La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Vía Sumapaz firmaron un acuerdo que permite destrabar las obras pendientes del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot y contempla la renuncia del concesionario a reclamaciones prediales por más de $ 185.000 millones. El pacto busca evitar la terminación anticipada del contrato y asegurar la entrega completa del corredor.
De acuerdo con la entidad, la modificación contractual, formalizada mediante el Otrosí número 11, aborda la falta de adquisición de varios predios requeridos desde 2014 por la anterior concesión Bosa-Granada-Girardot. Esa situación impedía concluir intervenciones en cuatro unidades funcionales, pese a que estas registran un avance superior al 97%.
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Vía Sumapaz asumirá los trámites prediales y sociales
Con el acuerdo, Vía Sumapaz se encargará, por su cuenta y riesgo y en nombre de la ANI, de gestionar los trámites prediales y sociales necesarios hasta que los terrenos queden inscritos a nombre de la Nación. La entidad estatal cubrirá el valor de compra de los inmuebles y las compensaciones socioeconómicas correspondientes.
Esos pagos se financiarán con el Fondo de Contingencias asociado al riesgo predial de la antigua concesión. Según la ANI, este mecanismo evita trasladar nuevos costos al Presupuesto General de la Nación.
El componente jurídico del pacto incluye el desistimiento expreso e irrevocable de reclamaciones superiores a $185.000 millones, vinculadas con los predios incluidos en la negociación. Las pretensiones hacían parte de un arbitraje internacional que Vía Sumapaz adelanta ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (Cird).
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No obstante, el acuerdo se refiere a las reclamaciones relacionadas con esos inmuebles y no determina el cierre de la totalidad del proceso arbitral. El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, señaló que las pretensiones globales de ese tribunal alcanzan $2,3 billones.
El pacto busca evitar que el Estado asuma la operación de la vía
Ayerbe sostuvo que, sin una salida negociada, el Estado habría tenido que asumir directamente la operación del corredor. “Destrabamos obras que estaban detenidas desde hace varios años y cerramos una controversia cuyo valor económico crecía exponencialmente cada mes”, afirmó el funcionario.
El presidente de la ANI comparó el escenario con otros proyectos de infraestructura de cuarta generación que terminaron de forma anticipada. Según indicó, en esos casos las condenas contra el Estado superaron los $ 4 billones: “Aquí se salvó el proyecto, se protegió el patrimonio público y se garantizó que la vía se entregue completa, como se pactó”.
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La continuidad del contrato permitirá que el concesionario mantenga la operación y el mantenimiento de la carretera mientras completa los trabajos pendientes. La intervención contempla tres carriles por sentido en los tramos previstos por el contrato.
El corredor moviliza más de 18 millones de vehículos cada año
El proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot abarca 144,81 kilómetros y conecta a la capital con el centro y sur del país. Por esta vía circulan más de 18 millones de vehículos al año, de acuerdo con datos de la ANI.
La entidad considera que la carretera tiene una función relevante para el transporte de carga hacia Buenaventura y para la movilidad de quienes se desplazan entre Bogotá y municipios de Cundinamarca y Tolima. El proyecto también está asociado a la actividad turística en esa ruta.
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Durante la ejecución del contrato se han generado más de 14.000 empleos y se estima que la infraestructura beneficiará a cerca de un millón de personas. La ANI indicó que el acuerdo se enmarca en su estrategia para concluir los proyectos en marcha y manejar las controversias contractuales sin afectar los recursos públicos.
La solución predial acordada por las partes permitirá avanzar en la terminación de las cuatro unidades funcionales que permanecían afectadas por la disponibilidad de terrenos, mientras Vía Sumapaz realiza las gestiones para que los inmuebles pasen a nombre de la Nación.
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