Proponen crear un bloque de búsqueda contra el microtráfico cerca de los colegios: “Alrededor de nuestros niños no puede haber jíbaros”

El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley para crear un bloque de búsqueda especializado contra el tráfico de drogas alrededor de colegios, parques infantiles y escenarios deportivos en todo el territorio nacional.

La iniciativa legislativa busca articular las capacidades operativas del Gobierno nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las administraciones locales para intervenir los perímetros urbanos donde las redes criminales comercializan estupefacientes e instrumentalizan a la población infantil.

El articulado presentado formalmente en la secretaría de la corporación establece un perímetro de protección reforzada de 300 metros alrededor de instituciones educativas y áreas de recreación, distancia que podrá ampliarse hasta 500 metros en sectores donde se identifiquen condiciones de riesgo especial.

Sobre los objetivos de la propuesta, el congresista Simón Molina explicó las razones para intervenir estos espacios públicos, por lo que dijo a la prensa que asistió a la presentación del proyecto: “No podemos seguir permitiendo que se dé el tráfico y la venta de drogas alrededor de los colegios, de los parques, de los escenarios deportivos”.

El legislador del movimiento Creemos advirtió además sobre el impacto directo que sufren los estudiantes en estos entornos comunitarios, al señalar que “alrededor de nuestros niños no puede haber jíbaros”, al tiempo que argumentó que los expendedores aprovechan la cercanía a las aulas de clase para inducir al consumo a menores de edad.

El proyecto de ley define que las áreas priorizadas recibirán la denominación de ‘Zonas Cero Tráfico’, las cuales contarán con señalización visible, cartografía pública de acceso ciudadano y canales de reporte confidencial para facilitar que las familias y los vecinos denuncien actividades delictivas sin poner en peligro su integridad física.

En su formulación metodológica, la propuesta contempla una fase inicial de diagnóstico integral a cargo de los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía y las agencias de inteligencia, con el fin de levantar un censo detallado de los planteles educativos y parques que presentan los índices más críticos de comercialización de drogas.

Conforme a la estructura del articulado, la coordinación general de este grupo especial estará en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, cartera que articulará los operativos en terreno con la fuerza disponible de la Policía y los delegados de las alcaldías distritales y municipales del país.

Policía, Fiscalía e Icbf trabajarían juntos contra las redes de microtráfico

Molina precisó a través de su cuenta de X que la creación de este bloque no representará una carga fiscal para el tesoro público ni la apertura de nueva burocracia institucional, ya que se fundamenta en la optimización de los recursos y el personal ya existente en las entidades del Estado.

El representante a la Cámara detalló que el marco legal “obliga a Policía, Fiscalía, Icbf, Salud, Educación y alcaldías a trabajar juntas, con seguimiento permanente después de cada operativo y metas medibles”, al garantizar una respuesta integral que trascienda la acción punitiva de las capturas.

Bajo este modelo interinstitucional, las dependencias de bienestar familiar y salud pública intervendrán de manera paralela a los allanamientos policiales para brindar acompañamiento psicosocial a los jóvenes afectados por las redes de microtráfico y restablecer los derechos de los menores vulnerados.

Asimismo, las secretarías de educación en los entes territoriales deberán implementar programas preventivos al interior de las aulas escolares mientras las unidades de policía judicial mantienen la vigilancia perimetral para evitar la reaparición de los puntos de venta intervenidos.

La radicación de esta propuesta legislativa se suma a los debates sobre seguridad ciudadana que cursan en las comisiones constitucionales del Capitolio Nacional, donde diversos sectores reclaman medidas urgentes para recuperar los espacios recreativos y comunitarios tomados por estructuras criminales de microtráfico.

El proyecto iniciará su trámite formal en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, célula legislativa que deberá designar a los ponentes encargados de estructurar el informe para el primero de los cuatro debates reglamentarios que exige su eventual aprobación como ley de la República.