digitales tendrán otro lugar en el debate. La Ley 2466 de 2025 reconoció para ellos un régimen de protección social y el Decreto 991 de 2026 reglamentó los aportes con tablas referidas al salario mínimo, aunque sus ingresos dependen de entregas y no de contratos laborales mensuales.

Otro dato a tener en cuenta es que en las zonas rurales la informalidad alcanzó el 83,2% en los centros poblados y el área rural dispersa durante el trimestre mayo-julio de 2026, de acuerdo con el Dane. La ministra abrió conversaciones con organizaciones campesinas y con actividades formales como la floricultura y el banano; el sector de las flores enfrenta un arancel de 12,5% en Estados Unidos.

Qué impactará el aumento del salario mínimo

Asimismo, se tiene claro que la negociación definirá un ingreso que afecta cotizaciones, contratación y costos laborales, pero la ampliación de la mesa apunta a que el debate también incorpore a quienes permanecen fuera de las estructuras formales del empleo. El desafío será trasladar esa participación a mecanismos que acerquen a más trabajadores al empleo con protección social.