
Anif respaldó la Ley de Rescate, pero pidió al Congreso reducir más el gasto público y revisar varios impuestos incluidos en la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El Centro de Estudios Económicos sostuvo que el ajuste fiscal es necesario, aunque planteó que debe recaer en menor medida sobre hogares y empresas para proteger el empleo y la inversión.
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Anif consideró que el proyecto propone un ajuste cercano a 4,7% del producto interno bruto (PIB) hacia 2030, una magnitud que calificó como acorde con la situación de las finanzas públicas colombianas.
Según la entidad, si el país no adopta medidas de ajuste, el déficit del Gobierno nacional Central podría superar el 9% del PIB en 2027. Además, la deuda pública rebasaría el 70% del PIB desde 2029.
Anif advirtió que, bajo ese escenario, los pagos por intereses de la deuda, pensiones y transferencias a las regiones podrían ser superiores a los ingresos tributarios. Esto obligaría a la Nación a buscar nuevos créditos incluso para cubrir gastos habituales, como nómina, salud, educación, seguridad y programas sociales.
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La principal observación de Anif se concentra en la forma en que se distribuye el esfuerzo fiscal. De acuerdo con sus cálculos, el 35% del ajuste provendría de recortes de gasto, mientras que el 54% saldría de mayores pagos de familias y empresas.
Para el centro de estudios, esa proporción puede encontrar resistencia entre los contribuyentes, en un contexto de desconfianza por casos de corrupción y cuestionamientos al uso de los recursos públicos.
La entidad propuso que el Estado asuma una parte mayor del ajuste mediante la reducción de gastos permanentes. La idea es disminuir la necesidad de crear o aumentar impuestos que puedan afectar el consumo, la producción o la contratación formal.
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El aumento del IVA puede trasladarse a los costos de las empresas

Uno de los puntos que Anif pidió revisar es el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El proyecto contempla EfectIVA, un mecanismo para devolver parte del impuesto a los hogares de menores ingresos.
Sin embargo, la entidad señaló que esa devolución no resolvería por completo el efecto sobre los precios. Según sus estimaciones, el 62% de los bienes y servicios que tendrían una mayor carga tributaria corresponde a insumos usados por las empresas.
En términos sencillos, se trata de productos y servicios que no compra directamente el consumidor final, pero que se necesitan para producir alimentos, prestar servicios o fabricar otros bienes. Si esos insumos se encarecen, las empresas pueden trasladar una parte del aumento a los precios que pagan los clientes.
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Anif mencionó posibles impactos en sectores como alojamiento y comidas, agricultura y ganadería. Por eso, pidió que el Congreso evalúe el efecto de los cambios antes de aprobarlos y revise si EfectIVA puede compensar de manera efectiva a los hogares con menores ingresos.
La propuesta de la Ley de Rescate también modifica las deducciones que pueden hacer las empresas por los aportes parafiscales de sus trabajadores. Anif cuestionó esa medida porque, según sus cálculos, elevaría el costo de contratar empleados formales.
Una compañía tendría un costo adicional de $ 315.000 mensuales por un trabajador que gane tres salarios mínimos. El sobrecosto llegaría a $ 950.000 al mes para quienes reciban cuatro salarios mínimos.
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Anif sostuvo que el cambio puede desincentivar la contratación, sobre todo en puestos de trabajo calificados. La entidad señaló que muchas empresas enfrentan decisiones entre aumentar su planta de personal o invertir en automatización.
Como alternativa, propuso aplazar la reducción de la tarifa de renta corporativa que plantea el Gobierno. Con esa decisión, según Anif, se podrían mantener los beneficios vinculados a la nómina sin afectar de forma importante las metas fiscales.
Anif planteó recortes de cargos, venta de ISA y cambios a subsidios
Para reemplazar los ingresos que podrían dejar de recibirse si se modifican algunos impuestos, Anif propuso ampliar las medidas de ahorro estatal.
Una de sus recomendaciones consiste en reducir al menos el 10% de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los organismos de control. También planteó revisar los subsidios públicos para concentrarlos en los hogares de menores ingresos.
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La entidad sugirió crear un impuesto para las pensiones altas y limitar las deducciones que hacen las empresas por pagos en efectivo. A esto sumó un desmonte gradual del subsidio al Acpm, combustible usado principalmente por vehículos de carga y transporte.
Entre las opciones para obtener recursos, Anif propuso estudiar la venta de activos estatales, incluida la participación pública en ISA. La entidad aclaró que esa operación no reemplaza los ingresos permanentes que necesita el Estado, aunque puede reducir la necesidad de endeudamiento y bajar el pago de intereses en los próximos años.
El centro de pensamiento también apoyó el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), incluido en el proyecto oficial. Este mecanismo ofrecería una tarifa reducida de impuesto de renta y estabilidad tributaria durante 16 años para nuevas inversiones de gran escala.
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Según Anif, la medida puede mejorar la posición de Colombia frente a otros países que compiten por capital privado, como Argentina y Chile. La entidad señaló que el país tiene una de las tarifas de renta corporativa más altas y que el Ruge puede contribuir a atraer proyectos empresariales.
El llamado final de la asociación fue que el Gobierno y el Congreso acuerden un texto que preserve el tamaño del ajuste fiscal. La entidad pidió que, si los legisladores eliminan, aplazan o modifican una fuente de recaudo, presenten una alternativa que compense esos recursos.
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