Falta de cultura, necesidad o forma de protesta: ¿Por qué un usuario puede llegar a asesinar a un guarda por colarse en una estación de Transmilenio?

Repudio, indignación, y un deseo de justicia, generó entre usuarios de Transmilenio y la ciudadanía en la capital colombiana el crimen de Cristian David Garzón Castro, de 27 años, un guarda de seguridad y colaborador del escuadrón de anticolados dispuesto en varias de las estaciones y portales, entre ellos Terreros, ubicado en Soacha, el vecino municipio a Bogotá donde, y en donde el prestaba servicio la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026.

Debido a los ataques que sufrió con un arma cortopunzante por defender a una de sus compañeras de trabajo, por el crimen de Garzón fueron detenidos un hombre de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana.

La pareja, según lo que se ha conocido por medio de versiones de testigos y las cámaras de seguridad que captaron los momentos previos y posteriores a la agresión fatal, sumado a los señalado por parte la Fiscalía en medio de las audiencias de judicialización, habría querido ingresar al sistema sin pagar el pasaje, lo que provocó que fueran amonestados, y esto desató la confrontación que dejó herido al guarda, que falleció pese a ser trasladado a un centro médico por parte de sus colegas.

El caso volvió a reabrir una problemática transversal en todo el sistema de transporte, y es el de los colados y una pregunta clave: por qué se puede llegar al punto de atentar contra la vida de otra persona con tal de evadir el pago.

Para responder a esta duda y otra serie de cuestionamientos, Infobae Colombia consultó con varios expertos y desde entidades distritales, qué podría estar detrás de esta serie de actos que, día a día se registran en la capital colombiana y Soacha.

¿Por qué decide colarse la gente en Transmilenio?

Natalia Tinjacá, directora de Seguridad de TransMilenio, precisó que estos casos en los que los usuarios aprovechan que la infraestructura sea muy vulnerable para acceder de forma al sistema sin pagar, sumados a la falta de control o de “penalidades que lleven a que las personas vean una consecuencia en la evasión, está la falta de pedagogía y cultura ciudadana, que incide en tener personas que no conocen bien el sistema, que no lo apropian, como en otras ciudades, que sí hay un orgullo sobre el sistema”.

Además de lo que señala Tinjacá, Jorge Velázquez Castrillón, líder del Centro de Gestión Emocional Calma de la Universidad Politécnico Grancolombiano, añade que “muchas personas evaden porque sienten que el pasaje es caro, porque se irritan con las fallas del servicio o porque no se sienten dueñas del sistema que usan a diario”, y hasta destaca que “algunas incluso lo hacen como una forma de protesta contra la administración de turno”, en este caso, de Carlos Fernando Galán.

Por su parte, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez (Pacto Histórico) afirmó que no todas las personas que evaden el pasaje lo hacen por falta de dinero, pero señaló que una parte importante no puede pagarlo debido a su situación económica, la búsqueda de empleo o la distancia que debe recorrer.

Asimismo, la cabildante cuestionó que los beneficios de transporte no llegan a todas las personas que los necesitan. Según indicó, el programa por parte de la administración Galán estaba previsto para más de 1,5 millones de ciudadanos, pero alcanzó a unas 630.000 personas, debido a requisitos restrictivos y por falta de información.

Para Sánchez, reducir el costo del pasaje y ampliar los subsidios es una medida social que facilita el acceso al transporte público.

Sumado a todo, Velázquez dijo que “también influye lo que los investigadores llaman efecto manada; ver que otros no pagan hace que quienes sí lo hacen sientan que están haciendo algo tonto, y con el tiempo terminan dejando de pagar también, un patrón documentado en el transporte público de Santiago de Chile”.

“A eso se suma un sesgo muy humano descrito por el Banco Interamericano de Desarrollo, el llamado sesgo de optimismo, que lleva a las personas a subestimar la probabilidad de que las sancionen o de que algo salga mal”, añadió el académico.

Las reacciones hostiles que han llevado a enfrentamientos entre usuarios y guardas anticolados en estaciones de Transmilenio

Según cifras oficiales, durante lo corrido del año (con corte a finales de septiembre de 2026) se han registrado 372 agresiones a los guardas de seguridad, especialmente en las zonas de Carrera Décima, Caracas, NQS Sur y Caracas Sur.

“Este es uno de los índices altos en el sistema y se asocia también a la mayor presencia, pero también mayor contundencia en las actuaciones, teniendo una escuadra élite que realiza un abordaje en grupo, un abordaje estructurado al evasor y algunos evasores optan por agredir a nuestro personal”, aseveró Tinjacá.

La concejal consideró que las reacciones violentas de algunos usuarios se relacionan con un sistema de transporte que perciben como “hostil” y que, por ejemplo, en horas pico, los controles con torniquetes y varios guardas de seguridad pueden “aumentar el estrés de las personas”.

La cabildante sostuvo que algunos ciudadanos cuestionan el pago del pasaje porque consideran que el transporte debería financiarse con impuestos, y lo más delicado para ella es que el sistema no tiene en cuenta las necesidades de todos los usuarios y los funcionarios de seguridad se concentran en verificar el pago, en lugar de proteger la seguridad dentro de las estaciones y los buses.

“Otro factor que alimenta la evasión es lo poco que cuesta que la atrapen”, recalcó Velázquez, dado que “en Bogotá las multas por colarse son difíciles de cobrar y casi siempre quedan en lo simbólico, lo que reduce el riesgo real que asume quien decide no pagar”

El experto agregó que la evasión en Transmilenio “llegó a rondar el 30% de los usuarios en 2022 y hoy se calcula en más del 13% en el componente troncal del sistema, cerca de 384.000 personas al día, con pérdidas anuales que superan los 260.000 millones de pesos”.

Situaciones que llevan a las agresiones: la falta de respaldo de la Policía como factor clave

Desde la psicología, Velázquez planteó que “cuando alguien siente que una situación le quita el control sobre lo que está haciendo, como que le impidan pasar sin pagar, puede reaccionar con violencia como una manera de recuperar esa sensación de poder”.

Para el especialista, también importa cómo se percibe al guarda, al explicar que ”la investigación sobre relaciones de autoridad muestra que se agrede con más frecuencia a quien se percibe sin capacidad real de sancionar”.

“Un guarda desarmado y sin respaldo policial inmediato, como han denunciado los gremios de vigilancia en Bogotá tras la no renovación del convenio entre TransMilenio y la Policía Nacional, encaja justo en ese perfil de autoridad débil frente al cual algunas personas se sienten con más margen para reaccionar con violencia”, puntualizó Velásquez.

No obstante, para la concejal Sánchez hubo un factor determinante que contribuyó a que hubiera terminado de la peor forma el caso de Cristian Garzón.

“Esta muerte se hubiese podido evitar si esa estación hubiese tenido puertas. Es inaudito que se tengan 142 millones de pesos más 76.000 millones de pesos en estrategia de antievasión y no se tenga para poner puertas al interior de las estaciones”, cuestionó la cabildante distrital.

Para Sánchez, “no es posible que hoy las estaciones de Transmilenio sigan sin puerta, y además que estas puertas no funcionen o las que existen no funcionen de manera adecuada”.

Por lo anterior, para la concejal “es una plata que nosotros hemos venido botando casi que a la basura en el Distrito y no ha habido como tal una respuesta directa e inmediata por parte de la administración distrital al respecto”.

Los enfrentamientos entre usuarios y guardas de seguridad: por qué se puede llegar a cometer un crimen

“Estas confrontaciones suelen empezar como una pelea por la dignidad, no por el dinero”, destacó Velásquez, luego de señalar que “un estudio realizado con cámaras corporales de inspectores de pasajes en varios países describe cómo estos episodios funcionan como disputas de estatus, la persona sancionada siente que su honor está en juego frente a los demás pasajeros, y eso hace que una discusión verbal escale con rapidez hacia la agresión física (Friis et al., 2020)”.

Para el académico “tampoco se trata de un fenómeno repartido al azar por todo el sistema” y agregó como otro ejemplo una investigación sobre el metro de Estocolmo encontró que el diez por ciento de las estaciones concentra el cuarenta y tres por ciento de los ataques graves contra el personal (Ceccato y Ali, 2025), “lo que sugiere que hay puntos y momentos de mayor riesgo, más allá del comportamiento individual de cada usuario”, expuso Velásquez.

Sumado a lo anterior, “buena parte de las agresiones nunca llega a denunciarse”, detalla el psicólogo clínico, y agregó que “el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones hacen que muchos incidentes queden por fuera de las cifras oficiales, así que es probable que el problema real sea todavía mayor al que reportan los gremios de seguridad”.

No obstante, y ya en casos extremos como el del crimen de Garzón, “muchas veces se trata de la gota que rebasa el vaso, no de un hecho aislado”, menciona el docente e investigador.

“Las fricciones diarias del transporte, las discusiones, los choques por el cumplimiento de normas, generan un desgaste acumulado que en un momento puntual puede hacer que una discusión que en otro contexto sería menor termine en una agresión extrema”, expuso Velásquez.

Mientras que la concejal Sánchez destacó que “no todas las personas que evaden el pasaje lo hacen pues porque no tengan con qué pagarlo, pero sí hay un porcentaje importante de personas que no pueden ingresar al transporte público, por cuenta de sus actividades económicas, porque no tienen recursos para llegar a su lugar de destino, porque están en búsqueda de empleo, porque efectivamente no hay una posibilidad distinta para poderse movilizar”.

“Detrás de muchos de estos episodios hay, además, historias de vida marcadas. Existe evidencia de que el trauma infantil severo y ciertas alteraciones en la forma en que el cerebro regula las emociones debilitan el freno interno que en otras circunstancias evitaría que una provocación termine en violencia extrema”, mencionó Velásquez.

Pero con esto “no se busca justificar el acto”, aclara el académico, y añadió que “la responsabilidad penal sigue siendo enteramente de quien lo comete, pero ayuda a explicar por qué algunas personas pierden el control con más facilidad que otras frente al mismo tipo de conflicto”.

El investigador detalló que “no pagar el pasaje casi nunca nace de la maldad, sino de una mezcla de percepción de injusticia, costumbre social y bajo riesgo de sanción, ”pero cuando un guarda sin armas ni respaldo inmediato intenta hacer cumplir la norma, se activa en algunas personas un mecanismo de defensa de su autonomía y su dignidad que, sumado a poco autocontrol, estrés acumulado y ausencia de vigilancia en el momento preciso, puede escalar en cuestión de segundos hasta un desenlace que ya no tiene vuelta atrás".

Al final, Velásquez concluyó que “entender esa cadena, y no quedarse solo en la palabra intolerancia, es el primer paso para pensar en soluciones que protejan tanto a los usuarios como a quienes trabajan cuidando el sistema todos los días”.

Las funciones de los guardas anticolados

Por el lado de Sánchez, la concejal cuestionó las funciones que deben realizar los guardas y la forma de contratación que, tal y como lo confirmó Tinjacá, es tercerizada.

“Aquí lo que tiene que hacer el Distrito es hacer que esas personas cumplan las funciones para las cuales fueron contratadas, salvaguardar su vida y no ponerlos a confrontar con personas que también son trabajadoras o que tienen una condición vulnerable, sin decir por supuesto, que hay una cantidad de criminales que consideran que el uso de un arma cortopunzante es la forma de ingresar al transporte público, y eso tiene que ser castigado con todo el peso de la ley”, resaltó la cabildante.

Mientras que Tinjacá precisó que “el trabajo que queremos resaltar del vigilante no solo es que hace una barrera efectiva contra la evasión, y también ha realizado un servicio social de cuidado a los usuarios”.

“El vigilante atiende quebrantos de salud, activa alarmas y alertas para proteger a los usuarios; han atendido casos críticos de ataques cardíacos donde les salva la vida a los usuarios: atiende a las personas que llegan perdidas, bien sea por Alzheimer o que están huyendo de sus hogares y necesitan una ayuda”, destacó la funcionaria.

Para Tinjacá, los guardas cumplen tareas que benefician al sistema, y entre otros ejemplos expuso: “El vigilante también atiende los casos de animales de compañía perdidos en el sistema. Es la vigilancia quien protege a estos animales mientras ellos retornan a sus hogares. Es una labor completa, integral, de estar cuidando y vigilando y tener ojos en el sistema para mayor seguridad”.

Otras soluciones: respaldo a la fuerza pública, cultura ciudadana y refuerzo de infraestructura en TransMilenio

Una de las voces que más ha reaccionado a la compleja situación alrededor de la seguridad de los guardas de seguridad en el sistema de transporte masivo de la capital es el concejal Juan David Quintero.

En diálogo con Infobae Colombia, el cabildante comentó que para encarar esta seria problemática se requiere un trabajo intensivo en varios frentes, que garanticen “la recuperación y el blindaje del sistema circulatorio de Bogotá”.

“Tiene que ser una política integral que incluya reacción, que son los guardas, también prevención, que son las puertas anticolados, y también un escuadrón de reacción rápida que garantice que en caso de que haya una agresión o que haya un robo o que cualquier situación ocurra, rápidamente llegan las autoridades”, dijo.

Quintero no dejó de señalar que el “gran problema” que enfrentan los agentes anticolados —que fueron puestos para reforzar los buenos hábitos de cultura ciudadana— es que “hoy se encuentran solos, porque no está la Policía ni la Fiscalía, ni siquiera Integración Social con el tema de habitantes de calle acompañándolos”.

Otro aspecto que destacó el funcionario tiene que ver con la infraestructura: las puertas cerradas en las estaciones desestimulan las entradas irregulares, protegerían al guardia y evitan riesgos.

“De 148 estaciones que tiene el sistema TransMilenio, el 67% no tiene puertas. No podemos dar una batalla ni contra el crimen ni contra los colados si ni siquiera tenemos puertas. TransMilenio nos ha comunicado que van a dejar 99 estaciones con puertas. En nuestra opinión, eso es insuficiente”.

Agregó que “a los usuarios no nos sirve el 60%, 30% u 80% de estaciones con puertas. Necesitamos el 100%. Por eso, el pedido claro y expreso al alcalde Carlos Fernando Galán es: necesitamos que el cien por ciento de las estaciones de TransMilenio tengan puertas”.