Así está el panamorama en Bogotá para atender la salud mental: el riesgo, la responsabilidad penal y la oferta hospitalaria

Bogotá enfrenta un debate sobre salud mental tras dos ataques ocurridos en 2026, protagonizados por Josué Cubillos García y Michael Felipe Santos Rodríguez, cuyos antecedentes psiquiátricos fueron considerados durante las investigaciones.

Los casos expusieron los límites de la atención preventiva, las condiciones legales para una internación y la desigualdad territorial en la disponibilidad de servicios especializados.

De esta manera, Infobae Colombia a partir de estos espisodios consultó a la Secretaría de Salud, una concejal de la ciudad y una abogada penalista para dar una radiografía de cómo se encuentra la capital en la atención a personas que sufren de enfermedades mentales.

Bogotá tiene 1.212 centros de consulta externa y 45 con servicio de hospitalización en salud mental, distribuidos de forma desigual entre sus 20 localidades, mientras la Secretaría Distrital de Salud reconoció a este portal que no cuenta con estadísticas consolidadas sobre el total anual de internaciones ni sobre los centros que atienden más casos de esquizofrenia.

La ciudad distribuye esos servicios con una presencia desigual entre zonas del norte y territorios con menor disponibilidad institucional. Las entidades privadas disponen de 2.237 camas destinadas a la atención en salud mental y al tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, según cifras conocidas por este medio.

El panorama combina una amplia red ambulatoria con una capacidad de hospitalización más limitada y concentrada territorialmente, la ciudad cuenta además con rutas comunitarias y clínicas para detectar riesgos.

El 18 de abril de 2026, Josué Cubillos García, de 24 años, fue señalado por una agresión en Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt, que dejó tres muertos durante un rodaje en la avenida Circunvalar. La investigación policial incluyó el análisis de 35 horas de video, 45 fotogramas y ocho entrevistas. Su historia clínica registraba un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias, desorganización del pensamiento, un diagnóstico diferencial de esquizofrenia y al menos cuatro internaciones por crisis de salud mental.

El 19 de agosto de 2026, Michael Felipe Santos Rodríguez, de 26 años, atacó con un arma blanca al subintendente Rubén Ricardo Ramírez dentro del CAI Galán, en Puente Aranda. El policía disparó contra el agresor tras un forcejeo y alegó legítima defensa; el caso quedó bajo investigación. La familia de Santos afirmó que tenía antecedentes ante la Fiscalía General de la Nación, que padecía esquizofrenia paranoide y que tenía dificultades para acceder a la atención de salud adecuada.

Los dos episodios expusieron los límites de la prevención, las condiciones legales para internar a una persona y las brechas territoriales en el acceso a servicios especializados. Las autoridades y la Secretaría advirtieron que un diagnóstico psiquiátrico no permite, por sí mismo, equiparar a una persona con una amenaza para terceros.

¿Qué dice la ley en Colombia?

La hospitalización involuntaria es una medida excepcional y no puede activarse por la sola voluntad de los familiares, según la explicación entregada por la Secretaría Distrital de Salud. Una evaluación clínica debe determinar que existe un riesgo para la persona o para terceros antes de autorizar una internación temporal y proporcional.

El Distrito indicó a este portal que el consentimiento informado es un elemento central del tratamiento en salud mental. La familia puede alertar a las instituciones, pero la determinación final corresponde al profesional de salud que realiza la valoración de riesgo.

La familia puede advertir sobre señales de alerta, pero no puede decidir por sí sola la internación de un pariente. La Corte Constitucional ha establecido que cualquier hospitalización sin consentimiento debe responder a una valoración profesional, tener justificación clínica y ser temporal y proporcional al riesgo identificado.

La Ley 1616 de 2013, la Ley 2460 de 2025 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 señalan que un diagnóstico psiquiátrico no basta para restringir la libertad de una persona. La ruta se activa cuando un especialista determina un riesgo concreto para la persona o para terceros.

La abogada penalista Laura Daniela Ramírez Franco explicó a Infobae Colombia que una persona con psicosis o esquizofrenia puede ser inimputable si se cumplen condiciones clínicas y jurídicas específicas. “No cualquier trastorno mental lo hace inimputable”, señaló, al precisar que la consecuencia no es una pena ordinaria de prisión, sino una medida de seguridad.

Según Ramírez Franco, esas medidas pueden incluir tratamiento en un centro psiquiátrico, atención ambulatoria en el lugar de residencia o libertad vigilada. También indicó que el consumo voluntario de alcohol o sustancias psicoactivas no convierte automáticamente a una persona en inimputable, y que la familia debe acudir a la línea 123 y solicitar una valoración antes de buscar una internación.

La sentencia T-268 de 2026 exige sustento para demostrar una amenaza contra la vida propia o la de otras personas, así como la acreditación de actuaciones previas de la red de apoyo. Si no existe un proceso penal, un centro médico y sus especialistas pueden valorar la condición de la persona y definir la respuesta clínica correspondiente.

Ramírez Franco sostuvo que, cuando una persona es declarada inimputable, no queda sin consecuencias judiciales. La medida cambia: en lugar de una pena de prisión, puede imponerse una medida de seguridad.

La penalista indicó a este medio que esas medidas incluyen la atención en un centro psiquiátrico, tratamiento ambulatorio en el lugar de residencia o libertad vigilada. El propósito, dijo, es que la persona reciba tratamiento y sea evaluada de forma periódica por orden judicial.

Capacidad de hospitalización y el peso del sector privados

La concejal del Centro Democrático Diana Diago, en diálogo con Infobae Colombia, indicó que Bogotá tiene 1.875 camas habilitadas para atender 45.600 hospitalizaciones al año. Según sus cálculos, la demanda potencial llegaría a 48.557, lo que representaría un déficit de 2.932 hospitalizaciones anuales.

La cabildante señaló que el 86,7% de las camas de salud mental está en manos de prestadores privados. “Solo el 13,3% pertenecen a la red pública”, afirmó.

Las cifras mencionadas por Diago difieren de los datos de la Secretaría Distrital de Salud, que reportó 2.237 camas privadas destinadas a salud mental y al tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. La entidad, además, reconoció que no tiene una base que identifique qué instituciones atienden a más pacientes únicos con esquizofrenia.

La edil vinculó la discusión con el consumo de sustancias psicoactivas y con la seguridad ciudadana. “La seguridad ciudadana se entrelaza con la salud pública”, dijo a este medio.

Fue así como la concejala planteó que los efectos del consumo de sustancias varían entre las personas y pueden estar vinculados con cuadros de depresión profunda u otras alteraciones mentales. “La mente falta mucho por estudiarla. El tema del cerebro es algo que aún es muy desconocido”, afirmó.

De esta manera, Diago relacionó el consumo de drogas con la seguridad ciudadana. “¿Cuántas personas hoy hay en las calles consumiendo drogas y empezaron con algo que pensaron que no les iba a afectar?”. La concejal mencionó la posición de garante, una figura del derecho penal, al discutir la responsabilidad de los cuidadores de personas con comportamientos peligrosos o diagnósticos de esquizofrenia. Consideró que las familias requieren herramientas para acompañar tratamientos y atender a personas con depresión profunda, demencia u otras condiciones de discapacidad.

Diago planteó que las familias requieren herramientas para acompañar a personas con diagnósticos complejos y comportamientos peligrosos. También pidió una intervención que reúna a las secretarías de Salud, Educación e Integración Social. “Necesitamos tener una intervención integral como seres humanos en la parte psicológica, afectiva, reconocimiento de emociones”, afirmó la concejal ante el medio.

Por su parte, la especialista Laura Daniela también explicó que los familiares no pueden obligar directamente a una persona a ingresar a un centro de tratamiento. Deben activar la línea de emergencias 123 y demostrar condiciones que sustenten la necesidad de la intervención.

Según Ramírez Franco, la familia debe acreditar una amenaza comprobable contra la vida de la persona o de sus allegados, además de haber intentado medidas de apoyo. La abogada mencionó intervenciones ante una comisaría de familia, la Defensoría del Pueblo y una valoración médica especializada.

Oferta de atención en las diferentes localidades

La distribución de los servicios muestra diferencias entre zonas de Bogotá. Usaquén concentra 197 centros de consulta externa y 6 camas de internación, mientras que Chapinero cuenta con 149 centros y 4 camas.

Barrios Unidos tiene 145 centros de consulta externa y una cama de hospitalización, de acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud. En contraste, Sumapaz dispone de cuatro centros de consulta y no tiene camas de hospitalización. Usme, Tunjuelito y La Candelaria registran entre 9 y 13 centros, también sin camas de internación.

La diferencia implica que Usaquén tiene una oferta ambulatoria casi 50 veces mayor que la de Sumapaz. Frente a esa brecha, el Distrito puso en marcha los Equipos Básicos Extramurales de Hogar. Estas unidades realizan caracterizaciones individuales y familiares, fortalecen redes de apoyo y derivan a las personas hacia servicios especializados cuando identifican señales de alerta.

La Secretaría afirmó a este portal que su estrategia opera en tres niveles: intervenciones colectivas en colegios, lugares de trabajo y comunidades; educación en salud para promover el autocuidado; y atención individual con detección temprana y remisión a servicios especializados.

El esquema está incluido en las Rutas Integrales de Atención en Salud, definidas por la Resolución 3280 de 2018. Estas rutas establecen obligaciones para entidades territoriales, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

El modelo distrital se denomina MAS Bienestar y responde a la Política Pública Distrital de Salud Mental contemplada en el CONPES D.C. 34 para el período 2023-2032. Su enfoque incorpora variables de curso de vida, género, territorio y determinantes sociales.