Los pasaportes podrían llevar a Colombia a poner en juego más de un billón de pesos en Francia ante lío con la Casa de la Moneda de Portugal

Colombia podría quedar expuesta a un arbitraje internacional en París (Francia) por el convenio firmado con la Casa da Moeda de Portugal para el suministro de pasaportes y otros documentos. La instancia se activaría si alguna de las partes invoca la cláusula 25 y no logra resolver el desacuerdo mediante el mecanismo de arreglo directo previsto en el contrato.

El proceso sería analizado por un tribunal de tres árbitros después de un período de 30 días de negociaciones sin resultado. Aunque el acuerdo contempla operaciones por más de $1,3 billones, una eventual condena no se calcularía de forma automática sobre ese monto, sino a partir de los daños que la parte demandante consiga acreditar.

Así lo dejó entrever el abogado especializado en arbitraje internacional y contratación estatal Juan Casallas, socio de Holland & Knight. Advirtió que el mecanismo no se activa de forma automática por la suspensión provisional del modelo ni por la celebración de contratos temporales con otros proveedores.

Requisitos para llevar la disputa a arbitraje en París

Casallas explicó en un extenso análisis que el punto de partida sería determinar si el desacuerdo cabe dentro de la cláusula 25 del convenio. “Para que una controversia entre la Casa da Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional llegue a un tribunal arbitral en París, debe tratarse de una controversia comprendida dentro del ámbito de la cláusula 25 del convenio y es necesario que se agote sin éxito la etapa previa de arreglo directo allí prevista”.

La notificación escrita abre un plazo de 30 días para que las partes intenten resolver el diferendo sin acudir a árbitros. “Los 30 días operan como una etapa contractual previa al arbitraje que tiene el fin de que las partes intenten resolver la controversia sin acudir a un tercero”, señaló el experto.

Si ese período termina sin acuerdo, cualquiera de las partes puede acudir al tribunal arbitral pactado. La cláusula abarca controversias sobre interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción del convenio, pero excluye el cobro ejecutivo de obligaciones ligadas al desembolso de recursos.

Así las cosas, la Casa da Moneda podría plantear un eventual incumplimiento de las entidades colombianas, en especial frente a deberes de información o a obligaciones relacionadas con la ejecución del Convenio. Sin embargo, tendría que identificar una controversia concreta dentro del pacto arbitral y acreditar que agotó el trámite previo de negociación.

Arbitraje y proceso de nulidad pueden avanzar en paralelo

La revisión que adelanta la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana no impediría, por sí sola, que un tribunal arbitral conozca una disputa contractual. Casallas distingue que los jueces administrativos examinan la legalidad de los convenios, mientras los árbitros pueden decidir sobre materias contractuales sometidas a su competencia.

Aclaró que “los árbitros podrían, en principio, pronunciarse sobre controversias contractuales sometidas a su competencia en las materias reservadas a su conocimiento”. Además, que “la competencia de los árbitros depende del alcance del pacto arbitral y de la naturaleza de las pretensiones formuladas”.

Dichos procedimientos podrían coexistir, aunque una decisión de nulidad en Colombia tendría consecuencias sobre la ejecución del convenio y sobre las reclamaciones que llegaran a formularse ante los árbitros. En sentido contrario, un laudo arbitral no desplazaría la facultad de la jurisdicción contencioso-administrativa para decidir autónomamente las pretensiones de nulidad.

Qué podría probar un incumplimiento del Convenio

La suspensión provisional de los efectos del modelo con Portugal no definiría de manera automática lo que resuelva un eventual tribunal. Según Casallas, los árbitros aplicarían las normas sustantivas que correspondan al caso, no la suspensión como una fuente de derecho que determine por sí sola la controversia. “El tribunal arbitral deberá resolver la controversia conforme a las reglas sustantivas aplicables al arbitraje, que, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), será el derecho francés, y al marco jurídico colombiano correspondiente al que las partes hayan pactado para resolver sus diferencias”, sostuvo.

Por ello, una figura propia del derecho administrativo colombiano puede producir efectos distintos en el trámite arbitral.

Y es que el contrato temporal con Thomas Greg & Sons y Thales, celebrado para garantizar la continuidad del servicio tras la suspensión, podría adquirir mayor peso como elemento de prueba. La discusión no se concentraría necesariamente en las condiciones de validez de ese contrato, sino en si su ejecución vulneró obligaciones asumidas frente a la Casa da Moneda.

Con exactitud, el numeral 6.17 establece una obligación de exclusividad para que las entidades colombianas adquieran de la Casa da Moeda los insumos y documentos oficiales contemplados en el convenio. “La sola celebración de un contrato con Thomas Greg & Sons y Thales no necesariamente sería suficiente para acreditar el incumplimiento”, puntualizó el abogado.

Para sostener esa tesis, la entidad portuguesa tendría que demostrar que durante la vigencia de la obligación se adquirieron efectivamente de terceros bienes o servicios incluidos en la exclusividad. Además, si busca una compensación económica, debería probar el daño y el vínculo causal entre ese perjuicio y la conducta atribuida a las entidades colombianas.

Los $1,3 billones no fijan por sí solos una indemnización

La cláusula 14 regula la responsabilidad de las partes por incumplimiento, pero no impone una suma predeterminada ante una controversia. La eventual cuantía dependería de las obligaciones que se consideren vulneradas y de los perjuicios demostrados en el arbitraje. Al respecto, Juan Casallas indicó que “los más de $1,3 billones proyectados para el suministro de documentos podrían servir como un referente económico, pero no equivalen, por sí solos, al valor de una eventual reclamación”. Esto, teniendo en cuenta que el convenio contempla ese valor como máximo de referencia para una posible indemnización, no como un pago automático.

De esta manera, el tribunal tendría que establecer qué ingresos habría podido recibir la Casa da Moneda si el convenio se hubiese ejecutado bajo los términos pactados. También tendría que definir cuáles obligaciones eran exigibles durante la suspensión provisional, respecto de qué parte y en qué período.

Vías posteriores a un eventual laudo

Si el tribunal dicta un laudo que una parte pretende hacer efectivo en Colombia, deberá solicitar su reconocimiento conforme a la Convención de Nueva York. Ese procedimiento no permite volver a discutir el fondo del litigio ni funciona como una segunda instancia. “El reconocimiento no constituye una nueva instancia ni permite reabrir la controversia decidida por los árbitros”, dice Casallas.

La autoridad colombiana revisaría requisitos y eventuales causales de denegación, como problemas en la validez del acuerdo arbitral, el debido proceso, el alcance de la decisión, la integración del tribunal, el orden público o la anulación o suspensión del laudo en la sede arbitral. El Reglamento de la CCI tampoco prevé una segunda instancia para revisar el fondo del laudo, aunque permite pedir correcciones o interpretaciones en los casos establecidos. Como París sería la sede, una parte podría solicitar la anulación ante la jurisdicción francesa bajo el principio de lex arbitri, es decir, la ley de la sede del arbitraje.

Dicha acción no implica una revisión general de lo decidido por los árbitros y solo procede por causales específicas, entre ellas falta de competencia, constitución irregular del tribunal, desconocimiento de su misión, afectación del contradictorio u orden público internacional. Una solicitud de anulación pendiente tampoco bloquea automáticamente el reconocimiento en Colombia, aunque la autoridad colombiana podría aplazar su decisión.

La vigencia del convenio y la exigibilidad de sus obligaciones son dos cosas distintas mientras la suspensión provisional permanece en vigor. Por eso, dijo Juan Casallas, el alcance real de cualquier controversia dependería de separar la existencia del acuerdo de las obligaciones que cada parte podía exigir durante ese período.