Más de 100 colombianos fueron víctimas de trata de personas en Camboya. Con falsas ofertas de empleo relacionadas con criptomonedas, una red criminal los trasladaba a Asia, les quitaba sus documentos y los obligaba a cometer fraudes financieros bajo amenazas de muerte, agresiones físicas, descargas eléctricas y jornadas de hasta 18 horas.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y organismos internacionales apunta a una red de trata de personas que habría llevado a decenas de colombianos a Camboya con falsas ofertas laborales para obligarlos a cometer ciberestafas.
Según documentos conocidos por el diario El Tiempo, al menos un centenar de connacionales permaneció retenido en un complejo residencial al sur de Nom Pen.
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Las víctimas habrían sido captadas con promesas de empleo en un call center, salarios de hasta USD 2.000 mensuales (más de seis millones de pesos colombianos), alojamiento y trámites migratorios cubiertos.
El supuesto cabecilla fue identificado por víctimas como el “señor Gin”
El expediente menciona a un hombre al que varias víctimas identificaron como el “señor Gin”, presunto jefe de la estructura. Su nombre aparece en contratos de confidencialidad que los reclutados debían firmar antes de viajar.
En esos documentos se hacía referencia también a BitCloud, una compañía cuya eventual relación con la red está bajo verificación, destaca el mismo medio.
Los viajeros debían grabar videos con su pasaporte en la mano para afirmar que su desplazamiento a Asia era voluntario.
La ruta ofrecida comenzaba en Bogotá y contemplaba escalas en Cartagena, Ámsterdam y Bangkok antes de llegar a Nom Pen.

Una vez en Camboya, de acuerdo con los testimonios reunidos, hombres armados les quitaban los documentos de identidad y les exigían cumplir metas semanales de llamadas para tener acceso a comida y alojamiento.
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Las víctimas relataron que los integrantes de la red les informaban que debían pagar cerca de $30 millones, supuestamente por el costo del viaje, si querían recuperar su libertad (poco más de cuatro salarios de los que les prometían).
Los colombianos eran obligados a simular trámites de la Registraduría
De acuerdo con el expediente, los reclutados recibían una capacitación llamada “Mastereo”. Con ella, presuntamente debían hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil para ofrecer a ciudadanos de distintos países la entrega de la cédula digital.
La estrategia buscaba que las personas instalaran aplicaciones maliciosas en sus teléfonos. Con ese acceso, la organización podía tomar control remoto de los dispositivos y extraer dinero de cuentas bancarias, según los investigadores citados por el medio.
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“Los hacían trabajar 12 horas diarias”, indicó uno de los investigadores consultados. A su vez, quienes no alcanzaban los objetivos establecidos por la red habrían enfrentado castigos físicos, amenazas y reducción de los pagos prometidos.

Una de las mujeres reclutadas logró contactar a la Policía de España durante una llamada y denunció que estaba retenida junto a otros 99 colombianos.
La investigación busca establecer cómo la organización conoció la posibilidad de un operativo internacional antes de que este se llevara a cabo.
Capturaron a tres presuntos integrantes y emitieron cinco circulares de Interpol
En agosto de 2026, la Dijín, la Fiscalía, Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizaron tres capturas y emitieron cinco notificaciones de Interpol contra personas señaladas de participar en la red.
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Las autoridades investigan a presuntos coordinadores financieros e internacionales que, según el expediente, estarían ubicados en Zamora y Castellón, España.
La estructura también contaba con reclutadores en Colombia que buscaban personas de entre 25 y 35 años, en especial con dificultades económicas.
Los captadores ofrecían empleos, gestionaban citas para pasaportes y entregaban instrucciones sobre qué responder ante las autoridades migratorias para reducir las alertas durante el viaje.
Durante las pesquisas, las autoridades hallaron alrededor de 100 videos de colombianos que aparecían con sus pasaportes y confirmaban la firma de acuerdos de confidencialidad con una persona identificada como “el señor Cristian”.
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En las grabaciones se comprometían a cumplir tareas antes de viajar a Camboya.
El caso continúa bajo investigación para identificar a los responsables de la red, reconstruir la ruta del dinero y determinar el número total de víctimas que pudo haber sido trasladado a Asia bajo estas ofertas laborales, que en apariencia se ven atractivas, pero pueden terminar siendo la entrada a un infierno en vida.
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