Grandes inversiones en Colombia podrían tener nuevas reglas para los próximos 30 años: esta es la propuesta del Partido Conservador y los gremios

El Consejo Gremial Nacional y el Partido Conservador radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear un Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones que blindaría durante hasta 30 años las reglas tributarias, aduaneras y regulatorias determinantes para grandes proyectos productivos en Colombia. Si esas reglas cambian, el inversionista podría solicitar el restablecimiento de las condiciones originales o una reparación por los perjuicios ocasionados.

La iniciativa llega en un contexto de retroceso de la inversión extranjera directa. Según las cifras presentadas por sus impulsores, los recursos pasaron de USD 7.182 millones en 2022 a USD11.469 millones en 2025, una reducción que los textos de los promotores sitúan entre el 33% y el 33,2%. Además, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, señaló que en el primer semestre de 2026 se habría registrado una caída adicional del 12%.

Gutiérrez vinculó la propuesta con la necesidad de dar previsibilidad a las decisiones empresariales de largo plazo. “Colombia ha perdido inversión porque no ofrece reglas estables. Este proyecto garantiza que las reglas con las que se decide una gran inversión se respeten durante 30 años. Estabilidad no es inmovilidad: el Estado sigue regulando, pero respeta las reglas con las que se decidió invertir”, afirmó.

Cómo funcionaría la estabilidad para grandes inversiones

El régimen obligaría a precisar, al momento de admitir un proyecto, cuáles disposiciones tributarias, aduaneras y regulatorias fueron determinantes para que el inversionista comprometiera los recursos. Esas condiciones quedarían bajo protección durante las tres décadas previstas por la iniciativa. Si alguna de las reglas amparadas cambia, el inversionista podría solicitar que se restablezcan las condiciones reconocidas o pedir una reparación por los daños ocasionados.

Dicha iniciativa también contempla protección frente a expropiaciones sin indemnización y un mecanismo de arbitraje internacional que sus promotores describen como acotado.

Podrían acceder inversiones productivas de cualquier sector, tanto nuevos emprendimientos como ampliaciones de los existentes, siempre que superen 300.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese umbral equivale en 2026 a cerca de $525.000 millones, según el cálculo incluido en la propuesta.

Los proyectos tendrían hasta ocho años para ejecutar la inversión comprometida y podrían solicitar una prórroga de hasta cuatro años adicionales. El acceso al régimen no tendría costo, de acuerdo con el anuncio de los promotores.

Requisitos, plazos y trámite ante el Ministerio de Comercio

Las solicitudes se tramitarían mediante una ventanilla única en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La cartera tendría 60 días hábiles para responder y, si se cumplen los requisitos sin que exista una decisión dentro de ese plazo, operaría el silencio administrativo positivo. La propuesta también prevé un registro público de los proyectos admitidos y la presentación de un informe anual al Congreso de la República. Estos instrumentos buscarían hacer seguimiento a las inversiones acogidas al régimen y a las condiciones reconocidas para cada caso.

El mecanismo no congelaría la legislación ni garantizaría rentabilidades a las empresas, según los textos divulgados por sus promotores. Tampoco sustituiría las licencias, autorizaciones o permisos exigidos para poner en marcha los proyectos.

Las normas laborales, ambientales, sanitarias, de salud y de orden público quedarían fuera de la estabilidad especial. Además, el inversionista perdería el beneficio si incurre en fraude o corrupción, o si incumple la ejecución de la inversión en los términos comprometidos.

Los argumentos de gremios y conservadores para atraer capital

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, defendió el proyecto como una respuesta a la incertidumbre que, a su juicio, afectó la llegada de capital privado. “La seguridad jurídica que terminó en el gobierno anterior en el 2022. Entonces darles garantías, quitar esa incertidumbre que existió y lo que queremos es que venga un sector privado a generar empleos de calidad, a generar recursos para el fisco”, declaró.

Cepeda citó como referencia el caso de Argentina, donde, según indicó, se registraron diez macroinversiones por USD25.000 millones en 2025. El dirigente conservador sostuvo que Colombia necesita ofrecer condiciones que le permitan competir por inversiones de largo plazo en la región.

Gutiérrez señaló en X que la inversión en Colombia pasó de representar el 21,4% del producto interno bruto (PIB) en 2019 al 16,7% en 2025. Según sus cálculos, esa diferencia equivale a cerca de $87 billones anuales de inversión no recuperada y a un recaudo potencial cercano a $13 billones al año.

La presidenta del Consejo Gremial mencionó los convenios de estabilidad jurídica de Perú y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de Argentina (Rigi) como experiencias regionales. Los promotores sostienen que el nuevo régimen complementaría al Régimen Unificado de Garantías e Incentivos (Ruge) de la Ley de Rescate Fiscal: mientras este busca reducir cargas tributarias, la iniciativa radicada se concentraría en proteger las reglas que sustentaron la decisión de invertir.

La discusión coincide con el debate sobre la Ley de Rescate Económico y el presupuesto de regalías para 2027-2028, aunque se trata de propuestas distintas. El proyecto de estabilidad apenas comienza su recorrido en el Congreso, donde deberá superar el trámite legislativo antes de convertirse en norma vigente.