Abelardo de la Espriella reaccionó al fallo del Consejo de Estado sobre sus manifestaciones religiosas: “Mi fe es parte de mis convicciones personales”

El Consejo de Estado rechazó los cuestionamientos contra la participación del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en actos religiosos, al concluir que sus intervenciones no afectaron los derechos a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los deberes de laicidad y neutralidad religiosa del Estado. La decisión examinó una tutela que también planteó reparos sobre recursos públicos utilizados durante un evento en homenaje a víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026.

Tras conocerse el fallo, el líder del movimiento Defensores de la Patria señaló que sus expresiones de fe hacen parte de sus convicciones personales.

“Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional”, afirmó. De la Espriella añadió que Colombia es un Estado laico y que la libertad religiosa y de conciencia debe estar garantizada para toda la ciudadanía, sin discriminación.

Conforme a lo expuesto en la providencia, dijo que durante su ejercicio como mandatario no vulneró las garantías constitucionales invocadas por el accionante.

“El Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado”, expuso en su cuenta de X.

Para finalizar, escribió que: “Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación”.

La tutela cuestionó ceremonias religiosas y recursos para una velatón

La acción fue presentada por Román Camilo Díaz Fernández contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El demandante objetó la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima durante la Gran Velatón por Colombia, que rindió homenaje a las víctimas del sismo.

También cuestionó los $326.407.833 destinados a la producción técnica y artística del evento, financiados mediante el Convenio de Asociación 0958 de 2026 entre la cartera de las Culturas y la Corporación de Desarrollo Social Élite. Esa corporación contrató a 10 Audio S.A.S. para prestar dichos servicios.

Díaz Fernández incluyó en sus reparos las visitas del mandatario a la Sinagoga Bet-El, en Barranquilla, y al Centro Israelita de Bogotá, además del uso de la kipá y de expresiones religiosas en intervenciones públicas, entre ellas “¡Viva Cristo Rey!”.

La Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que las manifestaciones religiosas del presidente están protegidas por las libertades de conciencia, cultos y expresión. Precisó que esa protección opera siempre que tales expresiones no se conviertan en actuaciones oficiales destinadas a imponer una creencia o a favorecerla frente a otras.

Sobre los encuentros con la comunidad judía, la corporación estimó que correspondían a una labor de acompañamiento institucional y a una política de acercamiento diplomático entre Colombia e Israel. Para el tribunal, esas visitas no configuraron un privilegio para una confesión religiosa.

Respecto de expresiones como “¡Viva Cristo Rey!”, el fallo indicó que forman parte de la esfera individual de los servidores públicos como ciudadanos. El límite, señaló, está en que no se utilicen mecanismos coercitivos del Estado para obligar a la población a adoptar creencias.

El Ministerio de las Culturas deberá notificar una respuesta en 48 horas

El expediente también abordó dos derechos de petición. El primero fue presentado ante el Ministerio de las Culturas el 14 de septiembre de 2026 y solicitaba información sobre la participación institucional en la Gran Velatón, los recursos para organizarla y su compatibilidad con la laicidad estatal. El ciudadano pidió, además, medidas como el retiro de publicaciones oficiales vinculadas con la procesión.

La cartera respondió el 30 de septiembre que su intervención no pretendía promover un credo y que se limitó al acompañamiento y al registro informativo de una actividad pública. Asimismo, entregó información sobre los recursos utilizados. Sin embargo, el Consejo de Estado no encontró prueba de que el oficio hubiera sido enviado al correo electrónico indicado por el solicitante.

Por ese motivo, protegió el derecho de petición de Díaz Fernández y ordenó al Ministerio remitir la respuesta en un término de 48 horas desde la notificación de la sentencia.