
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el ajuste fiscal que debe llevar adelante el gobierno de Abelardo de la Espriella, con recortes de $13,8 billones y la radicación ante el Congreso de la República del proyecto de ley de rescate económico, o reforma tributaria. La iniciativa busca mejorar los ingresos del 68% de los colombianos e impulsar la inversión privada.
El 11 de noviembre de 2026, durante la Asamblea General de Anif, el funcionario fue categórico: “No hay opción distinta al ajuste fiscal”.
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Gómez Martínez atribuyó la situación fiscal a la administración de Gustavo Petro, a la que acusó de “dejar un gasto desbordado y de desconocer normas y límites sobre el endeudamiento y el control presupuestario”. Además, sostuvo que la dimensión del deterioro solo se conoció plenamente cuando el nuevo Gobierno llegó al Ministerio de Hacienda.
“Este no es un tiempo normal”, expresó.
El ministro planteó que Colombia debe elegir cómo afrontar la corrección de sus cuentas, aunque descartó que pueda evitarla. “Podemos escoger si lo hacemos de manera planificada o dejamos que el mercado nos atropelle y nos ponga delante de esa realidad. No hay opción distinta al ajuste fiscal”, afirmó.
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Además, cuestionó un modelo de crecimiento apoyado en el gasto estatal mientras la inversión privada permanece rezagada. “Lo que queremos es que nuevamente sea la inversión la que impulse el crecimiento y no el gasto del gobierno”, señaló.
Alcances de la ley de rescate económico
La ley de rescate económico propone elevar el ingreso de las personas de menores recursos, crear condiciones para la inversión privada y ordenar las finanzas públicas. El ministro sostuvo que las elevadas necesidades de financiación del Estado absorben recursos que podrían destinarse a proyectos productivos y a la generación de empleo.
La iniciativa articula seis frentes de acción: la reducción del tamaño del Estado; EfectIVA, con la focalización de las devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA), y ajustes a otras fuentes de ingresos; medidas para el crecimiento; e incentivos para atraer capitales e inversión extranjera. También contempla el fortalecimiento de las instituciones fiscales, acciones de la administración tributaria contra el contrabando y la evasión, y un refuerzo transversal de la financiación de la salud.
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Sobre esto, el ministro anotó que “la ley busca frenar el aumento del peso de la deuda y resguardar el ingreso de los hogares más vulnerables”. A la vez, afirmó que “pretende recuperar un entorno más favorable para la actividad empresarial y los nuevos proyectos productivos”.

Riesgo de la deuda y ajuste del gasto
Recordó que el Gobierno ya recortó $13,8 billones del gasto y prevé una corrección adicional antes de que concluya 2026. Explicó que esa reducción debe ir acompañada de una revisión de los resultados de las entidades y programas que reciben recursos públicos.
De igual manera, cuestionó la dispersión del presupuesto en cientos de partidas y transferencias cuyos resultados no reciben una evaluación suficiente. Insistió en que la ley de rescate económico prevé mecanismos para medir la eficiencia del gasto y modificar la asignación de recursos cuando no cumplan el objetivo para el que fueron destinados.
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Comparó el endeudamiento estatal con un iceberg, pues una parte considerable del problema permanece fuera de la vista. Según explicó, “los restaurantes llenos, los conciertos y las ventas de vehículos pueden hacer que la presión de la deuda pública pase inadvertida en la vida cotidiana, pese a sus efectos sobre el conjunto de la economía”.

En su intervención, el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, José Ignacio López, advirtió que Colombia está a las puertas de una crisis fiscal, aunque el riesgo no resulte perceptible para buena parte de la población. “De mantenerse la trayectoria actual, el servicio de la deuda podría absorber cerca del 45% de los ingresos de la Nación al final de esta década, con menos recursos disponibles para atender las necesidades de los colombianos”, alertó.
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Magnitud del deterioro fiscal
De igual forma, el ministro señaló que la magnitud del deterioro fiscal exige decisiones oportunas del Congreso. A su juicio, “la aprobación de la ley daría al país herramientas para contener la carga de la deuda, proteger los ingresos de los hogares con menos recursos y apuntalar el crecimiento mediante la inversión”.
Miguel Gómez Martínez también se refirió a la misión técnica que el Fondo Monetario Internacional realiza esa semana en Colombia. Precisó que las conversaciones se mantienen bajo el Artículo IV, la revisión anual de las cifras económicas del país, y que no incluyen una discusión sobre montos ni sobre posibles programas. La presencia de la delegación del organismo se limita, así, a la evaluación periódica de la economía colombiana.
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