Viviane Morales destapó el balance de los $170 billones que se han invertido en el Acuerdo de Paz: menos pobreza, pero más control criminal

El Estado colombiano habría invertido cerca de $170 billones durante la última década en la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP 2016, según reveló la consejera comisionada de paz, Viviane Morales, al presentar el balance presupuestal y de seguridad del pacto en el Congreso de la República.

La funcionaria, quien regresó al gabinete del presidente Abelardo de la Espriella tras su paso por el Ministerio de Educación, intervino en un debate de control político donde expuso que el gasto fiscal ejecutado no ha logrado frenar la violencia ni desmontar el control de los grupos armados en las regiones más vulnerables.

Durante su exposición en el Capitolio Nacional, Morales precisó el destino de los recursos oficiales: “El país debe saber que en estos 10 años se han invertido $170 billones para la implementación del acuerdo”.

La millonaria inversión en los territorios Pdet y los resultados que cuestiona el Gobierno

“$170 billones, de los cuales han sido dirigidos a los distintos programas, a los mecanismos del sistema de justicia transicional y a los territorios Pdet, en donde se han invertido más de $40 billones para dar cumplimiento a 35.000 iniciativas”.

A partir de estas cifras, la alta consejera cuestionó la efectividad práctica de las inversiones territoriales al señalar que “un acuerdo de paz tiene sentido si trae paz al país. Un proceso de paz se mide por sus resultados en la protección de la población”.

Morales explicó que las evaluaciones oficiales muestran una contradicción social en las zonas focalizadas: “La paradoja de la inversión en los territorios Pdet es que, ciertamente, ha disminuido la pobreza a un ritmo mayor que la disminución de la pobreza en territorios no Pdet. Aquí ha disminuido en un 12%, mientras que en las demás regiones ha disminuido un 7%”.

Sin embargo, en el debut de Viviane Morales en este cargo, ella enfatizó que ese indicador económico aislado no representa una solución de fondo frente a los cuatro criterios técnicos fijados para intervenir esas zonas, consistentes en pobreza, afectación del conflicto, debilidad institucional y economías ilegales.

Sobre este desbalance estructural, la funcionaria sostuvo ante los legisladores: “Solo el primer punto, disminución de la pobreza, ha tenido un resultado después de la gigantesca inversión de ciento setenta billones de pesos”.

“La disminución de la pobreza no se puede interpretar como una superación de las condiciones que justificaron la intervención estatal. Los territorios continúan afectados por la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos y la presencia de las organizaciones armadas”, señaló en el recinto legislativo.

La delegada gubernamental advirtió además sobre los riesgos constitucionales de esta situación para los habitantes de las áreas rurales: “Los avances sociales, si los miramos dentro del principio de progresividad de la Corte Constitucional, permanecen expuestos a riesgos que pueden limitar su sostenibilidad y afectar el ejercicio efectivo de los derechos de las comunidades”.

Menos pobreza, pero más amenazas para las comunidades: el desafío de la implementación

En su balance de orden público, Morales afirmó que “disminuye la pobreza, pero no aumenta el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades ni de las poblaciones, sometidas a los señores de la guerra, sometidas a las gobernanzas criminales, sometidas a los enclaves criminales, que les imponen confinamiento, desplazamiento y reclutamiento de menores”.

La consejera comisionada criticó la gestión del anterior gobierno, manifestando que “las cifras confirman que esas condiciones no solo persisten, sino que con la mal llamada política de ‘Paz Total’, se agravaron”, refiriéndose al aumento en las hectáreas de hoja de coca registradas en el territorio nacional.

Pese a sus observaciones sobre los resultados en terreno, Morales ratificó que la actual administración mantendrá la ejecución del acuerdo suscrito en 2016 como una política de Estado obligatoria para las instituciones.

La implementación integral del texto de paz cuenta con respaldo vinculante en el Acto Legislativo 02 de 2017 y en sentencias de la Corte Constitucional, fallos que ordenan a los gobiernos —el que sea de turno— cumplir de buena fe lo acordado en un horizonte mínimo de 15 años.

Este marco legal compromete los presupuestos públicos en los 6 ejes acordados, que incluyen la Reforma Rural Integral con la titulación masiva de tierras, la representación de las curules de víctimas en el Congreso y las garantías de seguridad para los firmantes de paz.

Asimismo, contempla la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la financiación operativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el funcionamiento de los mecanismos de verificación internacional, compromisos que los organismos de control judicial impiden suspender de manera unilateral.