La Contraloría de Bogotá identificó dos hallazgos administrativos con posible alcance disciplinario por fallas en la imposición de comparendos y en los cobros por grúas y patios en la capital. Las irregularidades involucrarían directamente a la Secretaría de Movilidad.
La revisión señala que 503 sanciones fueron exoneradas por deficiencias en los procedimientos de los agentes, mientras 1.678 ciudadanos declarados no infractores pagaron más de $966 millones por la inmovilización de sus vehículos.
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Las observaciones se conocen tras las denuncias de conductores y motociclistas sobre presuntos procedimientos irregulares, sanciones sin fundamento e inmovilizaciones que generaron costos aun cuando los afectados fueron exonerados. El concejal de Bogotá Julián Forero había solicitado a los organismos de control revisar las actuaciones de los agentes de tránsito y el cumplimiento del contrato de grúas y patios.
La auditoría cuestionó 503 comparendos que terminaron exonerados
El primer hallazgo se concentra en 503 comparendos que fueron retirados por deficiencias en los procedimientos. La Contraloría concluyó que las actuaciones que llevaron a esas sanciones presentaron fallas que exigieron su posterior exoneración.
El resultado abre interrogantes sobre los controles internos de la Secretaría Distrital de Movilidad antes y después de imponer una multa. Forero sostuvo que los casos muestran un problema que los usuarios habían denunciado de forma reiterada ante el Concejo de Bogotá.
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“Los malos procedimientos de algunos agentes terminan afectando el bolsillo de los conductores y después nadie responde”, afirmó el cabildante. El concejal pidió que las investigaciones determinen si hubo responsabilidades disciplinarias y cuáles correctivos se adoptarán.
Más de $966 millones fueron pagados por ciudadanos no infractores
El segundo hallazgo abarca los costos generados por la inmovilización. Según la revisión, 1.678 personas que fueron declaradas no infractoras pagaron más de $966 millones por grúas y patios.
La auditoría encontró deficiencias en las obligaciones contractuales que deben aplicarse frente a ciudadanos exonerados. El punto central es la devolución de los dineros cobrados a quienes no debían asumir los costos derivados de la retención de sus vehículos.
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Forero anunció que solicitará información a la Personería de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad sobre el número de funcionarios investigados o sancionados, los recursos reintegrados y las acciones para evitar nuevos casos. “De nada sirve encontrar irregularidades si todo termina en un informe y los ciudadanos siguen siendo los afectados”, señaló.
Bogotá impuso 567 comparendos antes de que rigiera la restricción de Halloween
Las dudas sobre los procedimientos de tránsito se sumaron a un episodio ocurrido durante la noche del 29 de octubre de 2026. La Alcaldía Mayor de Bogotá reconoció que 567 comparendos fueron impuestos de forma irregular porque el Decreto 472 de 2026 aún no estaba vigente.
Aunque el acto fue expedido el 27 de octubre, una falla en el aplicativo del Registro Distrital retrasó su publicación hasta el 30 de octubre. Pese a ello, las autoridades iniciaron operativos y sancionaron a motociclistas durante la noche anterior.
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Forero cuestionó que se aplicaran controles antes de la entrada en vigencia de la norma. También pidió precisar cuántos vehículos fueron inmovilizados, cuántas sanciones ya quedaron sin efecto y cuánto dinero debe devolverse por multas, grúas y patios.
La respuesta de la Secretaría de Movilidad a una investigación del equipo del concejal indicó que, entre 2024 y septiembre de 2026, 24 ciudadanos exonerados aún tenían pendientes más de $16 millones por recibir por conceptos de grúas y patios. Para el cabildante, ese antecedente plantea dudas sobre la capacidad institucional para reintegrar con oportunidad los pagos de los motociclistas afectados durante la restricción de Halloween.
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El trámite de devolución no está publicado en la página de Movilidad
La información entregada por la entidad también indica que el procedimiento CF-PR-02, utilizado para devolver los valores pagados por grúas y patios, no está disponible en la página web de la Secretaría. El trámite es administrado por el concesionario GyP Bogotá S.A.S. e involucra a la Secretaría, la interventoría y la entidad fiduciaria.
El proceso contempla la notificación de la exoneración, el envío y validación de documentos, el contacto con la persona afectada y la autorización del desembolso. Sin embargo, la falta de publicación limita el acceso de los ciudadanos a las reglas y etapas del trámite.
La secretaría también señaló que entre 2024 y 2026 no efectuó pagos por daño emergente o lucro cesante dentro de los procesos contravencionales. Esas reclamaciones deben presentarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras que la devolución administrativa se restringe a los cobros de grúas y patios.
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La Oficina de Control Disciplinario Interno de Movilidad no registra, para las vigencias consultadas, investigaciones en etapa de instrucción por la tipología relacionada con esos perjuicios. Forero pidió que los organismos de control revisen las actuaciones vinculadas con la jornada del 29 de octubre y determinen las eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias.
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